¿Permiso para difundir derechos ciudadanos?

Militante de la VACAP, organización de vecinos que se encuentra adherida a la CTA y realiza actividades solicitando se termine con los excesos policiales, esta tarde al estar repartiendo folletos en los que se encuentran impresos los derechos que asisten a los ciudadanos en circunstancias de ser abordados por alguien de las denominadas "fuerzas del orden", fueron interpelados de muy mala manera por agentes de Seguridad Ciudadana, dependencia del municipio local.

Lo sintegrantes de la VACAP fueron increpados de muy mala manera señalándoseles que debía contar con permiso del Poder Ejecutivo local para realizar esa actividad. que desarrollaban en la inemdiaciones del denominado Paseo de los Artesanos en la costanera de la ciudad.

Sería novedoso, y peligroso, que para informar de los derechos que nos asisten en democracia tengamos que recibir permisos de funcionario alguno. Desde la CTA se considera que lo sucedido, que ya ha pasado otras veces, es un desborde de quienes actuaron en la oportunidad. Por ello realizará las presentación de la situación, con las quejas correspondientes, ante las autoridades municipales. A las 17,45 Hs. de la tarde los militantes de la organización se retiraron del lugar, luego de recibir la amenaza de que si no lo hacían podían llamar la policia para hacerlos detener. Un asituación intolerable en tiempos en que rige el Estado de Derecho y la democracia. Todos se fueron con la seguridad de haber recibido una situación más mediante la cual se les trata de intimidar. El militante político Reyes Martínez no sacercó esta opinión sobre el hecho: 27/07/09

"No tengo motivos para dudar de veracidad de la denuncia de los compañeros de la VACAP, aunque en una primera impresión nos resulte inadmisible que ocurran estos hechos en Villa María y nada menos por quienes debieran garantizar el ejercicio pleno de las libertades democráticas y el derecho a la libre expresión de las opiniones.

Cabría formular una denuncia penal por este atropello, que vulnera no solo principios claramente establecidos en nuestra Constitución Nacional, en la Provincial y en nuestra Carta Orgánica Municipal, sino también y fundamentalmente los derechos humanos que hemos conquistado todos los ciudadanos derrotando a la dictadura más feroz y sanguinaria, como conquista civilizadas que jamás permitiremos que las vuelvan a concular y ni siquiera restringir".-

Para que el pueblo no pague la crisis del capitalismo

Jornada Nacional de Movilización el 7 de agosto

La Central de Trabajadores de la Argentina realizará el 7 de agosto una marcha hacia el Ministerio de Trabajo de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las delegaciones de la cartera laboral en todas las capitales de provincia, en respaldo a su reclamo de políticas públicas universales para que la crisis del capitalismo no la pague el pueblo.

La Mesa Nacional de la Central de Trabajadores de la Argentina dispuso una jornada de movilización de alcance nacional para el próximo 7 de agosto, en lo que significa la continuidad del plan de acción votado por unanimidad por el Noveno Congreso Nacional de Delegados que deliberó en el teatro Margarita Xirgu de la Capital Federal el 30 y 31 de marzo.

El 7 de agosto, miles de compañeros y compañeras de todo el país se movilizarán frente al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires y frente a las agencias territoriales de la repartición laboral en las capitales de provincia para reclamar una justa redistribución de la riqueza y la efectiva vigencia de libertad y democracia sindical.

Por otro lado, la conducción nacional de la CTA se declaró en estado de sesión permanente y decidió ratificar, ante la próxima convocatoria al Consejo del Salario, la Producción y el Empleo, su posición histórica en demanda de un Salario Mínimo, Vital y Móvil acorde con las necesidades de los trabajadores y al valor de la Canasta Básica. Además, dispuso mantener reuniones cada treinta días para monitorear el estado de situación y diseñar las acciones conducentes a enfrentar el impacto de la crisis.

La Jornada Nacional de Movilización del 7 de agosto frente a las sedes del Ministerio de Trabajo de la Nación en todo el país, se llevará a cabo en proximidades de la celebración del Día del Niño, oportunidad propicia para que la CTA haga explícito su rechazo al proyecto de ley de baja de edad para la imputabilidad de los menores que ya fuera sancionada en general en el Senado de la Nación. A los pibes hay que protegerlos y no protegerse de ellos que, en todo caso, son las víctimas de un sistema injusto y violento.

Lo que se pide

El conjunto de medidas acordadas en la última reunión de la Mesa Nacional de la CTA que deliberó el 17 de julio en la sede del Hotel 27 de Junio de ATE en Parque Lezama de la Capital Federal, representa la continuidad del plan de acción que se iniciara el 22 de abril con una Jornada Nacional con paros y movilizaciones en todo el país y que continuara con el Paro Nacional del pasado 27 de mayo.

