¿Permiso para difundir derechos ciudadanos?

Militante de la VACAP, organización de vecinos que se encuentra adherida a la CTA y realiza actividades solicitando se termine con los excesos policiales, esta tarde al estar repartiendo folletos en los que se encuentran impresos los derechos que asisten a los ciudadanos en circunstancias de ser abordados por alguien de las denominadas "fuerzas del orden", fueron interpelados de muy mala manera por agentes de Seguridad Ciudadana, dependencia del municipio local.

Lo sintegrantes de la VACAP fueron increpados de muy mala manera señalándoseles que debía contar con permiso del Poder Ejecutivo local para realizar esa actividad. que desarrollaban en la inemdiaciones del denominado Paseo de los Artesanos en la costanera de la ciudad.

Sería novedoso, y peligroso, que para informar de los derechos que nos asisten en democracia tengamos que recibir permisos de funcionario alguno. Desde la CTA se considera que lo sucedido, que ya ha pasado otras veces, es un desborde de quienes actuaron en la oportunidad. Por ello realizará las presentación de la situación, con las quejas correspondientes, ante las autoridades municipales. A las 17,45 Hs. de la tarde los militantes de la organización se retiraron del lugar, luego de recibir la amenaza de que si no lo hacían podían llamar la policia para hacerlos detener. Un asituación intolerable en tiempos en que rige el Estado de Derecho y la democracia. Todos se fueron con la seguridad de haber recibido una situación más mediante la cual se les trata de intimidar. El militante político Reyes Martínez no sacercó esta opinión sobre el hecho: 27/07/09

"No tengo motivos para dudar de veracidad de la denuncia de los compañeros de la VACAP, aunque en una primera impresión nos resulte inadmisible que ocurran estos hechos en Villa María y nada menos por quienes debieran garantizar el ejercicio pleno de las libertades democráticas y el derecho a la libre expresión de las opiniones.

Cabría formular una denuncia penal por este atropello, que vulnera no solo principios claramente establecidos en nuestra Constitución Nacional, en la Provincial y en nuestra Carta Orgánica Municipal, sino también y fundamentalmente los derechos humanos que hemos conquistado todos los ciudadanos derrotando a la dictadura más feroz y sanguinaria, como conquista civilizadas que jamás permitiremos que las vuelvan a concular y ni siquiera restringir".-

Para que el pueblo no pague la crisis del capitalismo

Jornada Nacional de Movilización el 7 de agosto

La Central de Trabajadores de la Argentina realizará el 7 de agosto una marcha hacia el Ministerio de Trabajo de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las delegaciones de la cartera laboral en todas las capitales de provincia, en respaldo a su reclamo de políticas públicas universales para que la crisis del capitalismo no la pague el pueblo.

La Mesa Nacional de la Central de Trabajadores de la Argentina dispuso una jornada de movilización de alcance nacional para el próximo 7 de agosto, en lo que significa la continuidad del plan de acción votado por unanimidad por el Noveno Congreso Nacional de Delegados que deliberó en el teatro Margarita Xirgu de la Capital Federal el 30 y 31 de marzo.

El 7 de agosto, miles de compañeros y compañeras de todo el país se movilizarán frente al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires y frente a las agencias territoriales de la repartición laboral en las capitales de provincia para reclamar una justa redistribución de la riqueza y la efectiva vigencia de libertad y democracia sindical.

Por otro lado, la conducción nacional de la CTA se declaró en estado de sesión permanente y decidió ratificar, ante la próxima convocatoria al Consejo del Salario, la Producción y el Empleo, su posición histórica en demanda de un Salario Mínimo, Vital y Móvil acorde con las necesidades de los trabajadores y al valor de la Canasta Básica. Además, dispuso mantener reuniones cada treinta días para monitorear el estado de situación y diseñar las acciones conducentes a enfrentar el impacto de la crisis.

La Jornada Nacional de Movilización del 7 de agosto frente a las sedes del Ministerio de Trabajo de la Nación en todo el país, se llevará a cabo en proximidades de la celebración del Día del Niño, oportunidad propicia para que la CTA haga explícito su rechazo al proyecto de ley de baja de edad para la imputabilidad de los menores que ya fuera sancionada en general en el Senado de la Nación. A los pibes hay que protegerlos y no protegerse de ellos que, en todo caso, son las víctimas de un sistema injusto y violento.

Lo que se pide

El conjunto de medidas acordadas en la última reunión de la Mesa Nacional de la CTA que deliberó el 17 de julio en la sede del Hotel 27 de Junio de ATE en Parque Lezama de la Capital Federal, representa la continuidad del plan de acción que se iniciara el 22 de abril con una Jornada Nacional con paros y movilizaciones en todo el país y que continuara con el Paro Nacional del pasado 27 de mayo.

