En
nuestro país no somos todos iguales a la hora de hablar de libertad y
democracia sindical. Hace años que la Central de Trabajadores de la Argentinos viene
reclamando su personería gremial sin recibir una respuesta satisfactoria de
parte del gobierno nacional. Esa desatención a los derechos de los trabajadores
ha merecido señalamientos y fuerte observaciones de parte de organismos
internacionales.
El
tiempo pasa y, aunque la lucha de los trabajadores no cesa, el gobierno
continúa en su resistencia a otorgar la personería gremial que la CTA reclama hace años. Han
sido variadas las estrategias dilatorias a las que ha echado mano el gobierno.
Mientras eso continúa muchos trabajadores argentinos sienten que a la
explotación que sufren se le suma la falta de libertad sindical, lo que implica
una clara desigualdad para defender sus derechos.
Por
estos días visita el país una Misión Técnica de la Organización
Internacional del Trabajo integrada por Cleopatra Dumpia,
Horacio Guido y Alberto Odero. Han venido por el pedido de asistencia técnica
realizado por este gobierno que dice querer estudiar cómo solucionar el
problema de la falta de libertad y democracia sindical. Nadie sabe si se trata
de una nueva estrategia dilatoria.
El
panorama en relación a las organizaciones que no logran su personería gremial,
según cifras oficiales publicadas en febrero de 2009, esta dado por la
existencia de 1.527 sindicatos con personería gremial; 1.491 con simple
inscripción gremial y 937 organizaciones en trámite de inscripción gremial. A
esas cifras habría que sumarle todas las presentaciones realizadas desde
aquella fecha.
Según
el esquema existente, los derechos sindicales terminan sujetos esencialmente a
decisiones políticas. Por ahora quienes deciden han optado por no prestar
atención a que esos fríos números no sólo se traducen en las dificultades que
enfrentan las organizaciones a las que se les niega, o demora indefinidamente,
la personería gremial. Esos números también nos llevan hasta el drama cotidiano
que viven los trabajadores que sufren persecución, intimidaciones, despidos o
directamente el desconocimiento de su calidad de trabajadores o de
representantes legítimos del grupo de compañeros que se nuclean en nuevas
organizaciones gremiales. Existen innumerables casos que ejemplifican esta
falta de libertad para la práctica sindical. En nuestra provincia de Córdoba
podemos mencionar las prácticas de Telecom, los centro de llamadas
(call-center), el frigorífico Logros S A en Río Segundo, Italservice S.
A., así como lo que pasa en muchos comercios. Pero si miramos más allá de
Córdoba vemos muchísimos casos más, como el de los trabajadores de
subterráneos, mineros, fileteros, empleados de comercio, motoqueros,
chóferes de micro de larga distancia y un largo etcétera que nos muestra
la gran cantidad de trabajadores que sufren, a diario, el peso de la
desigualdad.
En
marzo de este año el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas produjo
sus observaciones al informe periódico presentado por Argentina en relación a
la aplicación del Pacto internacional en nuestro país. En el punto 22 de ese
informe el Comité plantea su preocupación por el no otorgamiento de la
personería gremial a la CTA
y señala: “EL Estado Parte debe tomar medidas encaminadas a garantizar la
aplicación en el país de los estándares internacionales en materia de libertad
sindical, incluido el artículo 22 del Pacto, y evitar toda discriminación en la
materia”.
Si
pensamos el problema en término de la construcción de una sociedad democrática,
resulta imprescindible que ningún trabajador tenga las manos atadas para
defender lo suyo, de otra manera se les está negando el derecho a tener
derechos puertas adentro de sus lugares de trabajo. Lo que se pide es básico,
libertad y democracia sindical, no debieran existir motivos para persistir en
la negación o la interminable demora.
Jesús Chirino
Sec. DDHH – CTA Villa María
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