Policía en Villa María: ¿Vigilar y castigar?

“¿Esta es la Policía que diseñaron para que vigile el cumplimiento de los derechos en Villa María?” A la opinión pública:

En primer término, para aclarar las cosas, hay que decir que queremos una Policía eficiente, confiable, que aporte seguridad a la ciudadanía y no que maltrate a los vecinos mediante prácticas propias de los años más oscuros de la historia Argentina. Cuando un policía golpea a inocentes vecinos, invade casas rompiendo muebles, no permite hacer una llamada telefónica a las personas demoradas en la Comisaría y otros atropellos similares, termina aumentando los niveles de inseguridad y desprestigiando el rol del Estado que deben cumplir. Un policía que no sabe disuadir, que se descontrola, que disfruta golpear y lograr que el vecino le tenga miedo por el daño que puede producir, es alguien que no está capacitado para cumplir su rol. Sabemos, y nos consta, que existen muy buenos policías. Pero también conocemos la historia de la fuerza policial de Córdoba, que va desde el fascismo de los años ‘30, el servicio a diferentes regímenes, la destitución de un gobernador y la participación en la represión ilegal de la sangrienta dictadura iniciada en 1976. Habiendo pasado 25 años desde la recuperación de la democracia, confiamos en la posibilidad de un accionar policial que se encuadre en el marco del respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos. Y aclaramos que, a diferencia de lo que se quiere hacer creer, no es contrario a la prevención y lucha contra el delito que, también debe decirse, no sólo debe ser combatido con el accionar policial. No se nos escapa que el accionar policial está ligado a la dirección política que le imprime el Gobierno provincial. Por ello nos asombra que el Gobierno no pueda advertir y reaccionar ante los hechos de violencia policial que, desde hace largo tiempo, vienen ventilándose públicamente en Villa María. Acaso, nos preguntamos, ¿se está pretendiendo volver a usar el miedo como técnica de disciplinamiento social? Hace un tiempo el jefe regional de la Policía se comprometió a controlar lo que reconoció como “excesos de algunos hombres” de esa fuerza. Claro que cuando existe un abismo entre lo que se dice y lo que se hace, las frases pueden repetirse, pero ya son palabras gastadas, deslucidas, sin brillo y poco creíbles. Continúan pasando cosas poco claras en algunos procedimientos policiales. Los hechos no parecen coincidir con eso de controlar a aquellos jóvenes de la fuerza que, según palabras del comisario Ferreyra, no tienen la formación adecuada. A esto lo dijo en varias reuniones, incluso en la que se desarrolló en la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Villa María. ¿Y el poder político qué dice? ¿Esta es la Policía que han diseñado para que vigile el cumplimiento de los derechos en Villa María? Las autoridades tienen la respuesta, pero como han gastado tanto las palabras, deberían responder con hechos concretos. No estaría mal discutir, en serio, la reforma del Código de Faltas de la provincia, que permite que la Policía, sin criterios claros, decida quien va detenido.

Patricia Volmaro Derna Montero Jesús Chirino José Luis Bernabé Federico Magrín Torres

Saludo a los trabajadores

1º de Mayo de 2009 - Cada día somos más luchando por lo nuestro La llegada de este 1º de Mayo, día del trabajador, se da en momentos en que la crisis económica golpea y los trabajadores debemos, una vez más, estar en la calle defendiendo los puestos de trabajos y el poder adquisitivo de los salarios. Por experiencia sabemos que la lucha debe darse desde lo colectivo, es por ello que la CTA Villa María se enorgullece de apoyar el surgimiento de una nueva organización gremial: Los compañeros trabajadores de taxis y remisses reciben esta significativa fecha habiendo dando el puntapié inicial para la constitución de su organización sindical. En una histórica asamblea, el martes 28 en la sede local de la ATE, los brazos de los compañeros se elevaron para votar por la comisión provisoria del Sindicato de Trabajadores del Volante de la Provincia de Córdoba. Los más de sesenta trabajadores eligieron a Daniel Vidal como secretario general, en tanto que Antonio Serafín Alves fue designado para el cargo de secretario adjunto. En la asamblea constitutiva de la organización también se eligieron, como integrantes de la conducción, a Andrés Florencio Sosa, Héctor Hugo Bellini, Hugo Rodolfo Martín, Gustavo Gabriel Díaz, Fabián Estaras y Raúl Villarreal. Estamos convencidos que perfeccionando la capacidad organizativa de la clase trabajadora podremos dar cada vez una mejor lucha por nuestros derechos. Es por ello que saludamos a todos los trabajadores y trabajadoras, en especial a los del volante; a los compañeros judiciales que desarrollan una lucha ejemplar contra un TSJ que pretende avanzar sobre los derechos de los trabajadores; a los de estatales que dan muestra de su capacidad para defender la fuente de trabajo; a los municipales que siguen levantando las banderas del pase a planta permanente de los precarizados y el aumento para los facturantes; a los trabajadores de prensa que pelean contra el trabajo en negro y el derecho a la información; a los compañeros de UTRACOS que siguen reclamando su personería gremial; a los integrantes de la VACAP que luchan contra la violencia policial: a los panaderos que continúan reclamando mejores condiciones laborales y a cada trabajador que, más allá de la organización que pertenezca, asuma que esta crisis no la pagaremos los trabajadores. Quienes estamos convencido de esto refrendaremos esa afirmación luchando desde lo colectivo.