Los trabajadores no estamos dispuestos a aceptar de brazos cruzados la destrucción de puestos de trabajo, congelamiento y reducción de salarios, ajuste de tarifas en los servicios públicos y las presiones patronales para devaluar el peso y preservar sus privilegios.

Los tarifazos en la energía, el agua, el transporte y el gas estrangulan el poder de compra de los trabajadores. Este cuadro de situación, agravado por el contexto de crisis global del capitalismo, es el combustible que alimenta el conflicto social que crece y se propaga inflamado por la desigualdad que impera en la Argentina.

La apelación al diálogo social debe formularse para avanzar en el diseño de políticas públicas de alcance universal que erradiquen el hambre y la exclusión en nuestro país. La pobreza, la desigualdad, la concentración y extranjerización de la riqueza, la devastación de nuestros recursos naturales, la redistribución del ingreso, constituyen temas insoslayables para encauzar cualquier diálogo colectivo serio y productivo entre los actores del quehacer nacional.

La CTA viene reclamando una Ley de Emergencia Ocupacional que prohíba los despidos por 180 días, defendiendo los puestos de trabajo, los salarios y los derechos de los trabajadores; discusiones paritarias libres para sostener el nivel adquisitivo de los salarios y convocatoria inmediata al Consejo del Salario; universalización de la Asignación por Hijo y reformulación del Seguro de Empleo y Formación para que alcance a todos los jefes y jefas de hogar desocupados y un aumento de emergencia para jubilados y pensionados hasta llegar al 82% móvil.

Plantea también profundizar el proceso de nacionalizaciones, empezando por el sector energético; sancionar una nueva Ley de Entidades Financieras, con una regulación que tenga en cuenta los intereses sociales y el desarrollo del país, fomentando el crédito productivo e iniciar una Reforma Impositiva que modifique la regresión del actual sistema, comenzando por el inmediato rediseño del impuesto a las ganancias, eliminando las actuales exenciones a las rentas financieras, las operaciones de bolsa y a las ganancias de capital.

La Central pide además sancionar leyes que resguarden el medio ambiente contra la explotación indiscriminada de los recursos naturales, poniendo fin a la acción depredatoria de la explotación minera y la expansión de la frontera agrícola sobre bosques y humedales y obrar en consecuencia con la OIT y el fallo de la Suprema Corte de Justicia y otorgar la Personería gremial a la CTA.

El próximo viernes 7 de agosto, pues, las trabajadoras y trabajadores de la Central, junto a otras organizaciones populares, una vez más ganarán las calles de todo el país para hacer sentir su voz para que impere la justicia social. Portagonizando la protesta y el conflicto social y aportando al debate nacional una batería de propuestas tendientes a modificar de raíz la injusta matriz de distribución del ingreso en la Argentina. Hoy, más que nunca, la CTA reivindica con orgullo su autonomía del Estado, los partidos políticos y las patronales.

Imagen de archivo. Fuente: ACTA Agencia de Noticias de la CTA

La única verdad es la realidad, y la realidad es que el salario no alcanza

Asambleas en la Casa Municipal y la Universidad Popular de Villa María

En la asamblea realizada en la Casa Municipal de la esquina Sobral y Mendoza, con un gran número de presentes, los trabajadores del Estado local ratificamos la necesidad de una recomposición salarial a partir del primer día de agosto.

A las 7,30 de la mañana se inició el encuentro en el cual se informó, de manera detallada, acerca de lo sucedido en la reunión de delegados gremiales y miembros de la Comisión Directiva del SUOEM desarrollada ayer en la sede sindical de calle Catamarca.

Luego de valorar el incremento del costo de vida, la insuficiencia de los salarios que se cobran, el aumento que se otorgó a los funcionarios políticos y el superávit de 6,5 millones que declara el municipio, los trabajadores votamos por una demanda de una recomposición salarial del 15% “como piso”, más el 3 % que se adeuda del aumento anterior según el compromiso del propio intendente municipal.

También se votó que la adecuación salarial, más allá del momento en que se cierre el acuerdo, tenga vigencia a partir del primer día de agosto tal cual se planteó en la reunión de delegados, para lo cual los trabajadores sostenemos la necesidad de iniciar de forma inmediata las tratativas con el Poder Ejecutivo.

Por otra parte se reiteró el reclamo de ingreso a planta de personal permanente de todos los trabajadores precarizados. Se analizó que a pesar del acuerdo con la intendencia para la incorporación de siete trabajadores a planta, cada mes, en la realidad eso no se respeta e incluso en diferentes reparticiones aún no se han incorporado a quienes ganaron concursos de ingreso. Se dijo que luego de diez años en que la administración municipal está a cargo del mismo sector político, existen menos empleados de planta permanente que entonces y mayor cantidad de precarizado, sobre el particular se escuchó decir “han batido todos los record”.

Estas posiciones también han sido ratificadas por el voto, en su lugar de trabajo, por los trabajadores de la Universidad Popular y sus delegados.

