Según un informe de la CTA, seis millones de chicos viven en la pobreza

Fuente: www.ctatucuman.com.ar

Según un informe de la CTA, seis millones de chicos viven en la pobreza. En la Argentina mueren hoy por día 25 recién nacidos. El 52,2% de los menores vive en hogares sostenidos por padres con inserción laboral precaria. El 47,2% no tiene cobertura médica. Tres millones tienen hambre. Más de seis millones de chicos argentinos viven en la pobreza, de los cuales la mitad pasa hambre. Por día se mueren 25 recién nacidos, 14 por causas que podrían evitarse. Así lo denuncia un documento elaborado por el Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). “Si existe un drama que no debemos dejar de denunciar, es el alto nivel de deterioro que han alcanzado las condiciones de vida de nuestros chicos”, afirmó el economista y diputado nacional Claudio Lozano, uno de los autores del trabajo junto a Ana Rameri y Tomás Raffo. La investigación –basada en datos estadísticos oficiales y en relevamientos realizados por distintas organizaciones sociales y sindicales– sostiene que, al año 2008, 6,3 millones de menores de 18 años son pobres y 3,1 millones directamente pasa hambre. Los menores resultan ser los más castigados: mientras la tasa de pobreza a nivel nacional es del 26,9%, para la población que tiene menos de 18 años la misma medición es de, prácticamente, el doble (40,6 por ciento). Algo similar ocurre con la indigencia, mientras a nivel país la tasa de indigencia era del 8,7%, la correspondiente a la población menor era muy superior, del 14,1 por ciento. “El daño que se les está causando no sólo significa dolor y tristeza, sino que implica hipotecar el futuro de nuestra sociedad; la permanencia de esta realidad resulta incompatible con un desarrollo económico sostenible”, sostuvo el legislador.

Otra de las situaciones que denuncia el informe es la falta de atención médica que sufren los menores. El 47,2% no posee cobertura sanitaria, esto implica que 6,3 millones de chicos no cuentan con una obra social o un plan médico.

“El actual esquema de seguridad social desconoce el derecho de percibir una asignación familiar a nueve millones de chicos, que equivalen al 70% del total de nuestros pibes”, remarcó Lozano. El informe detalla que “los montos de ingresos por hijo que brinda la ayuda social del Estado equivalen a un tercio de la actual asignación familiar por hijo del sistema de seguridad social y sólo el 44% de los menores en situación de pobreza pueden acceder a ella”.

En la mayoría de los hogares que cuentan con la presencia de menores de 18 años se verifican situaciones de insuficiencia de espacio habitacional. “Cerca de 1,2 millones de menores (el 19,4% de los chicos pobres) viven en viviendas ubicadas en zonas inundables y otro millón de chicos (el 16% de los menores pobres) no tiene agua corriente”, especifica el relevamiento.

Según los datos del informe, el 52,2% –alrededor de siete millones de chicos– vive en hogares donde los padres tienen inserción laboral precaria. “Hasta los 18 años de edad todas las personas deben estar a cargo de un mayor o, por lo menos, deberían estarlo. Una de las cuestiones que esto implica es que hasta esta edad las condiciones de vida tanto materiales, sociales, educativas y culturales están directamente condicionadas por las posibilidades de desarrollarlas que les garanticen sus padres o tutores. Si somos conscientes de que en las sociedades modernas el acceso a estos bienes necesarios para el normal desempeño de la vida se obtienen mayoritariamente a través del ingreso percibido por el trabajo, es interesante analizar el vínculo entre el ya mencionado deterioro de las condiciones de vida de la mayor parte de los menores y la inserción laboral de las personas de las cuales ellos dependen para vivir”, afirmó el economista.

También se destaca que 1,9 millones de menores no asisten o nunca asistieron a un establecimiento educativo. “Esta generación ya cuenta como base con un núcleo duro de fuerza laboral futura que muy probablemente se desenvuelva en puestos de trabajo con inserción precaria. Sin embargo, lo más alarmante de esta ya triste situación es el efecto multiplicador que esto provoca en la desprotección y el desamparo de sus futuros hijos, que son los futuros niños de nuestra sociedad.”

Inequidades provinciales.

