Así lo manifestó la Mesa Coordinadora Nacional de organizaciones de
jubilados y pensionados, en su comunicado N°952 de principio del mes de julio, en donde convocaba a la
marcha de todos los miércoles a las 14.45 en Rivadavia frente al
Congreso de la Nación en reclamo por el 82% móvil.
El comunicado de prensa de la Mesa Coordinadora Nacional de
Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina,
entidad adherida a la CTA, decía textualmente:
"El Estado debe participar con recursos tributarios en el
financiamiento de las jubilaciones y pensiones; la participación
tripartita es necesaria y está auspiciada por la OIT como forma de
distribución de los ingresos; lo que no es lógico es que esto se haga a
través de impuestos indirectos como el I.V.A. Las personas de bajos
ingresos gastan la totalidad de los mismos en consumos mientras que los
de mayores ingresos, lo hacen parcialmente subsidiando al sector
empresario, a costa de los consumidores, produciéndose una
redistribución al revés: de los más pobres a los más acomodados.
Tal fue el caso de la rebaja de contribuciones patronales por los
decretos 209/93, 292/95 y 492/95, que fue objetada hasta por el propio
FMI. Implicó la perdida del 38,6 % de los ingresos de recursos genuinos
al sistema previsional, equivalentes al 1,6% de nuestro P.B.I.
Restableciéndolas hoy para las grandes empresas, se contaría con
recursos por unos $ 20.000 millones anuales. Se trató de un subsidio al
sector empresario, provocando la rebaja de las prestaciones del fondo de
desempleo, las obras sociales, las asignaciones familiares y el PAMI.
Pagaron pasividades militares, se precancelaron Bocones, los gastos
administrativos de la D.G.I. se incorporaron Cajas provinciales
deficitarias. La evasión previsional ronda el 50 % de lo recaudable
desde hace muchos años; agreguemos las moratorias. En definitiva, de lo
que se trata es de la falta de voluntad política para recaudar y de
protección al evasor. Entre cobrar más al empleador o rebajar las
prestaciones prefieren esto último.
No es que no se pueda sino que no se quiere. Se trata de decisiones
de política social o de política antisocial para la distribución del
ingreso y el producido del crecimiento económico. De política social y
no de política económica. Lejos de lo que aconseja la OIT: tranquilidad y
no incertidumbre sobre el nivel y calidad de vida a que tenemos derecho
en la ancianidad.
Nuestro país sigue adherido a las pautas del Banco Mundial, que
establece que la seguridad social sólo debe ocuparse del alivio a la
pobreza, dejando librada la cobertura de las contingencias sociales a la
iniciativa individual.
Las leyes 24.241 y 24.463 violan los derechos y garantías
constitucionales; en consecuencia deben ser derogadas e instrumentarse
una nueva ley que armonice la letra y el espíritu del Art.14 Bis de la
Constitución Nacional. Nosotros hemos aportado con la confección de un
proyecto de nueva Ley Previsional. Ustedes, señores legisladores, deben
poner manos a la obra aprobando lo que allí reclamamos y que no tengamos
necesidad de continuar con los juicios que por derecho propio
seguiremos instrumentando".
Finalmente, bajo el lema "No a la criminalización de la protesta social", la Mesa Coordinadora de Jubilados reclama:
*) El 82% móvil en la misma categoría, cargo y/o función del trabajador activo.
*) Por $ 1.600 de jubilación Mínima Vital y Mòvil y el restablecimiento de las escalas jubilatorias.
*) Por la aprobación de la Ley de Previsión ya presentqada en el Congreso.
*) Por el PAMI dirigido por sus auténticos dueños, los jubilados y trabajadores.
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