En este 1º de Mayo renovamos el compromiso de lucha en defensa de nuestros derechos y abrazamos a cada compañero y compañero trabajador de la ciudad y región, y cada organización integrada a la CTA.

Judicializaron una grave denuncia contra la Policía

Claudia Chirino formalizó en Tribunales la acusación pública que efectuó el domingo a través de las páginas de EL DIARIO. La causa quedó en manos del fiscal Daniel Del Vö, quien luego deberá remitírsela a su colega Gustavo Atienza

La mujer que acusó públicamente a varios efectivos de la Unidad Departamental, entre ellos el comisario José Audicio Martínez y el cabo Adrián Alberto Mina, se presentó ayer en el Palacio de Justicia local para formalizar la denuncia penal por un nuevo caso de violencia policial y “abuso de autoridad”.

Claudia Graciela Chirino concurrió a los Tribunales acompañada por dos dirigentes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), quienes pusieron a su disposición los servicios de un abogado para asesorarla legalmente. Chirino, quien denunció públicamente el caso en la edición de EL DIARIO del pasado domingo, se hizo presente a las 9 en la Fiscalía de Instrucción del Tercer Turno, a cargo de Daniel Del Vö (que está de turno esta semana), donde relató ante el secretario Juan José Aguilar detalles de lo sucedido al caer la noche del viernes en su domicilio de barrio San Justo.

El expediente se inició en dicha dependencia por cuestiones de organización judicial, pero en los próximos días será remitido al fiscal Gustavo Atienza, que estaba de turno al momento de producirse el hecho.

Junto a los dirigentes José Luis Bernabé y Jesús Chirino, la mujer (prima hermana de este último) expuso ante el secretario Aguilar pormenores de los incidentes registrados a partir de las 20.30 del viernes en su casa de San Lorenzo 945, y que terminaron alrededor de la 1 de la madrugada en la Comisaría de Distrito.

Lo que denunció

Según explicó Graciela en aquella denuncia pública, “estábamos por empezar a festejar que mi hijo Walter cumplía 15 años. El salió en moto con un amigo a comprar en el almacén de la vuelta una gaseosa. Cuando volvieron, detrás de él llegaron las camionetas del CAP y rodearon mi casa”.

La mujer añadió que los efectivos “estaban como locos, tratando de agarrar a los que asaltaron el supermercado Issis, hacía un rato. Y, no sé por qué, sospecharon de mi hijo, y se vinieron”.

“Entraron a la casa sin ninguna orden judicial -agregó-, apuntándonos con las itakas. Nos golpearon, nos pegaron a todos, rompieron un grabador, tiraron la heladera al suelo, desparramaron los cuadros de las paredes, nos insultaron, fueron muy groseros y finalmente metieron a mi hijo en la camioneta y se lo llevaron a la Comisaría a las trompadas. Mis otros hijos, todos menores, lloraban y gritaban ante semejante situación”.

En otro momento de su conmovedor relato, Claudia Chirino destacó que los policías intervinientes “eran un montón” y precisó que “todos vestían uniforme”.

“Sólo alcancé a reconocer al comisario Martínez y a uno al que le vi la plaquita, que fue de los más groseros y prepotentes, y se llama Adrián Mina. Después, afuera, había un hombre canoso, de traje, muy formal, que yo creí que era el fiscal. Le pregunté quién era y me dijo, mirándome con desprecio, que era de la Departamental, pero no sé quién es”, detalló la denunciante.

