Golpes en comisarías, razzias arbitrarias.
La
presentación tuvo lugar en el Pasaje Dardo Rocha de la Ciudad de La
Plata , y contó con la participación de unas 300 personas, entre ellos
el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el presidente de la
Comisión provincial por la memoria, Hugo Cañón, el ex juez español
Baltasar Garzón y en representación de la FJA y la AJB los dirigentes
José Luis Ronconi y Hugo Blasco, respectivamente.
Entre otros datos impactantes, el informe da cuenta de más 11 mil
casos de torturas y 116 personas muertas en el Servicio Penitenciario
provincial, sólo en el año 2009. “Al 26 de marzo de 2010 se alojaban en
las 54 cárceles bonaerenses 26.092 personas”, detalló Roberto Cipriano,
coordinador del Comité contra la Tortura. “Y en 310 comisarías había
4.040 detenidos, lo que hace un total de 30.132 detenidos. Esta gestión
incrementó la cantidad de detenidos en 3.145 personas. El 77 % de los
adultos en prisión preventiva. En mujeres, ese porcentaje trepa al 85 % y
en jóvenes en institutos de menores, al 70 %”.
Cipriano denunció que en el último año crecieron las detenciones, que
“hay una inflación del sistema penal” y que “la mayoría está preso por
las dudas”. “Si hubiéramos denunciado esto solos nos hubieran tratado de
locos, pero hay tres instancias internacionales que reclamaron que se
termine con la tortura en la provincia de Buenos Aires”. Y citando al
juez federal Leopoldo Schiffrin, dijo que “la única forma de legitimar
los juicios contra la dictadura es metiéndose con las torturas del
presente”.
El informe consigna que la cárcel de Olmos continúa siendo el lugar
donde suceden más muertes, registrándose el deceso de 19 personas en
2009. Hay un aumento de muertes por enfermedades, y más del 7% está
infectado con Sida. En ese sentido, Cipriano también cargó contra
algunos funcionarios judiciales que “no conocen las condiciones de
detención y ni siquiera los dejan morir en su hogar” cuando los matan
enfermedades que en otras condiciones serían evitables.
También mencionó que las políticas de niñez son “ineficientes”, que
hay “serios problemas de aplicación de las leyes de niñez; falta que se
aplique la Interministerial , el Observatorio Social, el Defensor del
Niño”, así como las instancias municipales, “los servicios locales y
consejos locales”. Además, “las leyes no son acompañadas por los
presupuestos necesarios”, incluso “se redujeron programas de atención a
la infancia” y “faltan de datos e información al respecto”.
Respecto al Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, “el 70% de los
jóvenes están en prisión preventiva” y “se continúan utilizando medidas
de seguridad, de privación de la libertad para menores de 16 años”, que
son alojados en institutos que en la práctica “funcionan como cárceles”,
lejos de poder trabajar la responsabilidad penal de los jóvenes.
En el plano legislativo, las deficiencias se observaron en que “se
insistió con modificaciones regresivas de la ley de responsabilidad
penal juvenil y que incluso tuvo media sanción en el Senado y se impulsó
un proyecto de contravenciones”.
Cipriano, terminó su discurso con el relato de un pibe que tuvo el
coraje de denunciar cada vez que la policía lo torturó, y que finalmente
asesinaron en una cárcel de dos puñaladas y por falta de atención
médica a debido tiempo.
Pérez Esquivel, presidente del Serpaj e integrante de la Comisión ,
invitó a quienes critican los informes “que se acerquen a recorrer los
lugares de detención junto al Comité para comprobar la veracidad de los
datos”. Al mismo tiempo señaló que se observa “un agravamiento de la
situación de la niñez”, que los institutos de menores “son depósitos
humanos”, y que hay “un crecimiento de los detenidos sin un debido
proceso”.
El Presidente de la Comisión , Hugo Cañón, señaló que el objetivo de
este informe es que se traduzca en políticas públicas, ya que “la matriz
autoritaria todavía está vigente y hay que modificarla”. Para disipar
críticas, aclaró que no se trata de denuncias coyunturales, sino de la
presentación de un trabajo que se viene realizando anualmente.
El último en tomar la palabra fue Baltazar Garzón, quien señaló que
“para que esto funcione, se necesita el compromiso de la policía, el
poder político y los jueces”. Asimismo, el juez dijo: “Me he quedado
impresionado” y agregó: “no puedo creer que haya personas detenidas en
estas condiciones”. “Es gravísimo- añadió- que el poder judicial delegue
las investigaciones en la policía. Los políticos y los legisladores
tienen cuotas de responsabilidad para asumir”.
Fuente: ACTA
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