Las provincias que evidencian los niveles más alarmantes en el cuadro social de los menores coincide con aquellas que a nivel general presentan las tasas más elevadas de pobreza e indigencia. Esto significa que los chicos son las principales víctimas del hambre y la pobreza, marcando el rasgo central de esta problemática social: “La infantilización de la pobreza”.

La extendida pauperización de las condiciones de vida de los menores se verifica en niveles de indigencia para algunas provincias que superan el 20% de la población menor.

Las provincias con mayor deterioro infantil del promedio nacional son: Chaco, Corrientes, Formosa, Santiago del Estero, Misiones, Jujuy, Salta, Tucumán, San Juan, Catamarca, Entre Ríos, La Rioja y Buenos Aires.

Las restantes once provincias también muestran cuadros sociales muy deteriorados. En las grandes ciudades como Córdoba, Mendoza y Santa Fe, los niveles de indigencia están cerca del 10 por ciento.

Memoria con compromiso

Con la participación de militantes de la CTA, la Juventud Guevarista, Agrupación 19 de Abril, la VACAP y otras organizaciones sociales a las 11 horas, en la esquina de Sarmiento y la calle que lleva el nombre del docente desaparecido Eduardo Requena, se desarrolló el acto por la Memoria la Verdad y la Justicia. El joven Ernesto Bertoglio leyó un documento producido por la juventud Guevarista manifestando compromiso con la memoria y el dolor que le produce cierta realidad social de la actualidad. El profesor Ricardo Carballo leyó la nota que remitiera el antropólogo Federico Fernández denunciando a Juan de la Cruz Kairuz, genocida que hace pocos días ha tomado a su cargo la dirección técnica del equipo de fútbol del club Atlético Talleres de Perico (Salta). Este personaje según el libro de la CONADEP dirigía un grupo de tareas que revisaba casas. La profesora Derna Montero leyó un sentido escrito en relación ala personalidad del profesor Eduardo Requena rescatando su amor por la docencia. Luego el escritor y docente Marcelo Dughetti leyó el documento que las organizaciones confeccionaron para el momento:

Hoy, 24 de marzo de 2009, se cumplen 33 años de aquel doloroso día en que las Fuerzas Armadas tomaron por la fuerza el poder en el país.

Si bien, el dolor y la muerte, desde hacía un tiempo venían siendo sembrada en Argentina con la terrible existencia de la triple A y las normas legales firmadas por civiles, que planteaban la “aniquilación” de ciudadanos argentinos. A partir del Golpe de Estado la maquinaria estatal del horror heriría de tal manera el cuerpo social que aún hoy sufrimos las consecuencias.

El 24 de marzo es un día para recordar con dolor, reflexionar y reafirmarnos en la lucha por la vigencia de los derechos humanos y el ejercicio pleno de una justicia que debe llegarles a todos los que integraron el régimen del terror. Tanto los militares como los civiles colaboracionistas. Para todos ellos justicia y cárcel común. Por ello junto con todas las organizaciones hermanas que en el país luchan por los Derechos Humanos decimos: Despertemos a la Justicia: ¡Juicio y Castigo Ya!"

En este día recordamos a cada uno de los 30.000 desparecidos, reafirmando su utopía de trabajar diariamente por una sociedad mejor.

Miramos a los ojos de cada detenido que logró sobrevivir y nos comprometemos a seguir en la construcción de un camino que nos lleve a una sociedad justa.

Acompañamos la búsqueda de cada niño, hoy adultos, que fueron robados a sus padres y familiares biológicos, y continuamos con ellos diciéndole a los que aún no se encontraron que los buscamos con amor.

Este 24 de marzo, seguimos, a 30 meses de su desaparición, pidiendo por la aparición con vida de JORGE JULIO LÓPEZ. Creemos que ha llegado la hora de que el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad rindan cuentas y proporcionen información confiable sobre este gravísimo suceso que es una herida abierta en la sociedad argentina.

Reflexionar acerca de lo sucedido en aquel terrible período de la historia reciente de nuestro país nos lleva a entender que existió un proyecto económico impuesto, que sembró el hambre y la desocupación. Por eso, recordar a quienes lucharon en aquella época, en lugar de eximirnos nos obliga a pensar en este presente donde vemos a seis millones de chicos que viven en la pobreza, a los 25 recién nacidos que mueren por día, al 52,2 % que vive en hogares con padres que tienen inserción laboral precaria. Y se torna una obligación de que nuestra sociedad democrática priorice estos tema en la agenda pública.