“De mala gana y a los gritos”

Por otra parte, Bernabé y Chirino relataron a este matutino que la semana pasada fueron a Tribunales para conversar con el fiscal Atienza, pero éste sólo los recibió en la barandilla “de muy mala gana y a los gritos”, según explicaron.

Los dirigentes de la CTA pretendían dialogar con el funcionario sobre los reiterados casos de abuso policial, a lo que el fiscal les respondió: “Hay gente en la ciudad, y en algunos sectores de la prensa, que se dedican a desprestigiar a la Policía”.

Finalmente, Bernabé y Chirino se retiraron del Palacio de Justicia sin poder abordar la cuestión.

“En realidad, quienes desprestigian a la Policía son los malos policías que la integran y que suelen actuar así cuando él (Atienza) está de turno”, dijeron ayer los integrantes de la central obrera al ser consultados por EL DIARIO.

Nota publicada en El Diario: empresa recuperada por sus trabajadores de prensa y gráficos.

Villa María también dice: "Juicio a los genocidas ya"

Desde Villa María también decimos, fuerte y claro, "Jucio a los genocidas, ya"

Militantes y abogados de derechos humanos, junto a familiares de víctimas del Terrorismo de Estado; dirigentes sociales, sindicales y políticos, se reunieron para exigir el inicio de los juicios por crímenes de lesa humanidad que aún no fue fijada por la justicia. Asimismo, se solidarizaron con Luis Baronetto quien recusó al Juez Otero Alvarez por complicidad con la dictadura. La reunión de prensa contó con la presencia de abogados de derechos humanos, familiares e hijos de víctimas del terrorismo de Estado, dirigentes sociales,sindicales y políticos. No estuvo presente Luis Miguel Baronetto, quien se trasladó a La Rioja para realizar diligencias relacionadas con la causa del asesinato de Monseñor Enrique Angelelli, cuyo cadáver se exhumaba el miércoles, y de la que es querellante.

La convocatoria fue realizada para aclarar dos cuestiones. Por un lado, exigir que los juicios por violaciones a los derechos humanos tengan fecha concreta de inicio. Y por otro, apoyar al dirigente y militante sindical y de derechos humanos, Luis "Vitín" Baronetto, quien fuera atacado mediáticamente de retrasar el inicio de los juicios por haber recusado al Juez Otero Álvarez. Los presentes consideran que la trayectoria de Baronetto está fuera de toda discución. Un documento sucinto expresa lo enunciado.

"Ante declaraciones que abonan a la confusión generalizada respecto a la situación jurídico- procesal de los juicios por violaciones a los derechos humanos en nuestra provincia y los agravios hacia el compañero Luis Miguel Baronetto, nos vemos en la obligación de aclarar y fijar posicionamiento sobre estas cuestiones:

Sobre el retraso de los juicios

* Debe tenerse en cuenta que no puede suspenderse un juicio que no tiene fecha de inicio. El mismo tribunal no ha fijado fecha alguna. Así lo ha informado el actual Presidente del Tribunal Oral Nº1, José Muscará al Consejo de la Magistratura el pasado 31 de marzo.

* El eventual retraso del juicio en ciernes no es consecuencia de la denuncia de Baronetto presentada hace un año en el Consejo de la Magistratura contra el juez Otero Álvarez por complicidad con la dictadura, sino producto de las estrategias dilatorias de funcionarios judiciales que actúan corporativamente.

* Además, existen mecanismos procesales (Ley Nº 26.376) para el reemplazo de jueces en pocos días, con jueces subrogantes y conjueces. (Fue entregada a la prensa una copia del acta-acuerdo firmada por Jaime Diaz Gavier, Carlos Otero Álvarez y José V. Muscará donde se designan los conjueces para el año 2009)".

El texto afirma además que "los militares y policías fueron el brazo ejecutor del Terrorismo de Estado" y subraya que "para poner en funcionamiento la maquinaria criminal fue indispensable la complicidad y la colaboración de personas e instituciones de la sociedad, entre la que se destacaron por su importancia las instancias judiciales. Ninguna dictadura militar se ha podido sostener en el tiempo, sin la complicidad de las instituciones que componen la sociedad: el poder económico, la iglesia, medios de comunicación y el poder judicial".

El documento finaliza con el reclamo de justicia y exige además "la urgente conformación de Tribunales idóneos, ética y moralmente, para la impostergable realización de los Juicios a los genocidas".

Adhieren al comunicado: Militantes, funcionarios y dirigentes sindicales, sociales, políticos y de derechos humanos: CTA, Centro Tiempo Latinoamericano, miembros de la Conadep Córdoba, bancarios transferidos, ex-presos políticos, familiares de desaparecidos, hijos y familiares de fusilados de la UP1, abogados querellantes en causas de derechos humanos, Sonia Torres, Juan Carlos Giuliani (CTA- Nacional), Víctor De Gennaro (CTA-Nacional), Guido Dreizik (CISPREN-CTA), Oscar Mengarelli (CTA-Córdoba), Roberto Bardach (CTA-Córdoba Capital), Carlos Vicente (Vice intendente de la ciudad de Córdoba), Raúl Sánchez (Secretario de Derechos Humanos de la Prov incia de Córdoba), Norma Morandini (Diputada Nacional), Mónica Gutierrez (ANSES), Sergio Cornatosky (UEPC), Carlos Orzaocoa, Sergio Ortiz (Partido de Liberación), Marysel Segovia (Casa del Liberado), Jesús Chirino (CTA Villa María), Federico Laje, Hugo Pérez (Río Cuarto), José María Budassi (Secretario Derechos Humanos de SUTEBA y CTA, San Nicolas), Grupo Juan XXIII, Padre Rafael Velasco (Universidad Católica de Córdoba), Grupo Junín de Pergamino, Ernesto Ponsati, María Elena Mercado, Luis Reinaudi, Carlos Eduardo Waquin, Gerardo Batistori, María Elba Martínez (SERPAJ), Hugo Vaca Narvaja (SERPAJ), Departamento de Discapacidad de la CTA, Concejal Marta Juárez (Libres del Sur-Comisión DDHH Concejo Deliberante), Miguel Apontes (Frente Político Territorial Evita), Ezequiel Gamarro (Movimientos Barrio de Pie), Fernando Cortéz (Movimiento Libres del Sur-Regional Córdoba), Armando Fernández (Partido Nuevo), Daniel A. López (Revista La Esquina), Gustavo Gómez (Centro Tiempo Latinoamericano), Hugo Mamani (Centro Tiempo Latinoamericano), Partido Comunista, entre otros.

APDH fijó posición acerca de caso de discriminación

La Asamblea Permanente Por los Derechos Humanos, fijó posición acerca del caso de la discriminación que ejerciera un funcionario municipal del Villa María, en perjuicio de una trabajadora municipal. En la nota de dos carillas, cuyas imagen está aquí, entre otros conceptos dice "En este estado de cosas, esta Asamblea adhiere al estudio y posterior dictamen del INADI, destacándose que el mismo es el órgano máximo de interpretación y/o aplicación de la ley nº 23.592".

Los trabajadores no pagaremos la crisis

Fuerte grito de los trabajadores villamarienses NO PAGAREMOS LA CRISIS. Ya probamos la receta de los años 90, sabemos la peligrosidad de ese veneno y no aceptaremos pagar esta crisis.

Estamos en la calle, reclamando acciones concretas para enfrentar la crisis que protejan a los trabajadores. Imágenes de la marcha desarrollada en Villa María el día 22 de abril de 2009.