Eduardo Gustavo Giambroni - Jesús Chirino -José Luis Bernabé

Prisión para los adolescentes a partir de los 14 años

Sobre el Régimen Penal Juvenil y sus motivaciones 22/07/09

Por Claudia Cesaroni

El miércoles 8 de julio el Senado de la Nación aprobó en general un proyecto de Régimen Penal Juvenil, que se aplicaría a los adolescentes de 14 a 18 años.

Como se recordará, esa semana la Cámara de Diputados resolvió no sesionar, así como otros organismos oficiales, con motivo de la expansión de la gripe A. El Senado, por decisión de su presidente Julio Cleto Cobos, sesionó igual. El 8 de julio, día previo al feriado nacional por el Día de la Independencia, y al “asueto sanitario” resuelto para toda la Administración Pública Nacional, no había nadie en las gradas, ni prácticamente periodistas que registraran el debate. La sesión se inició a las 14.48 y finalizó a las 18.10. Se trataron muchos otros asuntos, además del Régimen Penal Juvenil, por lo que no se le deben haber dedicado a su debate más de dos horas.

Los proyectos que se tomaron en consideración fueron los de la senadora Perceval del Frente para la Victoria, que se unificó con el de la Senadora Escudero, del Partido Justicialista y del Senador Morales, de la UCR.

La Senadora Perceval representa a la provincia de Mendoza, en la que fueron condenados a prisión perpetua tres adolescentes por delitos cometidos antes de los 18 años de edad. Uno de ellos apareció colgado en una celda de aislamiento, en junio de 2005. La Senadora Escudero representa a la provincia de Salta, en la que, en tres hechos sucedidos en 2005 y 2008, fallecieron quemados y asfixiados 13 adolescentes menores de 18 años en dos comisarías (diez en la Comisaría 20 de Orán, y tres en la Comisaría del Aeropuerto). El Senador Morales representa a la provincia de Jujuy, donde los adolescentes privados de libertad están alojados en unidades de adultos, bajo la custodia de personal penitenciario. Todas estas situaciones -perpetuas a menores, alojamiento de adolescentes en comisarías y establecimientos penitenciarios- están prohibidas taxativamente por normas de jerarquía constitucional. Sin embargo, los chicos condenados a perpetua siguen presos; los pibes de Salta, muertos; los presos en comisarías y unidades penitenciarias, padeciendo malos tratos y pésimas condiciones de detención.

Y a pesar de todo, los senadores y senadoras aprobaron, en general, una iniciativa con el argumento de que el objetivo es “proteger” a los y las adolescentes, para que no se los siga privando de libertad “sin garantías”.

Lo que se encubre con eufemismos es que la norma aprobada permite que se apliquen penas de prisión a los adolescentes a partir de los 14 años. Hoy esa edad está fijada en 16 años. Por debajo de los 16 años hoy un adolescente no es punible. ¿Los meten presos de todos modos? Pues eso es lo que hay que seguir denunciando. Ningún/a adolescente menor de 16 años, haga lo que haga, debe estar privado de libertad. En cada caso en que un/a adolescente menor de 16 años esté involucrado en un hecho dañoso, o en que tenga derechos vulnerados, deben intervenir las oficinas de protección de derechos que creó la Ley 26.061, sancionada por el parlamento democrático en el año 2005. No importa que tenga 10, 12 ó 15 años.

No existe ninguna norma internacional que obligue a establecer la edad mínima de punibilidad, o de responsabilidad penal, en 14 años. El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha dicho con claridad: “Los informes presentados por los Estados Partes ponen de manifiesto la existencia de un amplio margen de edades mínimas a efectos de responsabilidad penal. Varían desde un nivel muy bajo de 7 u 8 años hasta un encomiable máximo de 14 ó 16 años.” (Observación General 10 (2007) “Los derechos del niño en la justicia de menores”).

En un país como el nuestro, que tiene fijada esta edad mínima en 16 años... ¿Por qué insisten en bajarla a 14? ¿Por qué utilizan argumentos falaces para justificar esta decisión? No se entiende, salvo que se explique como una medida de puro castigo. Justamente, eso es lo que desnuda la Senadora Escudero, cuando comienza su intervención en la Sesión del 8 de julio con las siguientes palabras: “Señor presidente: quiero empezar recordando ese 1º de abril de 2004 cuando ochenta mil ciudadanos marcharon al Congreso de la Nación pidiendo seguridad y entregaron un petitorio en cuyo Punto 4, al final, se solicitaba la modificación del Régimen de Imputabilidad Penal de los Menores. El día 27 de abril comenzamos a trabajar en el tema desde la Comisión de Seguridad Interior...”.

Si se trata de contentar a Blumberg y sus petitorios, no encubran esa motivación con falacias. No están protegiendo los derechos de los pibes y las pibas. Están legalizando su encierro.

Fuente: Agencia Pelota e Trapo.