En honor a la verdad, la memoria y la justicia

Se ha dado un paso importante para desterrar la impunidad en el seno del Poder Judicial cordobés, en este caso al calificar al magistrado Carlos Otero Álvarez, como “colaboracionista con los delitos de lesa humanidad”, en el único dictamen sujeto a votación en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Sin embargo el juez ha presentado la renuncia al 31 de julio, lo que significa que –si no se buscan otros subterfugios– existe tiempo suficiente para el próximo juicio, que sospechosamente todavía no tiene fecha de inicio. En honor a la verdad, mi denuncia administrativa al Juez Carlos Otero Álvarez por connivencia con el terrorismo de Estado fue realizada hace un año atrás (el 14 de abril de 2008) ante el Consejo de la Magistratura, después de la recusación judicial contra este mismo Juez que presentaron los abogados Martín Fresneda y Claudio Orosz, de H.I.J.O.S. Mal puede argumentarse ahora que haya sido hecha para obstruir el próximo juicio a los genocidas. Pero hace un año también se criticó mi denuncia porque obstruiría el juicio Brandalisis, caratulado “Menéndez, Luciano Benjamín y otros, homicidio agravado, etc..”. La realidad sin embargo demostró la equivocación: el juicio se hizo y los genocidas están condenados. ¿Por qué tanto interés ahora en la crítica pública? En honor a la verdad, no es verdad que se haya suspendido ningún juicio. Porque no puede suspenderse un juicio que no tiene fecha de inicio, tal como lo ha informado el actual Presidente del Tribunal Oral 1 Dr. José Muscará al Consejo de la Magistratura el pasado 31 de marzo/09. Si no hay juicio es porque el mismo tribunal no ha fijado fecha alguna. ¿A la espera de nuevas recusaciones? En honor a la verdad, cualquier ciudadano sabe que existen mecanismos procesales para reemplazar un juez en pocos días: por fallecimiento, por enfermedad, por inhibición, por recusación. Para eso existen los jueces subrogantes y los conjueces. En honor a la justicia, ninguna de estas dificultades existirían si el Poder Judicial hubiese depurado sus filas y se hubiesen cubierto las vacantes, posibilitando mayor credibilidad de la ciudadanía y apostando al fortalecimiento y mejor calidad institucional. Una resolución judicial aunque siempre sea legal nunca tendrá calidad ética si está suscripta por un magistrado que por aquella connivencia con los genocidas debiera haberse apartado, como lo han hecho prudentemente otros. En honor a la justicia, sólo con tribunales renovados y funcionarios judiciales transparentes se podrán acelerar los juicios, sin los riesgos de las demoras que ocasionan las tramas de complicidades de la corporación judicial. Por eso debe reclamarse la urgente constitución de tribunales habilitados legal y moralmente para no retrasar los juicios que exigimos desde que apenas sufrimos la desaparición y el asesinato de nuestros compañeros y familiares, hace más de treinta años, a la misma justicia que ya entonces integraba Carlos Otero Álvarez, manteniéndose siempre en el silencio cómplice. En honor a la memoria de nuestros muertos y desaparecidos, no queremos una justicia sospechada ni funcionarios que con su firma son responsables del encubrimiento de crímenes de lesa humanidad. Que la legalidad jurídica esté sustentada en la legitimidad ética. En honor a la memoria, nuestros muertos y desaparecidos que lucharon por una sociedad más justa y equitativa, se merecen instituciones creíbles, con funcionarios y militantes que no apañen a los cómplices probados del terrorismo de Estado. En honor a la justicia y a la memoria, la verdad es que miembros destacados de la Justicia Federal cordobesa que por muchos años han apañado la impunidad, -haciendo gala de su tradicional actitud corporativa- apelan a nuevas excusas para dilatar los juicios a los genocidas que han postergado indefinidamente. En el caso del Juez Otero Álvarez defendiéndolo para que pueda lavarse la cara actuando hoy como juez de la misma Constitución que ayer subordinó al estatuto y “leyes” del terrorismo de Estado. Y en otros, con sobreseimientos por prescripción de la acción penal en causas judiciales que se tramitan en el Juzgado Federal Nª 2, donde están imputados ex- funcionarios judiciales y el mismo Otero Álvarez, hoy en apelación concedida. En honor a la verdad, a la justicia y a la memoria, agradezco la solidaridad expresada hasta este momento por militantes, funcionarios y dirigentes sindicales, sociales, políticos y de derechos humanos, como la CTA, Centro Tiempo Latinoamericano, Sonia Torres, Dr. Raúl Sánchez, Juan Carlos Giuliani, miembros de la Conadep Córdoba, ex-presos políticos, familiares de desaparecidos, hijos y familiares de fusilados de la UP1, abogados querellantes en causas de derechos humanos y tantos y tantas otros y otras con quienes compartimos luchas y proyectos. Sin dilaciones arteras, juicio y condena ya, en cárcel común, a los genocidas. Luis Miguel Baronetto Secretario Adjunto de la CTA Córdoba y Director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba.