El penoso
fallecimiento del turista entrerriano José Fortina en la provincia de
Córdoba, fruto de la falta de atención oportuna en Villa Carlos Paz,
más la denuncia de otro caso similar según informó hoy la prensa local,
desnuda la crisis de la atención en el sistema sanitario cordobés.
Tal como viene denunciando la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) desde hace tiempo, el Ministerio de Salud, que es responsable último de garantizar la cobertura médica de los cordobeses así como de los visitantes de otras provincias, no cumple con sus obligaciones.
Se ha transformado en un negocio la atención sanitaria, vaciando de camas el sistema de salud pública y abandonado su razón de ser, para beneficiar a los sectores privados, que nunca tienen espacio para atender a los pacientes sin obra social.
Como única respuesta, el ministro Oscar González pretende sancionar a los médicos del sistema público, sin apuntar a los verdaderos responsables, las clínicas privadas que tienen convenio con el Apross y con la Provincia. Estos convenios las obligan por ley a prestar el servicio. Vale señalar que este no es un acto de caridad ya que el sector privado factura dicha atención.
Además, la perversión del sistema vigente conlleva a la exigencia del pago de plus por parte de los prestadores, que en estos casos de urgencia son miles de pesos, tal como trascendió en la prensa. Los pagos configuran una verdadera estafa, en tanto las clínicas le cobran al paciente en primera instancia y al Estado con posterioridad. Esta situación, que no es nueva, se ha enquistado en el sector prestacional privado con la complicidad de los funcionarios públicos desde hace años.
Sin embargo, como es recurrente en Córdoba, nadie renuncia ni se hace cargo de las responsabilidades políticas propias de los cargos que ejercen.
González hace política sanitaria mediática, en vez de atender las reales necesidades sanitarias de la provincia y adaptar la salud pública a los requerimientos de la población.
Desde ATE reclamamos que se abra la discusión sobre un cambio urgente y profundo en el sistema sanitario, con la participación de los gremios y demás sectores de la comunidad.
Evidentemente estos cambios exigen, como primera medida, que el gobernador Juan Schiaretti reemplace a los actuales funcionarios por otros que prioricen la salud como un derecho de la población y no como un negocio meramente lucrativo.
Por otro lado, y ante la denuncia de la médica del Hospital Misericordia, Anatilde Díaz, referida a las presiones que sufrió por parte de del director del nosocomio, ATE repudia a Raúl Re, funcionario en cuestión y exige su inmediato apartamiento del cargo.
Según Díaz, el director de hospital la obligó a firmar un documento falaz que aseguraba que había camas disponibles al momento de fallecer el turista entrerriano José Fortina para, de esa forma, deslindar responsabilidades del Ministerio de Salud en el caso.
Re hace tiempo avasalla los derechos de los trabajadores, con el objetivo de cumplir con las consignas de la cartera conducida por Oscar González para acallar las denuncias de los trabajadores y el sinnúmero de calamidades que se producen diariamente en el centro de salud, muestras contundentes de que el sistema sanitario cordobés se encuentra colapsado y en estado de descomposición, como consecuencia de las políticas implementadas por González, tanto durante el gobierno de José Manuel De la Sota como en la actualidad.
Nuestra organización viene denunciando la persecución que sufren los trabajadores del Hospital a manos de Re. De hecho, desde la semana pasada se intenta trasladar a nuestro delegado Roberto Ramos a pesar de contar con fueros gremiales que lo protegen de las arbitrariedades de la dirección del Misericordia. En consecuencia, la conducta de Re encuentra una línea de continuidad en el tiempo.
Exigimos que el Gobierno Provincial destierre este tipo de conductas, más propias de la dictadura militar que de la etapa democrática que vivimos, y tome medidas urgentes para detener el descalabro que envuelve al Misericordia, mínima expresión de la crítica situación de emergencia sanitaria a la cordobesa.
* Secretaria General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) de Córdoba
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