En honor a la verdad, la memoria y la justicia

Se ha dado un paso importante para desterrar la impunidad en el seno del Poder Judicial cordobés, en este caso al calificar al magistrado Carlos Otero Álvarez, como “colaboracionista con los delitos de lesa humanidad”, en el único dictamen sujeto a votación en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Sin embargo el juez ha presentado la renuncia al 31 de julio, lo que significa que –si no se buscan otros subterfugios– existe tiempo suficiente para el próximo juicio, que sospechosamente todavía no tiene fecha de inicio. En honor a la verdad, mi denuncia administrativa al Juez Carlos Otero Álvarez por connivencia con el terrorismo de Estado fue realizada hace un año atrás (el 14 de abril de 2008) ante el Consejo de la Magistratura, después de la recusación judicial contra este mismo Juez que presentaron los abogados Martín Fresneda y Claudio Orosz, de H.I.J.O.S. Mal puede argumentarse ahora que haya sido hecha para obstruir el próximo juicio a los genocidas. Pero hace un año también se criticó mi denuncia porque obstruiría el juicio Brandalisis, caratulado “Menéndez, Luciano Benjamín y otros, homicidio agravado, etc..”. La realidad sin embargo demostró la equivocación: el juicio se hizo y los genocidas están condenados. ¿Por qué tanto interés ahora en la crítica pública? En honor a la verdad, no es verdad que se haya suspendido ningún juicio. Porque no puede suspenderse un juicio que no tiene fecha de inicio, tal como lo ha informado el actual Presidente del Tribunal Oral 1 Dr. José Muscará al Consejo de la Magistratura el pasado 31 de marzo/09. Si no hay juicio es porque el mismo tribunal no ha fijado fecha alguna. ¿A la espera de nuevas recusaciones? En honor a la verdad, cualquier ciudadano sabe que existen mecanismos procesales para reemplazar un juez en pocos días: por fallecimiento, por enfermedad, por inhibición, por recusación. Para eso existen los jueces subrogantes y los conjueces. En honor a la justicia, ninguna de estas dificultades existirían si el Poder Judicial hubiese depurado sus filas y se hubiesen cubierto las vacantes, posibilitando mayor credibilidad de la ciudadanía y apostando al fortalecimiento y mejor calidad institucional. Una resolución judicial aunque siempre sea legal nunca tendrá calidad ética si está suscripta por un magistrado que por aquella connivencia con los genocidas debiera haberse apartado, como lo han hecho prudentemente otros. En honor a la justicia, sólo con tribunales renovados y funcionarios judiciales transparentes se podrán acelerar los juicios, sin los riesgos de las demoras que ocasionan las tramas de complicidades de la corporación judicial. Por eso debe reclamarse la urgente constitución de tribunales habilitados legal y moralmente para no retrasar los juicios que exigimos desde que apenas sufrimos la desaparición y el asesinato de nuestros compañeros y familiares, hace más de treinta años, a la misma justicia que ya entonces integraba Carlos Otero Álvarez, manteniéndose siempre en el silencio cómplice. En honor a la memoria de nuestros muertos y desaparecidos, no queremos una justicia sospechada ni funcionarios que con su firma son responsables del encubrimiento de crímenes de lesa humanidad. Que la legalidad jurídica esté sustentada en la legitimidad ética. En honor a la memoria, nuestros muertos y desaparecidos que lucharon por una sociedad más justa y equitativa, se merecen instituciones creíbles, con funcionarios y militantes que no apañen a los cómplices probados del terrorismo de Estado. En honor a la justicia y a la memoria, la verdad es que miembros destacados de la Justicia Federal cordobesa que por muchos años han apañado la impunidad, -haciendo gala de su tradicional actitud corporativa- apelan a nuevas excusas para dilatar los juicios a los genocidas que han postergado indefinidamente. En el caso del Juez Otero Álvarez defendiéndolo para que pueda lavarse la cara actuando hoy como juez de la misma Constitución que ayer subordinó al estatuto y “leyes” del terrorismo de Estado. Y en otros, con sobreseimientos por prescripción de la acción penal en causas judiciales que se tramitan en el Juzgado Federal Nª 2, donde están imputados ex- funcionarios judiciales y el mismo Otero Álvarez, hoy en apelación concedida. En honor a la verdad, a la justicia y a la memoria, agradezco la solidaridad expresada hasta este momento por militantes, funcionarios y dirigentes sindicales, sociales, políticos y de derechos humanos, como la CTA, Centro Tiempo Latinoamericano, Sonia Torres, Dr. Raúl Sánchez, Juan Carlos Giuliani, miembros de la Conadep Córdoba, ex-presos políticos, familiares de desaparecidos, hijos y familiares de fusilados de la UP1, abogados querellantes en causas de derechos humanos y tantos y tantas otros y otras con quienes compartimos luchas y proyectos. Sin dilaciones arteras, juicio y condena ya, en cárcel común, a los genocidas. Luis Miguel Baronetto Secretario Adjunto de la CTA Córdoba y Director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba.

“Para que la crisis no la paguen los trabajadores”

El 22 de abril se realizará una marcha en la ciudad convocada por la CTA Villa María. Adhieren varios gremios e instituciones intermedias.