Por todo esto es que venimos a recordar, a tener memoria, a reflexionar sobre el pasado, pero también a reafirmar nuestro compromiso con el presente y el futuro y la vigencia del Estado de Derecho.

Pedimos justicia y castigo, sin dilaciones, para todos los que participaron en el régimen del terror, militares y civiles.

Que la Justicia castigue a los mentores, ejecutores y colaboradores que desde sus propios intereses sectoriales alentaron el exterminio social con la implantación del terror, la desorganización popular y la persecución, cárcel, tortura y desaparición de miles de argentinos, militantes populares que lucharon por una Patria justa, libre y solidaria.

Tras un año preso, libre porque no hay pruebas en su contra

La Secretaría de DDHH de la CTA, regional Villa María, a pedido de los familiares del señor Carlos Bustos, procesado detenido en la cárcel de esta ciudad, intervino en el caso. El hombre reclamaba por la injusta reclusión que vivía y la demora en el tratamiento de su causa judicial. La siguiente es la crónica realizada desde El Diari del sur de Córdoba. La de ayer fue una jornada intensa para Carlos Alberto Bustos, quien hacía desde el 30 de abril del año pasado que estaba alojado en un calabozo de la cárcel de barrio Belgrano, esperando una respuesta que no llegaba. Angustiado, optó por coserse la boca. Tres puntadas, “como si fuera un matambre”, comentó a este cronista un testigo de la desesperación del reo, que insistía con su inocencia y su clamor se estrellaba contra las paredes sordas de la Unidad Penitenciaria Nº 5. Carlos Alberto Bustos, de Isla Verde, había sido detenido junto a su hermano Marcelo Juan Bustos, acusados de “homicidio en ocasión de robo” hace un año. Desde entonces, Carlos Alberto, representado por la letrada Alicia Boech de Las Heras, abogada de oficio, quien junto a su cliente venían reiterando un pedido de libertad dormía en los laberintos de la burocracia judicial. La causa fue instruida por el fiscal Carlos Viramonte, de Marcos Juárez. ADN negativo Entre las tantas pruebas que Carlos Bustos y su abogada acreditaban como irrefutables a la hora de mostrar su inocencia, había estudios de ADN realizados oportunamente por el Centro de Excelencia en Productos y Procesos de la Provincia de Córdoba (Ceprocor), los cuales habían arrojado resultado negativo. Una cadenita Otro “elemento probatorio” que según la defensa “despegaba” a Carlos Alberto Bustos del hecho, fue una cadenita alusiva al club Boca Juniors, la cual, según varios testigos habría sido “plantada” por los investigadores. Pero, para reforzar la inconsistencia de dicha prueba en su contra, Carlos Bustos dijo ayer, con apasionado énfasis: “Soy hincha de River, jamás, ni loco, me pondría esa cadenita”. Sin embargo, hizo falta que se cosiera la boca para que, paradójicamente, su clamor de inocencia fuese escuchado, al menos por los dirigentes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), quienes, al tanto de la situación, llegaron la mañana de la víspera a golpear las pesadas puertas del penal local. Y la puertas se abrieron. “La directora de la cárcel, Estela Grognoletti nos recibió muy bien y se puso a disposición para tratar de solucionar el asunto”, dijo a EL DIARIO uno de los militantes de la CTA. En libertad El mismo sindicalista comentó: “Hablamos con Bustos y le explicamos que el camino de la autoagresión no lo iba a llevar a ninguna parte. Le propusimos que depusiera su actitud y nosotros nos comprometimos, a cambio, a acelerar su trámite lo más que pudiéramos”, dijo. “Era impresionante verle la boca”, agregó. Horas después, el preso había recuperado su libertad y viajaba en un colectivo hacia Isla Verde, para reecontrarse con su madre, quien insiste en que su otro hijo, que permanece alojado en la cárcel de barrio Belgrano, también es inocente. ¿Una causa “armada”? No menos intensa que para Carlos Alberto Bustos (aunque sí menos feliz) resultó la jornada de ayer para su hermano Marcelo Juan Bustos, quien es representado legalmente por el letrado Gonzalo Jaureguilazo. En un velorio Al parecer, tampoco el ADN de este Bustos coincidía con el de la víctima, y para reforzar su inocencia, el hombre, quien vive con su familia en Firmat, tiene una gran cantidad de testigos que lo sitúan en el velorio de un pariente el día que ocurrió el hecho que se le atribuye. No obstante, Marcelo Juan Bustos seguirá durmiendo en un frío calabozo de la cárcel local, al menos por unos días más, aunque abrigando la esperanza de sentarse pronto a la mesa familiar, a tratar de olvidar la pesadilla de haber estado en prisión un año, sin más compañía que la íntima convicción de su inocencia. Hoy su defensor presentará el pedido de excarcelación, pero seguramente la Justicia se tomará unos días para resolver. Y para colmo, se avecina un “fin de semana largo”, por el feriado del 24 de marzo. El hecho Los hermanos Bustos fueron incriminados por distintos testigos de haber sido los autores del asalto y muerte de José Luis Dichiara (53), aparentemente perpetrado el 12 de marzo de 2008. Dichiara habría sido abordado en su auto en Corral de Bustos y hallado muerto dos días después entre aquella localidad y Colonia Progreso. Tenía un golpe en la cabeza y había sufrido hipotermia. El coche en que se conducía fue encontrado en Berabebú. Luego, aparecieron los dos testigos mencionados, quienes involucraron a Carlos Alberto y Marcelo Juan Bustos, que fueron detenidos días después. Extraído de nota publicada en El Diario, empresa recuperada por sus trabajadores de prensa y gráficos.