Los trabajadores no estamos dispuestos a aceptar de brazos cruzados la destrucción de puestos de trabajo, congelamiento y reducción de salarios, ajuste de tarifas en los servicios públicos y las presiones patronales para devaluar el peso y preservar sus privilegios.

Los tarifazos en la energía, el agua, el transporte y el gas estrangulan el poder de compra de los trabajadores. Este cuadro de situación, agravado por el contexto de crisis global del capitalismo, es el combustible que alimenta el conflicto social que crece y se propaga inflamado por la desigualdad que impera en la Argentina.

La apelación al diálogo social debe formularse para avanzar en el diseño de políticas públicas de alcance universal que erradiquen el hambre y la exclusión en nuestro país. La pobreza, la desigualdad, la concentración y extranjerización de la riqueza, la devastación de nuestros recursos naturales, la redistribución del ingreso, constituyen temas insoslayables para encauzar cualquier diálogo colectivo serio y productivo entre los actores del quehacer nacional.

La CTA viene reclamando una Ley de Emergencia Ocupacional que prohíba los despidos por 180 días, defendiendo los puestos de trabajo, los salarios y los derechos de los trabajadores; discusiones paritarias libres para sostener el nivel adquisitivo de los salarios y convocatoria inmediata al Consejo del Salario; universalización de la Asignación por Hijo y reformulación del Seguro de Empleo y Formación para que alcance a todos los jefes y jefas de hogar desocupados y un aumento de emergencia para jubilados y pensionados hasta llegar al 82% móvil.

Plantea también profundizar el proceso de nacionalizaciones, empezando por el sector energético; sancionar una nueva Ley de Entidades Financieras, con una regulación que tenga en cuenta los intereses sociales y el desarrollo del país, fomentando el crédito productivo e iniciar una Reforma Impositiva que modifique la regresión del actual sistema, comenzando por el inmediato rediseño del impuesto a las ganancias, eliminando las actuales exenciones a las rentas financieras, las operaciones de bolsa y a las ganancias de capital.

La Central pide además sancionar leyes que resguarden el medio ambiente contra la explotación indiscriminada de los recursos naturales, poniendo fin a la acción depredatoria de la explotación minera y la expansión de la frontera agrícola sobre bosques y humedales y obrar en consecuencia con la OIT y el fallo de la Suprema Corte de Justicia y otorgar la Personería gremial a la CTA.

El próximo viernes 7 de agosto, pues, las trabajadoras y trabajadores de la Central, junto a otras organizaciones populares, una vez más ganarán las calles de todo el país para hacer sentir su voz para que impere la justicia social. Portagonizando la protesta y el conflicto social y aportando al debate nacional una batería de propuestas tendientes a modificar de raíz la injusta matriz de distribución del ingreso en la Argentina. Hoy, más que nunca, la CTA reivindica con orgullo su autonomía del Estado, los partidos políticos y las patronales.

Imagen de archivo. Fuente: ACTA Agencia de Noticias de la CTA

La única verdad es la realidad, y la realidad es que el salario no alcanza

Asambleas en la Casa Municipal y la Universidad Popular de Villa María

En la asamblea realizada en la Casa Municipal de la esquina Sobral y Mendoza, con un gran número de presentes, los trabajadores del Estado local ratificamos la necesidad de una recomposición salarial a partir del primer día de agosto.

A las 7,30 de la mañana se inició el encuentro en el cual se informó, de manera detallada, acerca de lo sucedido en la reunión de delegados gremiales y miembros de la Comisión Directiva del SUOEM desarrollada ayer en la sede sindical de calle Catamarca.

Luego de valorar el incremento del costo de vida, la insuficiencia de los salarios que se cobran, el aumento que se otorgó a los funcionarios políticos y el superávit de 6,5 millones que declara el municipio, los trabajadores votamos por una demanda de una recomposición salarial del 15% “como piso”, más el 3 % que se adeuda del aumento anterior según el compromiso del propio intendente municipal.

También se votó que la adecuación salarial, más allá del momento en que se cierre el acuerdo, tenga vigencia a partir del primer día de agosto tal cual se planteó en la reunión de delegados, para lo cual los trabajadores sostenemos la necesidad de iniciar de forma inmediata las tratativas con el Poder Ejecutivo.

