Cinco Nuevos Afiliados al CISPREN

El Circulo Sindical de la Prensa y la Comunicación tiene 5 nuevos afiliados en LV28 RADIO VILLA MARÍA. El hecho para nosotros "histórico" fue el producto de una ardua negociación que tuvo instancias hasta en el Ministerio de Trabajo de la Provincia, para lograr que LV28 aceptara las cinco afiliaciones de trabajadores de esa emisora que decidieron libremente pertenecer a nuestra organización sindical. Valiéndonos de la norma 23551, Ley de asociaciones profesionales y sindicales, hemos logrado que ahora 6 compañeros locutores y operadores pertenezcan a nuestro sindicato, y decimos 6 porque hace ya 2 años habíamos logrado el reconocimiento por parte de la empresa como afiliada de la Cra. Stella Maris Cabrera. Queremos aprovechar este blog para recordad los artículos de la Ley 23551 que le otorgan el derecho de afiliación a los trabajadores y la libertad sindical en cualquier empresa: Art. 2.- Las asociaciones que tengan por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores se regirán por esta ley. A los fines de la ley se entiende por trabajador a quien desempeña una actividad lícita que se presta en favor de quien tiene facultad de dirigirla. Art. 3.- Entiéndese por interés de los trabajadores todo cuanto se relacione con sus condiciones de vida y de trabajo. La acción sindical contribuirá a remover los obstáculos que dificulten la realización plena del trabajador. Art. 4.- Los trabajadores tienen los siguientes derechos sindicales: a) Constituir libremente y sin necesidad de autorización previa, asociaciones sindicales; b) Afiliarse a las ya constituidas, no afiliarse o desafiliarse; Queda clara la legislación verdad?. Sería importante que todas aquéllas empresas que obstaculizan las libertades de los trabajadores y cercenan sus derechos, estudiaran la legislación vigente, para entender quienes son los que realmente se encuentran fuera de la ley. Bienvenidos Compañeros de Radio Villa María a la familia del CISPREN (Publicado en: http://www.cisprenvm.blogspot.com/)

¿Víctimas de la Ciencia?

