Se pide respeto por los DDHH

El INADI (Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) se expidió en contra de las conductas discriminatorias que el funcionario de la municipalidad de Villa María, Henry Rapetti, tuviera en perjuicio de la señorita Celeste Combina.

Por estos días el intendente municipal, Eduardo Acastello, manifestó que no existe dictamen del INADI en relación al caso Rapetti. Criterio que claramente no es compartido por el organismo nacional que en su página de Internet, en el apartado de “Prensa y difusión”, rescata lo informado en El Diario (de Villa María) en relación a la existencia de un pronunciamiento oficial del INADI que estableció que Rapetti tuvo una actitud discriminatoria contra Combina. Allí se señala que, para establecer el carácter discriminatorio del accionar de Rapetti se tomaron testimonios a varios empleados y que las agresiones del funcionario municipal no tuvieron lugar en un contexto de agresiones mutuas. Acalarando que las mismas han sido sistemáticas y que se encuadran en la denominada “estética racista”.

En su página web el INADI rescata publicaciones periodísticas que considera destacadas. Allí figura, por ejemplo, publicaciones sobre el terrible gesto realizado por el obispo nazi, Richard Williamson, al abandonar el país y la posición del gobierno nacional ante tamaño personaje. En relación al caso de Villa maría, también se reproduce un artículo de “La Voz del Interior”, publicado el nueve de febrero del corriente año, donde constan las palabras de la delegada del INADI en la provincia de Córdoba, Adriana Domínguez, quién afirmó que el dictamen que ahora niega Acastello: "es la opinión del Inadi y tiene toda validez legal". Es más, el mencionado medio de prensa rescató la palabra de Domínguez cuando la misma señaló que el pronunciamiento "tiene efectos vinculantes si la denunciante decide hacerle juicio a la Municipalidad. No existen antecedentes de alguien que no haya ganado un juicio con un dictamen positivo del instituto".

Primero fue el secretario general y de gobierno del municipio, el médico Héctor Muñoz, quien relativizó el dictamen, ahora es el propio intendente quien niega lo que la propia delegada del INADI afirma y que fue comunicado a las partes con la firma del vicepresidente del organismo nacional.

¿A qué se está jugando? Las conductas de Rapetti revisten una gravedad acrecentada por su carácter de funcionario del Estado Municipal. Como si eso fuera poco se agrega la relativización de la conducta del funcionario a partir del apoyo del intendente y funcionarios municipales. En un país que tanto ha sufrido el desprecio de los derechos humanos por parte del Estado, sabemos bien que se está revictimizando a la señorita Combina. Desde la CTA esperamos que, de manera urgente, se construyan respuestas propias de un Estado que respeta los Derechos Humanos de los ciudadanos y en especial de los empleados municipales como la mencionada damnificada por el accionar de Rapetti.