Por otra parte se reiteró el reclamo de ingreso a planta de personal permanente de todos los trabajadores precarizados. Se analizó que a pesar del acuerdo con la intendencia para la incorporación de siete trabajadores a planta, cada mes, en la realidad eso no se respeta e incluso en diferentes reparticiones aún no se han incorporado a quienes ganaron concursos de ingreso. Se dijo que luego de diez años en que la administración municipal está a cargo del mismo sector político, existen menos empleados de planta permanente que entonces y mayor cantidad de precarizado, sobre el particular se escuchó decir “han batido todos los record”.

Estas posiciones también han sido ratificadas por el voto, en su lugar de trabajo, por los trabajadores de la Universidad Popular y sus delegados.

Eduardo Gustavo Giambroni - Jesús Chirino -José Luis Bernabé

Prisión para los adolescentes a partir de los 14 años

Sobre el Régimen Penal Juvenil y sus motivaciones 22/07/09

Por Claudia Cesaroni

El miércoles 8 de julio el Senado de la Nación aprobó en general un proyecto de Régimen Penal Juvenil, que se aplicaría a los adolescentes de 14 a 18 años.

Como se recordará, esa semana la Cámara de Diputados resolvió no sesionar, así como otros organismos oficiales, con motivo de la expansión de la gripe A. El Senado, por decisión de su presidente Julio Cleto Cobos, sesionó igual. El 8 de julio, día previo al feriado nacional por el Día de la Independencia, y al “asueto sanitario” resuelto para toda la Administración Pública Nacional, no había nadie en las gradas, ni prácticamente periodistas que registraran el debate. La sesión se inició a las 14.48 y finalizó a las 18.10. Se trataron muchos otros asuntos, además del Régimen Penal Juvenil, por lo que no se le deben haber dedicado a su debate más de dos horas.

Los proyectos que se tomaron en consideración fueron los de la senadora Perceval del Frente para la Victoria, que se unificó con el de la Senadora Escudero, del Partido Justicialista y del Senador Morales, de la UCR.

La Senadora Perceval representa a la provincia de Mendoza, en la que fueron condenados a prisión perpetua tres adolescentes por delitos cometidos antes de los 18 años de edad. Uno de ellos apareció colgado en una celda de aislamiento, en junio de 2005. La Senadora Escudero representa a la provincia de Salta, en la que, en tres hechos sucedidos en 2005 y 2008, fallecieron quemados y asfixiados 13 adolescentes menores de 18 años en dos comisarías (diez en la Comisaría 20 de Orán, y tres en la Comisaría del Aeropuerto). El Senador Morales representa a la provincia de Jujuy, donde los adolescentes privados de libertad están alojados en unidades de adultos, bajo la custodia de personal penitenciario. Todas estas situaciones -perpetuas a menores, alojamiento de adolescentes en comisarías y establecimientos penitenciarios- están prohibidas taxativamente por normas de jerarquía constitucional. Sin embargo, los chicos condenados a perpetua siguen presos; los pibes de Salta, muertos; los presos en comisarías y unidades penitenciarias, padeciendo malos tratos y pésimas condiciones de detención.

Y a pesar de todo, los senadores y senadoras aprobaron, en general, una iniciativa con el argumento de que el objetivo es “proteger” a los y las adolescentes, para que no se los siga privando de libertad “sin garantías”.

Lo que se encubre con eufemismos es que la norma aprobada permite que se apliquen penas de prisión a los adolescentes a partir de los 14 años. Hoy esa edad está fijada en 16 años. Por debajo de los 16 años hoy un adolescente no es punible. ¿Los meten presos de todos modos? Pues eso es lo que hay que seguir denunciando. Ningún/a adolescente menor de 16 años, haga lo que haga, debe estar privado de libertad. En cada caso en que un/a adolescente menor de 16 años esté involucrado en un hecho dañoso, o en que tenga derechos vulnerados, deben intervenir las oficinas de protección de derechos que creó la Ley 26.061, sancionada por el parlamento democrático en el año 2005. No importa que tenga 10, 12 ó 15 años.

No existe ninguna norma internacional que obligue a establecer la edad mínima de punibilidad, o de responsabilidad penal, en 14 años. El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha dicho con claridad: “Los informes presentados por los Estados Partes ponen de manifiesto la existencia de un amplio margen de edades mínimas a efectos de responsabilidad penal. Varían desde un nivel muy bajo de 7 u 8 años hasta un encomiable máximo de 14 ó 16 años.” (Observación General 10 (2007) “Los derechos del niño en la justicia de menores”).

