El silencio oficial “revela el alto grado de autoritarismo”

La abogada de la Central de Trabajadores Argentinos de Córdoba, Cecilia Pérez Correa, subrayó ayer el “alto grado de autoritarismo” de la Municipalidad de Villa María y sostuvo que el presunto caso de fraude laboral en que incurre “tiene pocos antecedentes” en el país. Las declaraciones que la letrada realizó a EL DIARIO se refirieron a la denuncia que presentaron las trabajadoras de la comuna Alicia Falco y Celeste Combina, quienes se desempeñan en el área de Deporte y Turismo y que, poco después de hacer pública su situación, no pudieron ingresar a su lugar de trabajo porque les habían cambiado la cerradura. Falco denunció que se le hacen “facturar” 1.150 pesos mensuales y que de ese monto, debe entregar 380 pesos a Combina en concepto de pago de su respectivo salario. En tanto, es obligada a entregarle a funcionarios municipales 150 pesos para un “fondo”. Ambas “emplazaron al municipio a través de un telegrama para que se aclare la situación”, comentó Pérez Correa, quien resaltó que desde el Ejecutivo “no han contestado nada, lo que revela un alto grado de autoritarismo”. “Cualquier empleador habla con su trabajador. En este caso, no ha existido respuesta alguna”, señaló la abogada. Adelantó que la CTA presentará en las próximas horas una denuncia ante el INADI (Instituto Nacional contra la discriminación, la xenofobia y el racismo) por la supuesta discriminación que sufrió Combina por parte de Henry Rapetti, el titular de Deporte y Turismo en el Gobierno de Nora Bedano, funcionario “que fue premiado” -al decir de la letrada- ya que Eduardo Accastello definió su continuidad al frente de la misma área. “Este país es insólito”, se lamentó Pérez Correa. Delito El fiscal de Instrucción del Primer Turno, Félix Martínez, le remitió los antecedentes al titular de la fiscalía del Segundo Turno, Gustavo Atienza, para que investigue al municipio ante la denuncia de la CTA sobre las condiciones laborales de los trabajadores y el manejo del dinero público. “Podemos estar frente al delito de extorsión, porque se le exige al empleado que entregue dinero, de lo contrario no tiene trabajo”, explicó Correa en alusión a la denuncia de Falco y Combina de que el Ejecutivo les retenía 150 pesos de su sueldo “para un fondo común”. “También estaríamos frente al delito de malversación de fondos públicos”. “Penalmente, (la comuna) va a estar comprometida”, dijo. Pérez Correa indicó que la CTA “nacionalizará el conflicto” y comentó que “en otras municipalidades existe personal contratado, lo que es una ilicitud, pero acá hablamos no sólo de incumplimientos de normas, sino de fraude; de la posible comisión de delitos”. “Siempre manejan con el temor de la gente a perder su fuente de trabajo”, subrayó. Andreis, sin respuestas La psicóloga Nadia Andreis tampoco recibió respuesta alguna de la Municipalidad de Villa María sobre los motivos por los que se la dejó afuera del Centro de Estudios sobre Violencia Familiar y el Centro Enrique Elissalde. Tal como informó este diario días atrás, la comuna tomó imprevistamente la decisión de que Andreis quede fuera del Elissalde, donde desempeñaba su profesión desde hace tres años y que cese la coordinación del Centro de Estudios sobre Violencia familiar. Andreis era facturante y sin previo aviso, le informaron que la comuna había prescindido de sus servicios. Ninguno de sus superiores le explicó los motivos. “Sigo esperando respuestas. No sé absolutamente nada”, dijo ayer a EL DIARIO Andreis, al ser consultada vía telefónica.

Contra la democracia sindical -

Quizás el acto más democrático que existe en las organizaciones gremiales es la elección de delegados. Allí se eligen aquellos compañeros de trabajo, con los que se comparten las jornadas laborales, para que nos representen ante la patronal. En el día de la fecha ese elemental, pero profundo, acto democrático se desarrolló en el Hospital Regional “Luís Pasteur” de Villa María. Pero, la fiesta democrática no fue completa, fue tristemente empañada por el director del nosocomio. El médico Guillermo Tomas impidió que los afiliados de ATE-CTA pudieran emitir su voto en el edificio del hospital. El gremio, que cuenta con setenta afiliados en el lugar, debió armar la mesa de votación en la vereda a la vez que el baúl de un automóvil ofició de cuarto oscuro. Para justificar esta actitud, discriminatoria y reñida un elemental sentido democrático, el director del hospital se amparó en un cuestionado dictamen (nº168) que en 2005 libró la Dirección General de Personal de la Provincia de Córdoba negando jurisdicción al gremio en contraposición de lo establecido por el Ministerio de Trabajo de la Nación que sí le reconoce ATE incumbencia en todo el ámbito estatal, tanto nacional, provincial como municipal. Pero es Villa María, con Tomas, el único ámbito provincial donde se ha dictado esta autoritaria medida dificultando el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. La organización gremial igual realizó la apertura de la mesa de votación en la vereda del Hospital, elevándole a la delegación provincial del Ministerio de Trabajo de la Nación el acta que por la situación se levantó a las seis de la mañana. La actitud despótica de Tomas no puede ser despegada de otros casos que vienen sucediendo los últimos días en Villa María, como el despido “telefónico” de una psicóloga municipal, la no respuesta a la solicitud de cese de actos discriminatorios contra dos empleadas municipales y la denuncia del impedimento para ingresar a sus lugares de trabajo que sufrieron. Un dato que no debe escaparse es que ATE-CTA hace más de 15 años que posee afiliados y realiza actividades gremiales en el Hospital “Luís Pasteur”, pero los grandes problemas con los directores de la institución se iniciaron hace aproximadamente un lustro cuando se apoyó una denuncia por robos de drogas oncológica en el lugar. Otra costado importante de este lamentable hecho de cercenamiento de la libertad de los trabajadores, es el hecho de que Villa María, según la óptica de quienes gobiernan la provincia, parece no poseer médico capaces para hacerse cargo de la dirección del establecimiento. Cuestión que debiera ser revisada dado que es necesario que aquellos que cumplan ese rol tengan una importante inserción social, cuestión en la que la actual dirección no se destaca.