La CTA ratificó el dictamen del INADI que Accastello negó

Desde la CTA Villa María ratificaron el dictamen que afirma que el coordinador de Deportes de la Municipalidad, Henry Rapetti, discriminó a una trabajadora del lugar, Celeste Combina.

“En la página web del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo, la Xenofobia) está el dictamen 013/09, fechado el 30 de enero de este año, con el agregado de una nota de EL DIARIO y de La Voz del Interior. En el primero, se destaca el hecho que fue informado por la propia damnificada, Celeste Combina y en el periódico provincial se señala la voz de la titular de la delegación Córdoba que ratifica que el dictamen es la opinión oficial del INADI”, indicaron desde la CTA Villa María.

La aclaración viene a cuenta de que el intendente Eduardo Accastello niega que sea un dictamen oficial, lo mismo que su secretario de Gobierno, Héctor Muñoz, quienes de esta manera desconocieron que un funcionario municipal, Henry Rapetti tuvo una actitud discriminatoria contr a una dependiente con sobrepeso. “Rapetti tuvo una conducta repudiable. A esa conclusión llegó el INADI después de un proceso en donde se escucharon todas las partes. Nos llama la atención que el intendente niegue la realidad”, indicaron desde la Central de Trabajadores Argentinos local. “Sería bueno que repiense esta actitud con miras a los actos del 24 de marzo, donde la Municipalidad participa en la jornada de reflexión y memoria. Va a ser contradictorio que hablen de derechos humanos desconociendo lo que dice el INADI”, agregaron. En el mismo sentido, Cecilia Pérez Correa, abogada de Combina, lamentó que el intendente “lejos de mostrar una responsable preocupación por la falta de respeto al derecho fundamental de una trabajadora a no ser discriminada, ha dedicado toda su energía a negar la existencia del dictamen y a juntar adhesiones a la bárbara conducta de Rapetti”. Publicado en El Diario del sur de Córdoba, empresa recuerada por sus trabajadores de Prensa y Gráficos.

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A 30 MESES DE SU SECUESTRO

vicepresidente del INADI notificando el dictamen que Accastello niega

En la imagen puede verse la firma de Pedro M. Mouratian, vicepresidente del INADI, en un escrito mediante el cual notifica el dictamen sobre las denuncias número ME 4556/08 que corresponde a la causa iniciada por las denuncias de Celeste Combina contra Henry Rapetti. Accastello, dice que no existe este dictamen. La delgada del INADI en Córdoba, Adriana Domínguez lo referencia en La Voz del Interior y aquí Mouratian lo notifica. ¿A qué está jugando la administración municipal de Villa María?