En un país como el nuestro, que tiene fijada esta edad mínima en 16 años... ¿Por qué insisten en bajarla a 14? ¿Por qué utilizan argumentos falaces para justificar esta decisión? No se entiende, salvo que se explique como una medida de puro castigo. Justamente, eso es lo que desnuda la Senadora Escudero, cuando comienza su intervención en la Sesión del 8 de julio con las siguientes palabras: “Señor presidente: quiero empezar recordando ese 1º de abril de 2004 cuando ochenta mil ciudadanos marcharon al Congreso de la Nación pidiendo seguridad y entregaron un petitorio en cuyo Punto 4, al final, se solicitaba la modificación del Régimen de Imputabilidad Penal de los Menores. El día 27 de abril comenzamos a trabajar en el tema desde la Comisión de Seguridad Interior...”.

Si se trata de contentar a Blumberg y sus petitorios, no encubran esa motivación con falacias. No están protegiendo los derechos de los pibes y las pibas. Están legalizando su encierro.

Fuente: Agencia Pelota e Trapo.

La CTA reclamará la Asignación Universal por Hijo en el Consejo del Salario

Puja redistributiva

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) anunció que reclamará la Asignación Universal por Hijo, una de sus históricas reivindicaciones, cuando el Gobierno convoque al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, posiblemente el próximo martes 28 de julio. Pedro Wasiejko, secretario adjunto de la CTA e integrante de la Comisión del Salario junto a su par, Pablo Micheli, y al secretario general de la Central, Hugo Yasky, dijo que espera llegar este año se acuerde este "histórico reclamo".

"Lo plantearemos para que la Asignación Universal sea extensiva a los desocupados y a los monotributistas a cambio de que garanticen que sus niños cumplirán sus estudio y tendrán los controles médicos adecuados", afirmó.

En la CTA esperan que más allá de la recomposición del salario mínimo, se llegue a un acuerdo que permita otorgar una Asignación Universal por Hijo para que no haya ningún hogar pobre en la Argentina.

Las declaraciones del gremialista llegaron horas después de que el ministro de Economía Amado Boudou discrepara con la idea de crear una Asignación Universal por Hijo.

El reclamo por la instrumentación de una Asignación Universal por Hijo fue fuertemente impulsado por una amplia gama de las fuerzas políticas partidarias que integran el arco de la oposición, que para concretarlo pretende gravar la renta financiera.

Desde el Gobierno aseguran que no es atribución del Consejo del Salario tratar el tema, sino que debe ser analizado en el seno del poder Ejecutivo o en el Congreso.

En ese sentido, Wasiejko sostuvo que "no es cierto" que no sea atribución del Consejo discutir estos temas y tomar decisiones al respecto.

"Están dadas las condiciones para que este histórico reclamo se concrete y se transforme en un beneficio real para los hijos de los trabajadores y desocupados", añadió.

Asimismo, el gremialista indicó que desde hace muchos años la CTA viene planteando la necesidad de realizar de un estudio para fijar "el monto real" de la canasta básica para establecer adecuadamente el valor del salario mínimo.

"Esperamos que este instrumento tripartito de concertación social, no se convierta una vez más en una mera ratificación de acuerdos que se negocian por afuera de esta estructura", afirmó Wasiejko.

Además, Wasiejko, Micheli y Yasky, reclamarán extender el salario mínimo, vital y móvil a los trabajadores estatales no comprendidos.

También pedirán que gocen de este derecho los empleados en los estados provinciales y municipales; y que se reformule el sistema de asignaciones familiares.

Tomada se reunió con representantes de la CTA

Por otra parte, el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, se reunió ayer por la tarde con representantes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), a quienes interiorizó respecto a la reunión que mantendrán este martes con equipos técnicos con miras a la futura conformación de Consejo Económico y Social.

Tomada recibió en su despacho a Hugo Yasky, Pablo Micheli y Pedro Wasiejko, y analizó junto a ellos los temas que se tratarán en la reunión de hoy, al tiempo que les comunicó que en la futura conformación del Consejo, estará presente la CTA, según indicaron fuentes de la cartera laboral.

Fuente:www.diariogremial.com

Ante la represión y las detenciones

Solidaridad de trabajadores

La Central de los Trabajadores de la Argentina, regional Villa María, se solidariza con los compañeros trabajadores del S.U.O.E.M. Córdoba que han sido reprimidos y detenidos por la Policía de la Provincia de Córdoba por su lucha en contra del retroceso de los derechos que significa las políticas que pretende imponer el Poder Ejecutivo del Municipio de la ciudad de Córdoba.

No se nos escapa que tanto el accionar represivo como las estrategias de recortar salarios y negar derechos a los trabajadores municipales de Córdoba, pretende ser una avanzada en contra de nuestro sector social para volver a la viejas, e ineficientes, recetas neoliberales que siempre recortaron gastos en las áreas más sensibles de la sociedad como es el sueldo de los trabajadores.

