PERSECUCIÓN A TRABAJADORAS DEL MUNICIPIO DE VILLA MARÍA

A la precarización laboral que supo conseguir la administración municipal de los últimos cuatro años en Villa María, ha sumado la discriminación y la persecución a quiénes reclaman por sus derechos. En los últimos días dos trabajadoras del Área Turismo denunciaron la violación de sus derechos. Acto seguido, las autoridades municipales respondieron con una actitud muy violenta, cambiaron la cerradura del lugar en que trabajan estas personas, impidiéndoles cumplir con sus tareas. Las denuncias públicas de las mujeres son de gravedad y demandan el accionar serio y responsable de las instituciones que hacen a la vida democrática de la sociedad. Por una parte han dejado en claro que la administración de Nora Bedano de Accastello oculta la relación laboral que mantienen con ellas, obligándolas a entregar parte de sus sueldos en manos de funcionarios. También contaron actos discriminatorios hacia una de las trabajadoras, relataron como el encargado de la mencionada área municipal, Henry Rappetti, se burla de la señorita María Celeste Combina a raíz de su exceso de peso. Lo señalado por Combina y su compañera Alicia Falco, configura un cuadro de violencia hacia los trabajadores que ha sido rematado con el impedimento del ingreso al lugar de trabajo. Horas después de que estas mujeres se animaran a denunciar públicamente su situación se encontraron con que ya no podían abrir la puerta de la cabina de información turística, donde trabajaban. - - EL REPARTO DE RAPPETTI: Para el cobro de su sueldo a la señora Alicia Falco se le hace “facturar” 1.150 pesos. Todos los mese pasa a buscar el cheque que le extiende el municipio para luego entregar parte de ese dinero, 380 pesos, a Combina en concepto de pago de su respectivo salario. Por último Falco es obligada a entregarle a funcionarios municipales 150 pesos para un misterioso fondo. Es decir que no solo se disfraza la relación laboral (fraude) que tienen estas trabajadoras, sino que también se les saca dinero de sus sueldos para un fondo que queda en manos de funcionarios municipales. - - LA FISCALÍA ENTERADA: La CTA, regional Villa María, ha puesto en conocimiento al fiscal Martínez, que estaba de turno el día de la denuncia pública, de todos los antecedentes. El fiscal prometió pasarle los antecedentes al fiscal Gustavo Atienza para que actúe de oficio. La actuación de la fiscalía se enmarcaría en los deberes de los funcionarios dado que hay información pública que hace presumir que se está ante un grave delito que quizás se extienda a la situación de otros “facturantes”, “volutarios” o contratados del municipio. Un simple ejercicio matemático hace que dimensionemos las importantes cifras que se podrían estar moviendo en una actividad de este tipo. Si tenemos en cuenta que en el municipio, solo los trabajadores “facturantes” superan el número de 300 y, supongamos, 200 de ellos dejaran 150 pesos para el “fondito”, significaría 30 mil pesos mensuales, que sumarían 360 mil pesos al año y casi un millón y medio de pesos en los cuatro años de una gestión. Suma demasiado grande para dejarla en la nebulosa y no aclarar cómo se manejan los dineros públicos, es necesario aclararlo por el buen nombre y honor de los funcionarios, de los empleados y la tranquilidad de los ciudadanos. Ante todo esto, las trabajadoras, realizaron el reclamo vía administrativa como corresponde, pero el municipio no ha emitido opinión. La negativa a responder, la actitud de ignorar el pedido de las trabajadoras y la decisión de impedir el ingreso al lugar de trabajo, no hace más que confirmar la violencia que se ejerce sobre estas mujeres y otros trabajadores.