Discriminación en el municipio de Villa María

¿QUIÉN PROTEGE A LA SOCIEDAD DE SUS FUNCIONARIOS?

El caso Combina

El 30 de enero de 2009, el INADI (Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) produjo el DICTAMEN Nº 013-09.

En este DICTAMEN el Instituto estableció que el Sr. Henry Rapetti cometió un acto de discriminación en contra de María Celeste Combina, atacándola por su obesidad.

Determinó también el Instituto, que ese acto lesionó la dignidad de la víctima, definiendo la conducta de Rapetti como perteneciente a las “NUEVAS MODALIDADES DE RACISMO: LA ESTÉTICA RACISTA“ . (art. Decreto Nº 1086/05).

El DICTAMEN señaló de manera especial, la mayor gravedad que reviste el acto de discriminación realizado por Rapetti, por trascender el ámbito privado, habiéndose desarrollado en el lugar de trabajo donde se desempeñaba la Srta Combina bajo las órdenes de Rapetti y frente a sus propios compañeros de trabajo, con el PELIGRO de la propagación de la expresión de descrédito o degradación hacia la persona de Combina.

Así la resolucion afirma que:

“ no cabe ninguna duda de que las expresiones descriptas a través de la declaración testimonial importan un alto grado de violencia ejercida en forma verbal y de manera sistemática a través de la utilización de algunos de sus caracteres personales en forma peyorativa para expresarle su desprecio.”

“Esto dicho adquiere particular significación y resulta meritorio del máximo repudio moral e institucional cuando el agravio procede de un funcionario público que a su vez guarda una relación de superioridad jerárquica directa con la denunciante. “

El Sr. Intendente luego de tomar conocimiento de esta importante resolución del Organismo Nacional, lejos de mostrar una responsable preocupación por la falta de respeto al derecho fundamental de una trabajadora a no ser discriminada, atacado ferozmente por un funcionario de su administración, ha dedicado toda su energía a negar la existencia del dictamen, a juntar adhesiones a la bárbara conducta de Rapetti.

Tan grave como la violación a los derechos fundamentales de la trabajadora agredida por Rapetti, es la decisión del Intendente de asociarse al autor de la severa lesión ocasionada a Combina, sumándose a la conducta discriminatoria desplegada desde el Municipio.

La sociedad mira a sus representantes que una vez más, desde el poder, subestiman a los ciudadanos, mancillando sus derechos fundamentales y queriendo engañarlos negando la existencia misma del dictamen que compromete tanto al funcionario Rapetti , como a los defensores de su reprochable y punible conducta.

Solo basta con ver la resolución del INADI, para comprender el desamparo de todo el conjunto social frente al accionar de las máximas autoridades de esta Ciudad.

Dra. Cecilia Pérez Correa - Asesora legal de la CTA Villa María -

Se pide respeto por los DDHH

El INADI (Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) se expidió en contra de las conductas discriminatorias que el funcionario de la municipalidad de Villa María, Henry Rapetti, tuviera en perjuicio de la señorita Celeste Combina.

Por estos días el intendente municipal, Eduardo Acastello, manifestó que no existe dictamen del INADI en relación al caso Rapetti. Criterio que claramente no es compartido por el organismo nacional que en su página de Internet, en el apartado de “Prensa y difusión”, rescata lo informado en El Diario (de Villa María) en relación a la existencia de un pronunciamiento oficial del INADI que estableció que Rapetti tuvo una actitud discriminatoria contra Combina. Allí se señala que, para establecer el carácter discriminatorio del accionar de Rapetti se tomaron testimonios a varios empleados y que las agresiones del funcionario municipal no tuvieron lugar en un contexto de agresiones mutuas. Acalarando que las mismas han sido sistemáticas y que se encuadran en la denominada “estética racista”.

En su página web el INADI rescata publicaciones periodísticas que considera destacadas. Allí figura, por ejemplo, publicaciones sobre el terrible gesto realizado por el obispo nazi, Richard Williamson, al abandonar el país y la posición del gobierno nacional ante tamaño personaje. En relación al caso de Villa maría, también se reproduce un artículo de “La Voz del Interior”, publicado el nueve de febrero del corriente año, donde constan las palabras de la delegada del INADI en la provincia de Córdoba, Adriana Domínguez, quién afirmó que el dictamen que ahora niega Acastello: "es la opinión del Inadi y tiene toda validez legal". Es más, el mencionado medio de prensa rescató la palabra de Domínguez cuando la misma señaló que el pronunciamiento "tiene efectos vinculantes si la denunciante decide hacerle juicio a la Municipalidad. No existen antecedentes de alguien que no haya ganado un juicio con un dictamen positivo del instituto".