Superado el período electoral los encantadores de serpientes vuelven a sus discursos y acciones habituales, demostrando que defiende los intereses de quiénes han generado la crisis. En Villa María tenemos el triste record de que luego de diez años de gobierno municipal de un mismo signo político, existen menos empleados municipales de planta permanente y más precarizados que nunca. Quizás las coincidencias políticas entre los intendentes de las dos ciudades no sean casualidad en relación a sus visiones en relación a la visión que poseen acerca del empleo público.

En Córdoba no son pocas las situaciones que, implicando a trabajadores, están sin resolver: allí está la falta de respuesta a los despedidos de IVECO, como caso emblemático. Esto plantea un cuadro de situación que hace necesario no sólo manifestar la solidaridad entre trabajadores sino también ejercerla en cada acto que llevemos adelante. En este mismo sentido renovamos nuestra solidaridad con los trabajadores municipales, rechazamos la actitud violenta del Ejecutivo Municipal y de todos los responsables de la represión. A la vez exigimos la liberación de todos los trabajadores detenidos y solicitamos al gremio municipal que trabaje para que los compañeros de prensa realicen las coberturas correspondientes con total libertad. Los hechos, hoy por hoy, demandan la mayor solidaridad posible entre trabajadores y una estrategia clara para no hacer el juego a quiénes propician la guerra entre trabajadores.

Villa María, 20 de julio de 2009

Jesús Chirino, Sec DDHH

José Luis Bernabé, Sec. Organización

Camilo Rodríguez, Sec. General

Solidaridad con los trabajadores municipales de Córdoba

CTA Regional Córdoba

Ante la represión y las detenciones

Solidaridad

La Central de los Trabajadores Argentinos de la Provincia de Córdoba se solidariza con los compañeros del S.U.O.E.M., reprimidos y detenidos por la Policía de la Provincia en su lucha contra la exacción salarial que pretende imponer el Ejecutivo Municipal.

Queda así de manifiesto, que las promesas previas a las pasadas elecciones del 28 de junio han caído en el olvido y que tan sólo fueron parte de un circo mediático. Los que gobiernan, demuestran una vez más que intereses defienden, pretendiendo que la crisis que ellos mismos generaron la sigan pagando los trabajadores. La promesas pasaron y los problemas siguen sin resolverse y agravan; como la situación que hoy se plantea con los trabajadores municipales y la falta de respuestas a los despedidos de IVECO, entre otros casos emblemáticos.

Ante la sordera de los que gobiernan que ya no dudan en reprimir las expresiones de reclamo por los derechos que asisten a los trabajadores, la CTA plantea la urgencia de un Plenario del conjunto de las organizaciones sindicales para discutir la situación del movimiento obrero y los cursos de acción a seguir.

La CTA renueva su solidaridad activa con los trabajadores municipales y exige el inmediato cese de la actitud hostil del Ejecutivo Municipal, de la represión y la inmediata liberación de los detenidos.

Córdoba, 20 de julio de 2009

Detienen a un periodista en Alta Gracia

Repudio del Cispren y CTA Villa María

El Circulo de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN-CTA) denunció la detención que sufrió un periodista en Alta Gracia cuando trató que la policía dejara de maltratar a un detenido.

La CTA Villa María comparte con el Cispren el repudio a la detención del periodista de FM Tortuga 102.7 y revista La Tangente de Alta Gracia, Pablo Rodríguez, quien en la madrugada del 4 de julio fue víctima de una detención compulsiva por parte de la policía en momentos en los que se encontraba observando un procedimiento policial.

Sin tener relación con el episodio, Rodríguez se identificó como periodista y le solicitó a los agentes que dejaran de maltratar al detenido. Sin embargo, lejos de acusar recibo del pedido, un uniformado, que no portaba identificación, procedió a detenerlo sin mediar palabra, tras lo cual fue trasladado a la comisaría, con la imputación de resistencia a la autoridad.

Ante esta situación, el Cispren y CTA Regional Villa María, expresan su solidaridad con el compañero y repudian este tipo de actitudes por parte de la fuerza policial contra cualquier ciudadano y exige a las autoridades políticas y policiales responsables, resolver este caso y aplicar las respectivas sanciones a todos los responsables.