Tal como lo aprobó el Congreso Nacional de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), los miembros de esa organización en Villa María realizarán, igual que en el resto del país, una marcha con la consigna “para que la crisis no la paguen los trabajadores”. La marcha es el miércoles 22 de abril. Los trabajadores de la Fábrica Militar nucleados en ATE abandonarán tareas a las 10 de la mañana para concentrarse frente a Tribunales, desde donde partirá la marcha. Están invitadas a participar todas las organizaciones que coincidan con el planteo. Además, la marcha es con miras a un paro nacional en reclamo de una recomposición de salarios acorde al aumento real del costo de vida. La CTA Villa María delineó los aspectos de la organización en una reunión realizada el martes a la noche en la sede de ATE. Participaron representantes del sindicato anfitrión, de los jubilados municipales y de prensa; como así también algunas organizaciones intermedias. “La consigna es muy clara. Siempre que hay bonanza los trabajadores no participamos de las ganancias y cuando hay crisis somos los que tenemos que pagar las consecuencias”, sintetizó Franco Gazzoli, secretario General del gremio de prensa (Cispren Villa María), quien participó del Congreso Nacional en el que se resolvió la protesta. Publicado en El Diario

Funcionario municipal que descriminó

Las autoridades no reaccionan ante los actos discriminatorios de funcionario municipal en Villa María

El Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo (INADI) ha emitido un dictamen en el que, de manera oficial y con la firma del vicepresidente del organismo, comunicó que según lo valorado a partir de la denuncia 4356/08 el señor Henry Rapetti ha desarrollado conductas discriminatorias en perjuicio de la señorita Celeste Combina. Conocido el caso se han producido varias opiniones, incluso algunas que proponen la naturalización de las conductas discriminatorias, otras desvirtúan el caso distorsionando los datos del mismo. Por ello es necesario aclarar algunos puntos. Luego de denunciar, donde se debe, Celeste Combina se sometió a un proceso en el cual fueron evaluadas las pruebas presentadas por las partes. La voz oficial del INADI puede leerse en el mencionado dictamen. Rapetti tuvo la oportunidad de pedir disculpas y no quiso hacerlo. El señor Rapetti es funcionario público y sus conductas discriminatorias fueron desarrolladas estando en función. De allí que llame la atención el desinterés de concejales y Auditor Municipal. En el dictamen del INADI se reproduce la definición de conducta discriminatoria escrita en la Ley 23.591 y, tomando el decreto 1086/05, las conductas en cuestión pueden encuadrase en las “nuevas modalidades de racismo: la estética racista”. En la conducta discriminatoria no sólo está presente la arbitrariedad si no también el prejuicio del sujeto que discrimina. Por ello es importante no sumar prejuicios emitiendo opiniones basadas en la relativización de las conductas discriminatorias. También debe aclararse que las conductas de Rapetti no han tenido origen en un contexto de agresiones mutuas con la señorita Combina. Tampoco hay que caer en el error de creer que este hombre se refirió a Combina, haciendo alusión a su peso, una o dos veces. Está probado que desarrolló un alto grado de violencia verbal y sistemática para, refiriendo características físicas, expresar desprecio hacia la damnificada. Resumiendo, produjo daño, no quiso pedir disculpas ni ha hecho nada para reparar. Aparte, existen varios testimonios en sede judicial señalando que Rapetti se quedaba con parte del sueldo de diferentes trabajadores. Cuestión que ha sido denunciada públicamente y que está en manos de los fiscales locales, sin que se den noticias de avances en el caso. Central de Trabajadores de la Argentina

ATE convoca a legisladores

Para el lunes 20, los trabajadores nucleados en ATE están organizando una Jornada Nacional para que diputados y senadores nacionales se den cita en Villa María, para discutir, enriquecer y acompañar el proyecto por el que la Dirección de Fabricaciones Militares pase a conformarse en Sociedad del Estado. La reunión resta confirmar la presencia de los representantes de las cámaras, aunque no son pocos los que adelantaron su presencia. "La idea principal es que las fábricas militares vuelvan a ser las que eran, porque sólo quedan cuatro de aquellas 16 y de 25 mil trabajadores quedan 1600", deslizaron desde ATE. Además, indicaron que el espíritu del proyecto prohíbe la incorporación de capitales privados y en otro ítem la privatización de las mismas. Plenario abierto Con la denominación de Plenario Abierto, se lleva a cabo en la ciudad de Córdoba e integrado por la CTA y los partidos Obrero y otros, una multisectorial que apoya el proyecto presentado por la legisladora Liliana Olivero para prohibir los despidos y evitar que de esta manera los grupos económicos y las patronales en general amorticen la crisis. El proyecto busca ver la luz de la unicameral en las próximas semanas, y para ello esta multisectorial llevará adelante nuevas movilizaciones. La primera de éstas se realizó el viernes 27 de marzo.

Publicado en El Diari