Primero fue el secretario general y de gobierno del municipio, el médico Héctor Muñoz, quien relativizó el dictamen, ahora es el propio intendente quien niega lo que la propia delegada del INADI afirma y que fue comunicado a las partes con la firma del vicepresidente del organismo nacional.

¿A qué se está jugando? Las conductas de Rapetti revisten una gravedad acrecentada por su carácter de funcionario del Estado Municipal. Como si eso fuera poco se agrega la relativización de la conducta del funcionario a partir del apoyo del intendente y funcionarios municipales. En un país que tanto ha sufrido el desprecio de los derechos humanos por parte del Estado, sabemos bien que se está revictimizando a la señorita Combina. Desde la CTA esperamos que, de manera urgente, se construyan respuestas propias de un Estado que respeta los Derechos Humanos de los ciudadanos y en especial de los empleados municipales como la mencionada damnificada por el accionar de Rapetti.

Mujer del año en Corral de Bustos

La Municipalidad de Corral de Bustos ha declarado mujer del año a la compañera Gladys Teresa Rosalez, integrante del grupo de luchadores que desde la CTA elevaron su voz exigiendo que la verdad y la justicia verdadera surgiera en todo aquello que se desató luego de la pueblada del 4 de diciembre de 2006.

Desde el año pasado la administración municipal invita a los vecinos a votar por aquella mujer de la comunidad a la cual se considera meritoria para el galardón. A cada medio de prensa e institución intermedia de la localidad llegan planillas para poder expresar los fundamentos por qué se propone como mujer merecedora de la distinción.

Este año cuando se realizó el acto en que la ciudad reconoce a la mujer del año, Gladys fue reconocida y en los fundamentos decía que se le distinguía "por persecución constante de la verdad, portadora de un incansable espíritu de acción y compromiso por todas y cada una de las actividades que encara, su innegable inteligencia y capacidad resolutiva y fundamentalmente por tener un profundo sentir humano, sensible al dolor, la injusticia, su lucha y su búsqueda continua".

Luego que la ciudad se convocara al Auditorio Municipal el día 9 de marzo para hacerle entrega formal del reconocimiento, Gladys comenzó un recorrido por los medios de prensa de la región. En cada oportunidad resaltó lo que había crecido con la lucha y la lección que para ella significó el encuentro con los militantes de la CTA.

Rosalez no tenía ningún pariente o familiar preso por la persecución desatada luego de la pueblada, pero igual sintió llamada a participar y así fue que se convirtió en una de las principales figuras que animaron las diferentes acciones de lucha hasta lograr que “los ciudadanos presos de Corral de Bustos” fueran liberado y se comprobara que a los mismos se les había inventado cargos.

En cada entrevista Gladys recordó a Ariana Sabache, la niña de tres años que fuera violada y asesinada el 3 de diciembre de 2006. Hecho que indignó a un pueblo que venía sufriendo una virtual privación del servicio de justicia.

A cada momento Gladys recordó que ese caso puso una bisagra en la localidad, a la vez que señalaba que en este país existen demasiados niños sufriendo y que el compromiso de cada uno de nosotros en necesario y que hay que meter las manos en la cosa. Como en cada una de las marchas de más mil personas que se hicieron alrededor de la plaza del lugar, Rosalez repitió "No a la impunidad, sí a la justicia con la verdad".

Por último señaló que ella era una más, muchas veces alguien con mayor visibilidad, “pero la lucha fue entre todos y organizándonos”.

Felicitaciones compañera, que en usted se ha reconocido las mujeres luchadoras de Corral de Bustos, la ciudad donde ya no se tolera la impunidad.