Schiaretti no quiere discutir salarios Ate-Córdoba decide medidas de fuerza

Ante la negativa del gobierno de Juan Schiaretti de abrir la discusión salarial en el ámbito del Estado provincial, el Consejo Directivo de ATE Córdoba ha resuelto realizar asambleas, a partir del lunes 20 del corriente, en todas las reparticiones públicas de la Provincia, con el objetivo de que los compañeros decidan las medidas de fuerza a tomar para iniciar el plan de lucha. Al tiempo, denuncian la situación terminal de los hospitales.

La caída del poder adquisitivo del salario de los trabajadores, frente al aumento de la canasta familiar y los servicios básicos que trascendió estos días, hace impostergable una actualización de los ingresos que contemple las necesidades económicas de nuestras familias.

ATE insta al gobernador a que abra una mesa de diálogo con los representantes de los trabajadores estatales en conflicto, en sintonía con las proclamas dialoguistas que diariamente pregona en sus reclamos al gobierno nacional.

Grave situación hospitalaria

Así también, ATE ratifica la denuncia realizada la semana pasada respecto a la falta de personal, ropa de trabajo y elementos de seguridad e higiene laboral (barbijos, guantes, uniformes y otros) en todos los hospitales y centros de salud de Córdoba.

“Nuestros delegados ya han denunciado públicamente en diversos medios de comunicación que el personal a disposición es insuficiente para atender la pandemia de Gripe A que afecta a la población. Las autoridades, con un criterio que muestra a las claras el desmanejo del área, han respondido con notificaciones persecutorias y aprietes permanentes, en vez de resolver la problemática planteada. Así han actuado las autoridades del hospital Misericordia, encabezadas por el Director del nosocomio, Dr. Raúl Re. Misma actitud ha demostrado el Director del hospital Santa María de Punilla, Dr. José Luís Fitó”.

Bandera para la comunidad boliviana

Convencidos que nuestra organización es de todos los trabajadores de la Argentina, más allá de sus nacionalidades de origen. Es decir una institución de los que pertenecemos a una clase social que necesita vender su fuerza de trabajo para subsistir. Conciente de esto la secretaría de Derechos Humanos de la CTA, regional Villa María, realizó gestiones para que las autoridades del Consulado del Estado Plurinacional de Bolivia atendiera en la ciudad a todos aquellos que siendo originarios de ese país trabajan en la zona.

Así fue que viajó a la ciudad la vicecónsul de Bolivia, Lic. Ximena Guzmán, y a lo largo de toda la jornada del día miércoles atendió a sus compatriotas en el local del CIESO. Concurrieron al lugar más de un centenar de personas para realizar trámites relacionados con sus documentos personales.

El territorio de la provincia de Córdoba, se calcula, viven alrededor de dieciocho mil hombres y mujeres de nacionalidad boliviana. De ese total, y según datos del consulado, aproximadamente ocho mil han regularizado completamente su documentación personal.

En la zona de Villa María, se sabe que alrededor de 200 personas de origen boliviano han tramitado sus documentos. Un número que se releva muy pequeño al contrastarlo con la cantidad de habitantes de ese origen que residen en la región. Sobre este particular no existen cifras exactas, pero algunas estimaciones calculan que más de dos mil ciudadanos bolivianos viven en la zona de Villa María y Villa Nueva. La mayoría de ellos trabajan en la construcción, los cortaderos de ladrillos o la agricultura. Actividades productivas que coinciden con las relevadas desde el Consulado como principales actividades económicas de los integrantes de la colectividad en toda la provincia. Desde esa institución se sostiene que en Córdoba son pocos los que trabajan en talleres de costura.

En su visita a Villa María, la vicecónsul ha entregado a Sandro Ortiz Mamani, miembro de la comunidad, una bandera de su patria para ser usada pro el colectivo boliviano de la ciudad. A la vez anunció que dentro de un mes nos visitará nuevamente para entregar documentación.

El hecho de que los hermanos bolivianos puedan tramitar su documentación sin viajar hasta la capital de la provincia, resulta en un gran ahorro de dinero para ellos y, de esa manera, multiplica las facilidades para documentarse.

Vicecónsul de Bolivia en Villa María

La Vicecónsul de Bolivia atiende en Villa María

Ximena Gúzman, la Vicecónsul de Bolivia en Córdoba está atendiendo a sus compatriotas en el local del CIESO, situado en Lisandro de la Torre 32.

Por gestiones de la Central de Trabajadores Argentinos, regional Villa María, y la delegación del INADI en Córdoba, se ha podido conseguir la visita de tan importante autoridad del gobierno boliviano que permitirá que los ciudadanos de esa nacionalidad puedan tramitar documentación personal, ahorrándose el viaje hasta la ciudad capital de la provincia.

