El silencio oficial “revela el alto grado de autoritarismo”

La abogada de la Central de Trabajadores Argentinos de Córdoba, Cecilia Pérez Correa, subrayó ayer el “alto grado de autoritarismo” de la Municipalidad de Villa María y sostuvo que el presunto caso de fraude laboral en que incurre “tiene pocos antecedentes” en el país. Las declaraciones que la letrada realizó a EL DIARIO se refirieron a la denuncia que presentaron las trabajadoras de la comuna Alicia Falco y Celeste Combina, quienes se desempeñan en el área de Deporte y Turismo y que, poco después de hacer pública su situación, no pudieron ingresar a su lugar de trabajo porque les habían cambiado la cerradura. Falco denunció que se le hacen “facturar” 1.150 pesos mensuales y que de ese monto, debe entregar 380 pesos a Combina en concepto de pago de su respectivo salario. En tanto, es obligada a entregarle a funcionarios municipales 150 pesos para un “fondo”. Ambas “emplazaron al municipio a través de un telegrama para que se aclare la situación”, comentó Pérez Correa, quien resaltó que desde el Ejecutivo “no han contestado nada, lo que revela un alto grado de autoritarismo”. “Cualquier empleador habla con su trabajador. En este caso, no ha existido respuesta alguna”, señaló la abogada. Adelantó que la CTA presentará en las próximas horas una denuncia ante el INADI (Instituto Nacional contra la discriminación, la xenofobia y el racismo) por la supuesta discriminación que sufrió Combina por parte de Henry Rapetti, el titular de Deporte y Turismo en el Gobierno de Nora Bedano, funcionario “que fue premiado” -al decir de la letrada- ya que Eduardo Accastello definió su continuidad al frente de la misma área. “Este país es insólito”, se lamentó Pérez Correa. Delito El fiscal de Instrucción del Primer Turno, Félix Martínez, le remitió los antecedentes al titular de la fiscalía del Segundo Turno, Gustavo Atienza, para que investigue al municipio ante la denuncia de la CTA sobre las condiciones laborales de los trabajadores y el manejo del dinero público. “Podemos estar frente al delito de extorsión, porque se le exige al empleado que entregue dinero, de lo contrario no tiene trabajo”, explicó Correa en alusión a la denuncia de Falco y Combina de que el Ejecutivo les retenía 150 pesos de su sueldo “para un fondo común”. “También estaríamos frente al delito de malversación de fondos públicos”. “Penalmente, (la comuna) va a estar comprometida”, dijo. Pérez Correa indicó que la CTA “nacionalizará el conflicto” y comentó que “en otras municipalidades existe personal contratado, lo que es una ilicitud, pero acá hablamos no sólo de incumplimientos de normas, sino de fraude; de la posible comisión de delitos”. “Siempre manejan con el temor de la gente a perder su fuente de trabajo”, subrayó. Andreis, sin respuestas La psicóloga Nadia Andreis tampoco recibió respuesta alguna de la Municipalidad de Villa María sobre los motivos por los que se la dejó afuera del Centro de Estudios sobre Violencia Familiar y el Centro Enrique Elissalde. Tal como informó este diario días atrás, la comuna tomó imprevistamente la decisión de que Andreis quede fuera del Elissalde, donde desempeñaba su profesión desde hace tres años y que cese la coordinación del Centro de Estudios sobre Violencia familiar. Andreis era facturante y sin previo aviso, le informaron que la comuna había prescindido de sus servicios. Ninguno de sus superiores le explicó los motivos. “Sigo esperando respuestas. No sé absolutamente nada”, dijo ayer a EL DIARIO Andreis, al ser consultada vía telefónica.