Una tristeza en el día de la mujer

Desde la Central de Trabajadores de la Argentina saludamos a todas las mujeres trabajadoras en su día, rescatando el sentido primigenio de la fecha en cuanto a la igualdad de los géneros y reconociendo la importancia de la lucha que realizan muchas compañeras trabajadoras, de manera cotidiana, para lograr que sean reconocidos sus derechos y los de nuestro sector social.

Aunque mucho se ha avanzado en la materia, resulta innegable que aún persiste una desigualdad que se manifiesta en diferentes ámbitos públicos y privados.

Recordamos aquellas valientes mujeres que, en EEUU, terminaron incinerada por las llamas encendidas por los codiciosos patrones que, negando el pedido de mejores condiciones de trabajo, optaron por el asesinato de más de cien jóvenes obreras textiles. Hacemos votos para que esta fecha conmemorativa no sea vaciada del fuerte contenido reivindicativo de la misma. Por ello, desde la CTA , planteamos la tristeza que nos produce que la administración municipal no reconozca que el INADI estableció la discriminación, producida por el funcionario municipal Henry Rappetti, en contra de una trabajadora del Estado local. Mujer que ha tenido que soportar que se falseara su relación laboral, el robo de parte de su sueldo y, como si todo eso fuera poco, también un trato denigrante de parte del funcionario mencionado.

Cuando los trabajadores debemos escuchar “versiones” interesadas que tratan de relativizar el dictamen del INADI, lanzando veladas acusaciones o dudas sobre la conducta de la trabajadora, notamos cierta discriminación por género. Ante ello decimos que el INADI desarrolló un proceso en el cual cada parte presentó las pruebas y testimonios con los que contaba. Por lo cual sería importante que en lugar de cuestionar a la mujer que sufrió esa discriminación, el Estado local, reaccionara y desarrollara una conducta reparadora del daño producido.

Hasta ahora, con cierta tristeza, no se han visualizado reacciones lógicas en relación al respeto de los DDHH ante este dictamen del INADI, que es de conocimiento público. Esa aparente apatía pareciera asentarse tanto en el Poder Ejecutivo, el Concejo Deliberante como la Auditoría.

Igual no perdemos la esperanza de que surjan novedades acordes con los discursos respetuosos de los DDHH.

- CTA, Regional Villa María -

En su discurso para la apertura de las sesiones legislativas, el Intendente Municipal de Villa María, rescató tres de las numerosas propuestas que la regional de la CTA le hicieran llegar en la última entrevista con el mandatario. Se trata de la creación de una Secretaría de Derechos Humanos municipal, la generación de una instancia donde los vecinos pueda apelar las sentencias de los jueces de faltas municipales y la constitución, a nivel local, de un Consejo Económico y Social con la participación de organizaciones sociales, entidades vinculadas a la producción y el trabajo, junto a los centros educativos universitarios y de nivel terciario no universitarios de la ciudad. En relación a la Secretaría o Dirección de DDHH a nivel municipal, la CTA hace años viene planteando la cuestión con el ánimo de que exista un organismo oficial que se ocupe de promover los DDHH, prestar asesoramiento a quienes sienten que le han vulnerado algún derecho y un trabajo importante con los propios funcionarios del Estado. Es por ello que la generación de un espacio de este tipo no iría en contra, ni suplantaría, la actividad de las organizaciones de DDHH que existen en la ciudad dado que estas trabajan, básicamente a partir de las violaciones de los DHH que realizó, o realiza, el propio Estado en sus diferentes estamentos. en este punto no puede pasarse por alto, la necesidad de darle, por parte de las autoridades locales, un profundo tratamiento al dictamen del INADI que ha sido conocido en estos días. También hace tiempo que se venía pidiendo la constitución de un espacio de apelación para las sentencia de los jueces municipales, es esta una manera de poder asegurar el cumplimiento de cuestiones básicas del derecho. En la reunión con el intendente también se había planteado la necesidad de asesoramiento oficial para los contribuyentes que deben presentar descargos o apelar sentencias. No hace muchos años, antes de la dictadura, el el juzgado de faltas se ofrecían detallados formularios para la realización de descargos ante el juzgado municipal. En relación a la constitución de un Consejo Económico y Social, que fuera planteado por la CTA el 5 de febrero, es un espacio de considerable importancia para enfrentar los tiempos que vienen signados por la crisis económica y la necesidad de defender el empleo y el poder adquisitivo de los trabajadores.