Desde la secretaría de DDHH de la CTA local hace tiempo que viene trabajando con la comunidad boliviana local, junto al dirigente Sandro Ortíz Mamani.

ATE Villa María denuncia: “El sector de Neonatología está en terapia intensiva”

Denuncian desinversión y falta de mantenimiento en el Hospital Pasteur -

Dirigentes de ATE hicieron conocer el crítico estado de uno de los sectores más sensibles del centro asistencial. En el lugar, de ocho incubadoras sólo dos están en funcionamiento. Hoy los trabajadores se reúnen con el director del Hospital.

La falta de políticas de salud concretas, sumados a la escasa inversión y la absoluta precariedad en mantenimiento, han generado un profundo daño en uno de los espacios más sensibles del Hospital Pasteur: el sector de Neonatología.

Según lo expresado por los dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Walter Secondino y Arnaldo Molina, en el área citada sólo funcionan dos incubadoras de las ocho existentes, no hay respirador mecánico (se deben realizar las maniobras a mano) y los médicos de guardia pediátrica deben desdoblarse para atender tanto la evolución de los pacientes internados como las situaciones que se presentan como emergencias.

Cabe remarcar que una de las incubadoras que está en uso debería ser utilizada especialmente para trasladar a bebés que necesiten atención en otros hospitales de la ciudad, región o provincia. En virtud de las circunstancias por las que atraviesa Neonatología, los eventuales se ven obviamente resentidos y con poca probabilidad de realizarse.

“Nuestra denuncia es en defensa de la Salud Pública y de los trabajadores que deben afrontar verdaderas situaciones límites para desarrollar sus tareas”, manifestó el secretario Adjunto Molina.

“Lo que faltan son políticas concretas de inversión y mantenimiento. Los médicos, enfermeros, personal administrativo y demás integrantes de los equipos de trabajo no pueden hacerse cargo del abandono que sufren por parte del Estado provincial”, enfatizó Secondino.

“Desde ATE pretendemos que se contemple y salve la situación de los pacientes y los trabajadores por igual”, coincidieron en señalar los sindicalistas entrevistados por EL DIARIO. “La gente no está al tanto de lo que sucede en el interior del Hospital pero los que habitualmente desempeñan distintas funciones allí sí conocen las carencias que existen”, agregaron los representantes gremiales.

“Para conocer la verdad”

Molina y Secondino también informaron a este matutino que hoy, a partir de las 9, un grupo de trabajadores se reunirán con el director Guillermo Tomas para “hacer conocer la verdad” que viven los trabajadores del Hospital.

“Más allá de la visión que Tomas tenga de las políticas de salud queremos que comparta con nosotros una realidad preocupante que pone en riesgo a los pacientes y a los que los atendemos”, concluyeron los gremialistas reporteados.

Publicado en El Diario del Centro del País, empresa recuperada por sus trabajadores de prensa y gráficos.

Un Bicentenario sin hambre

Por Claudio Lozano

Si se compara 2007 con 1997, la actividad económica creció un 32%. Sin embargo, la tasa de desempleo sólo descendió un 19%. Los asalariados no registrados, que representaban el 37,1%, pasaron al 41,5% del total. El ingreso promedio de los que trabajan, a valores reales, era un 22% inferior.

En consecuencia, la pobreza subió un 3%, afectando a 1.300.000 personas más, en tanto que la indigencia se expandió 36%, involucrando a 1.800.000 personas más.

Lo expuesto no niega el crecimiento, solo indica que no puso en cuestión los rasgos de concentración y desigualdad de la reestructuración económica de los últimos 30 años.

Así, la evolución de la facturación de las primeras 200 firmas comparada con el crecimiento del PBI indica la concentración de la economía, es decir la contracara de lo expuesto antes. Estas 200 firmas representaban el 31,6% en 1997, el 51,3% en 2005 y el 56% en 2007. En consecuencia, la desigualdad entre el 10% más rico y el 10% más pobre saltó de 22 a 28 veces en 10 años.

Es verdad que, comparadas con las magnitudes que la pobreza alcanzó en la crisis (2002), el crecimiento posibilitó su reducción. Sin embargo, este efecto positivo desaparece a partir de 2007, cuando los límites que la concentración le pone al proceso de inversión y el impacto que esto produce en términos de menor creación de empleo e inflación, comienzan a afectar el poder adquisitivo. En lugar de revisar lo que acontecía, la opción asumida fue la manipulación de las estadísticas.

Resultado 1: el 33,5% de la población está en la pobreza y el 15,2%, en la indigencia a fin de 2008.

Resultado 2: el Gobierno perdió las elecciones.