PERSECUCIÓN A TRABAJADORAS DEL MUNICIPIO DE VILLA MARÍA

A la precarización laboral que supo conseguir la administración municipal de los últimos cuatro años en Villa María, ha sumado la discriminación y la persecución a quiénes reclaman por sus derechos. En los últimos días dos trabajadoras del Área Turismo denunciaron la violación de sus derechos. Acto seguido, las autoridades municipales respondieron con una actitud muy violenta, cambiaron la cerradura del lugar en que trabajan estas personas, impidiéndoles cumplir con sus tareas. Las denuncias públicas de las mujeres son de gravedad y demandan el accionar serio y responsable de las instituciones que hacen a la vida democrática de la sociedad. Por una parte han dejado en claro que la administración de Nora Bedano de Accastello oculta la relación laboral que mantienen con ellas, obligándolas a entregar parte de sus sueldos en manos de funcionarios. También contaron actos discriminatorios hacia una de las trabajadoras, relataron como el encargado de la mencionada área municipal, Henry Rappetti, se burla de la señorita María Celeste Combina a raíz de su exceso de peso. Lo señalado por Combina y su compañera Alicia Falco, configura un cuadro de violencia hacia los trabajadores que ha sido rematado con el impedimento del ingreso al lugar de trabajo. Horas después de que estas mujeres se animaran a denunciar públicamente su situación se encontraron con que ya no podían abrir la puerta de la cabina de información turística, donde trabajaban. - - EL REPARTO DE RAPPETTI: Para el cobro de su sueldo a la señora Alicia Falco se le hace “facturar” 1.150 pesos. Todos los mese pasa a buscar el cheque que le extiende el municipio para luego entregar parte de ese dinero, 380 pesos, a Combina en concepto de pago de su respectivo salario. Por último Falco es obligada a entregarle a funcionarios municipales 150 pesos para un misterioso fondo. Es decir que no solo se disfraza la relación laboral (fraude) que tienen estas trabajadoras, sino que también se les saca dinero de sus sueldos para un fondo que queda en manos de funcionarios municipales. - - LA FISCALÍA ENTERADA: La CTA, regional Villa María, ha puesto en conocimiento al fiscal Martínez, que estaba de turno el día de la denuncia pública, de todos los antecedentes. El fiscal prometió pasarle los antecedentes al fiscal Gustavo Atienza para que actúe de oficio. La actuación de la fiscalía se enmarcaría en los deberes de los funcionarios dado que hay información pública que hace presumir que se está ante un grave delito que quizás se extienda a la situación de otros “facturantes”, “volutarios” o contratados del municipio. Un simple ejercicio matemático hace que dimensionemos las importantes cifras que se podrían estar moviendo en una actividad de este tipo. Si tenemos en cuenta que en el municipio, solo los trabajadores “facturantes” superan el número de 300 y, supongamos, 200 de ellos dejaran 150 pesos para el “fondito”, significaría 30 mil pesos mensuales, que sumarían 360 mil pesos al año y casi un millón y medio de pesos en los cuatro años de una gestión. Suma demasiado grande para dejarla en la nebulosa y no aclarar cómo se manejan los dineros públicos, es necesario aclararlo por el buen nombre y honor de los funcionarios, de los empleados y la tranquilidad de los ciudadanos. Ante todo esto, las trabajadoras, realizaron el reclamo vía administrativa como corresponde, pero el municipio no ha emitido opinión. La negativa a responder, la actitud de ignorar el pedido de las trabajadoras y la decisión de impedir el ingreso al lugar de trabajo, no hace más que confirmar la violencia que se ejerce sobre estas mujeres y otros trabajadores.

ATE - CTA Villa María - Jorge Heredia, Sec. General

. El líder de la Comisión Directiva de ATE Villa María, señala los principales objetivos del trabajo de la organización. Desde el martes 11 hasta el lunes 17 ATE realizará las elecciones de delegados en las distintas reparticiones públicas en las que tiene afiliados.