NO AL TRABAJO EN NEGRO, tanto en el Estado como en lo privado

Con la presencia de representantes de diversas instituciones de la ciudad, anoche en el local de ATE - CTA Villa María, se realizó la reunión convocada por CTA para tratar la precarización laboral que se produce en el Estado Municipal y el ámbito privado. Entre otros pudo observarse la presencia de Jorge Valinotto por el juecismo, Ismael Díaz junto a otros dirigentes del radicalismo, Jorge Heredia por ATE, representantes del CISPREN, la asesora letrada de CTA y, también, se recibió una llamada del sector de Raúl Costa presentando las disculpa por la ausencia de ese dirigente que no podía llegar a tiempo par aparticipar del encuentro. En la edición del día de la fecha de El Diario se rescatan los principales puntos del debate que se produjo en la reunión: “Los derechos del trabajador son indiscutibles”, sentenció la abogada Cecilia Pérez Correa, asesora legal de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), y agregó de inmediato que desde el municipio de Villa María se avasallan “como se dice en el ámbito jurídico: con alevosía”. El panorama brindado desde los distintos sectores reunidos fue argumento necesario para coincidir en llevar adelante medidas que acompañen el accionar jurídico que encabeza la abogada con los casos de ex trabajadores de la Municipalidad villamariense y con la causa que ahora atiende el INADI (Instituto Nacional contra la discriminación y la xenofobia) contra un funcionario de la gestión de Nora Bedano de Accastello. Dirigentes de la CTA Regional Villa María, de la Unión Cívica Radical (UCR), Movimiento Evita, Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Frente Cívico y Social, entre otras, debatieron anoche la situación actual de los trabajadores municipales, pero incluyeron en ese panorama lo que atañe también al sector privado en la ciudad. “Los argumentos sobran para sostener una causa noble”, dijo el radical Carlos Gagliano, y citó como ejemplo el pase a planta permanente de los trabajadores de la salud de la provincia. En el mismo sentido subrayó que “no hay proyecto político sin recursos humanos”. Por su parte, Camilo Rodríguez, titular de la CTA, instó a que no sea esa entidad sola la que se muestre preocupada. “La precarización laboral no es sólo un problema de los trabajadores”, indicó, refiriéndose a que los costos son absorbidos siempre por la sociedad, tanto por los juicios que debe pagar la comuna o porque así se produce un desconocimiento de las arcas del Estado, ya que “no se conoce la cantidad de empleados que tiene el municipio porque el SUOEM (Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales) está en manos del oficialismo”. Sin embargo, añadieron que ingresaron 100 nuevos trabajadores al plantel municipal y que son más de 600 los precarizados. MUCHO MIEDO “Además de precarización existe una persecución constante. Recibimos a trabajadores temblando como una hojita, de miedo, ya que les dicen que si se quejan no conseguirán trabajo en otro lugar”, aseveró Jesús Chirino, secretario de Derechos Humanos de la CTA villamariense. “Hay una fiesta accastellista que vamos a terminar pagando todos”, dijo, y la frase sonó sólo como una frase, puesto que todos los presentes conocen esa realidad y abonaron sobre la misma. José Luis Bernabé agregó que “las agremiaciones empresariales deberán involucrarse en esta discusión porque es claro que han articulado su poder con el sector privado”. “No es casualidad que Eduardo Accastello se saque una foto por semana con personajes del poder político y económico de la ciudad”, sostuvo. Jorge Valinotto fue cauto a la hora de señalar que los casos que se analicen deberán tener en cuenta que “esta administración aparenta un gran esfuerzo por no cometer errores”. A su vez, Ismael Díaz expresó que “Accastello no es un adversario político sino un enemigo público”. PONER LÍMITES “Con el caso Rapetti (por supuesta discriminación de dos trabajadoras) se ponen límites”, dijo la abogada Pérez Correa, porque “los funcionarios están impunes”, en el eje de esta temática. Como anticipando una conclusión del encuentro, la letrada instó a “un acompañamiento de las instituciones reunidas anoche cada vez que se presente un amparo en la Justicia, porque tiene mayor peso. Lo que se busca no es una indemnización sino la defensa de la fuente de trabajo, la estabilidad del empleado público”. “Hay que tener convencimiento y poner límites a este accionar de los funcionarios”, insistió.