Este panorama irrumpe con el rostro de 6,5 millones de pibes pobres y 3,5 millones de chicos hambrientos. Situación que contrasta con la posibilidad de poner una asignación universal por hijo de $ 300 y garantizar la eliminación del hambre. Hablamos de invertir 2,2% del PBI o 15,3% de las reservas del Banco Central.

La solución es hoy, y el diálogo social cobraría sentido si su objetivo fuera garantizar un Bicentenario sin hambre, ordenando el resto de nuestras políticas en función de esa decisión.

Distribución o pobreza

Por Hugo Yasky

La convocatoria al diálogo social se da en un momento en que se están haciendo sentir con más fuerza los efectos combinados de la crisis mundial y del cuello de botella del proceso de recuperación económica iniciado en el 2003.

Desde el mes de diciembre la CTA viene reclamando la necesidad de un blindaje social, que proteja el empleo y el salario de los trabajadores, que garantice una asignación familiar para todos los desocupados y no registrados, un seguro de desempleo que beneficie también a los que están en la informalidad y un aumento de emergencia de los haberes jubilatorios.

Desde entonces hasta ahora, se ha profundizado el deterioro de la situación social. El informe trimestral publicado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (Cenda) da cuenta de la disminución en el número de puestos de trabajo en la construcción y la industria manufacturera, los sectores que motorizaron la recuperación de la economía después de la crisis del año 2002.

Esto se profundizó como consecuencia de la caída del producto, de la producción industrial, de las exportaciones e importaciones y de la recaudación, en el marco de la crisis internacional.

Dicho escenario activó la inmediata reacción de los grupos empresarios que, haciendo borrón y cuenta nueva del mullido colchón de rentabilidad acumulado durante estos años, empezaron con los despidos preventivos, reducción de la jornada laboral, suspensiones y rescisión de contratos. Esta desmedida reacción tuvo como principal objetivo volver a instalar el miedo a la pérdida de la fuente de trabajo como forma de desalentar las demandas de recuperación salarial.

Desde esa posición de fuerza el lobby empresario de AEA, UIA y Mesa de Enlace promueve la suspensión de las paritarias, la devaluación de la moneda a niveles que le darían el golpe de gracia al ya erosionado ingreso de los trabajadores, la postergación de la convocatoria al Consejo del Salario y la eliminación de las políticas de retenciones.

En síntesis, pretenden limitar la agenda del debate social a un programa de ajuste, que produciría en tiempo record un retroceso a los peores niveles de pobreza y exclusión social ya padecidos a finales de los ’90.

El camino para los trabajadores y para la inmensa mayoría de los sectores populares, incluidos pequeños empresarios y productores rurales, es exactamente el contrario.

Debemos garantizar la revalorización de los salarios y la defensa del empleo como impulsores de la demanda y del mercado interno, que es necesario sostener en un escenario de crisis caracterizado por una recesión internacional sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial.

Por eso en el Pacto Mundial para el Empleo aprobado en la última Conferencia Internacional de la OIT, con representación de trabajadores, empleadores y estados, se estableció el compromiso de generar acciones tendientes a proteger los puestos de trabajo y el nivel de los salarios, como única salida para evitar que la crisis la terminen pagando los trabajadores. Resulta contradictorio que algunos de los sectores empresarios que a nivel local promueven el ajuste en la OIT aprobaran dicho Pacto.

Desde la CTA sostenemos que el diálogo social tiene legitimidad en tanto y en cuanto garantice avanzar con medidas a favor de una justa distribución de la riqueza, que pongan el eje en la necesidad de terminar con la pobreza y la desigualdad social.

Para ello es necesario que, a pesar de la caída del empleo y de la recaudación, el Estado cuente con los recursos que sustenten la universalización de políticas sociales y la creación de empleos en la actividad pública y privada. Esto requiere cambios estructurales de fondo en el esquema tributario. Hacer que los que más tienen paguen más, avanzando con gravámenes sobre la actividad financiera y extendiendo las políticas de retenciones a los sectores mineros y petroleros. También hacen falta discutir políticas públicas que protejan nuestros recursos y pongan fin a la fuga de capitales.

Hoy ya queda claro que la crisis económica intenta ser utilizada por los factores de poder para detener el proceso de avance popular que se ha vivido en los últimos años en América latina. El golpe en Honduras se inscribe en esta realidad.

No podemos caer en la ingenuidad de olvidar que en estas condiciones el diálogo social es también un espacio de disputa entre los intereses de unos y de otros. Es imprescindible tener claro que lo que vamos a defender requiere la unidad y la capacidad de movilización de los trabajadores y los sectores populares.