El gran Roberto Arlt en “Los Siete Locos” relata la historia de un ciego –no tan ciego– que recurría al ardid de colocarse unas antiparras azules, unos vendajes sobre el rostro, tomarse del brazo de un lazarillo –no tan lazarillo– y exhibir un cartel que rezaba “Víctima de la Ciencia”. Toda esa estratagema estaba orientada a recaudar unos cuantos centavos en concepto de “limosna”. Claro que según argumenta Arlt, la mendacidad estaba prohibida, por lo que estos personajes entregaban a cambio de esas monedas un paquete con caramelos que todos rechazaban, ya que el sobre de papel de seda que los contenía estaba ajado, mugriento y muy deteriorado. Así andaban estos dos personajes por el Buenos Aires de la década infame. Cuando algún transeúnte inquiría una respuesta respecto a la ceguera del falso “científico”, un verdadero pillo de envergadura, el lazarillo respondía: “Perdió la vista en el laboratorio, ofrendándosela a la ciencia y a la humanidad”. La tragedia acaecida en la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) derrumba el realismo arltiano hasta pulverizarlo, mezcla los personajes y nos posibilita una reflexión. Cuando el foco ígneo de un mechero bunsen hizo estallar los tanques de combustible altamente volátil, almacenados sin precauciones en un laboratorio sin la ventilación adecuada, la trama de una realidad –siempre denunciada, siempre postergada en la agenda estatal– quedó mortalmente al descubierto. El abandono, la desidia, la falta de seguridad –y cuando no de infraestructura, salarios e insumos académicos– que caracterizan a la universidad pública actual, fueron las verdaderas causas de la tragedia. Esta tragedia comenzó en el mismo momento en que la universidad pública –Ley de Educación Superior de por medio– para asegurar su propio “devenir” y ante el abandono del Estado, o los magros presupuestos asignados por éste, se vio en la obligación de “gestionar recursos mediante asociaciones estratégicas con empresas privadas”. La tragedia comenzó en ese mismo momento porque es misión de las universidades públicas maximizar la producción de conocimiento científico para que éste redunde en beneficio de la Nación, y es misión de las empresas maximizar por todos los medios sus niveles ganancia aún en perjuicio de la Nación. A los efectos de la Ley de Educación Superior las universidades deben responder con sus bienes a las deudas que contraen –como si esas deudas no se originaran en el desentendimiento que sobre la realidad universitaria el Estado ha sostenido durante casi cuatro décadas. En el camino de preservar lo poco que quedaba de aquella universidad pública que marcaba rumbos en Latinoamérica, los cantos de sirena del libre mercado globalizado neoliberal ensalzado en la etapa menemista, impulsó a algunos académicos –no tan académicos– a ponerse unas antiparras azules y así evitar –por “igualación cromática”– ver que el cielo de la ciencia argentina se caía a pedazos. Como se suele decir, la realidad es tal, de acuerdo al cristal con que se la mire. Con las antiparras –o anteojeras, si se prefiere– ya bien calzadas, es decir, ciegos por los nuevos paradigmas globalizadores, o mudos por la cobardía de callar, muchos “gerentes académicos” –rectores, vicerrectores, decanos, secretarios y demás– se cubrieron con los vendajes de la excusa –“es lo único que nos queda por hacer”– y se tomaron del brazo del perverso y avaro lazarillo del mercado, dispuestos a transcurrir junto a éste la “segunda década infame”. Cuando la universidad se subordinó –en mayor o menor medida– al mercado, las pautas que rigen al último comenzaron a ser moneda corriente en los claustros. Académicos con contratos basura, tareas a término, precarización de la función académica, racionalización coyuntural de los recursos, gerenciamiento de la función de extensión, control oligárquico de los grupos productores de conocimientos (un académico propio, más que un académico, es un amigo), primacía del esquema de coordinación política por sobre los tradicionales esquemas coordinación académica y/o técnica, redistribución del poder en blogs coyunturales de asociación con el mercado, etcétera, constituyen, entre otras, revelaciones concretas de que la lógica de mercado se instaló en la universidad pública argentina, incluso, en nuestra Universidad Nacional de Villa María, que no fue, ni es ajena al fenómeno. Si en una fábrica se exponen los obreros a riesgos innecesarios, si en la construcción las medidas de seguridad son desatendidas por resultar onerosas, si las enfermedades profesionales prosperan en la industria, si la precarización laboral en casi todas las ramas de la actividad productiva son una constante , si en el mercado la competencia hace que sobreviva el más fuerte y que el más débil quede postergado, ¿por qué la universidad no puede correr la misma suerte que la sociedad?, argumentaron los nuevos gurúes universitarios parapetados en el Consejo Interuniuversitario Nacional (CIN) con mayoría “artificial” del menemismo y, especialmente, en la CONEAU. Triste destino el de un país que convierte la ciencia en mercancía, a los científicos en prestadores de servicios y a la universidad pública en un nodo más del sistema productivo privado. Es que Docencia, investigación y extensión poco tienen que ver con memorias y balances. Es que el gobierno colectivo de los claustros, poco tiene que ver con una gerencia corporativa. En el mercado los errores de gran magnitud se pagan con la reducción de los niveles de ganancia, en las universidades, errores de igual tenor, como hemos visto en Río Cuarto, se pagan con muertos y heridos. Enfrascados en el formalismo académico las máximas autoridades de la UNRC, respaldados incondicionalmente por sus “lazarillos” de coyuntura –no tan lazarillos, como hemos visto– han comenzado la investigación. Extraño juego de juez y parte que la vida académica, por la moral que la caracteriza, suele tener instalada. Las empresas, por propia definición son amorales y la asociación de ambas para “echar luz sobre los terribles y penosos acontecimientos” suscita poco margen de confianza social. No habría de extrañarnos que ante el horror vivido, algunos pillos –de uno y otro sector– nos quieran entregar a cambio de la verdad un ajado, mugriento y muy deteriorado envoltorio de papel de seda, repleto de amargos caramelos de impunidad. El manifiesto de 1918, espíritu de la Reforma Universitaria que recorrió todos los rincones del mundo expresaba: “las vergüenzas que nos quedan, son las libertades que nos faltan”. El neoliberalismo en la universidad pública ha aumentado el stock de vergüenzas y ha suprimido –por onerosas– las libertades. Aún así, la justicia sigue siendo nuestro más preciado anhelo. Solo podemos peticionar juicio y castigo a los responsables de la dantesca tragedia ocurrida en la UNRC. Solo podemos solidarizarnos con las víctimas y sus familiares, “Víctimas de la Ciencia”, porque el holocausto de aquel laboratorio evidenció la urgencia de debatir seriamente el perfil de la universidad pública actual y la concepción de ciencia que como institución educativa y social la misma deberá sustentar de ahora en más. Desde la Central de Trabajadores Argentinos –CTA– estamos dispuestos a sumarnos al debate, debate que debe orientarse tras la consecución de una ciencia nacional autónoma y socialmente comprometida. Tal vez el fuego de la tragedia, queme al fin, nuestras últimas vergüenzas universitarias. Escribe: Lic. Ricardo César Carballo Docente e Investigador – CTA Villa María

JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA TRAGEDIA DE RÍO CUARTO

La CTA Villa María se solidariza con los compañeros de Rio Cuarto, y condena la entrega de los ámbitos de la universidad pública a los grandes capitales privados. La tragedia en la Universidad Nacional de Río Cuarto enluta nuevamente a los trabajadores argentinos. Trabajadores docentes y estudiantes tributan otra vez con su vida y su sangre la vigencia de un sistema injusto. No ha sido producto de la fatalidad. Los responsables por las muertes y los heridos tienen nombre y apellido. * Son quienes pergeñan una Universidad al servicio de los grandes capitales privados. * Son quienes piensan en proyectos de investigación ajenos a los intereses de nuestro pueblo. * Son quienes se posternan ante los dictados imperiales y se embarcan en la producción de biodiesel, cuando ya enajenaron la renta petrolera y sabotean la posibilidad de alcanzar la soberanía energética y alimentaria. * Es Roberto Urquía y la Aceitera General Deheza mandante de la investigación causante de la tragedia. * Es el perverso sistema que descansa en las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, en este caso la ART Responsabilidad Patronal. * Son las autoridades universitarias que subestimaron la vida de docentes, no docentes y estudiantes. No es un caso aislado, se trata de la continuidad de políticas de desprecio por la vida. Es otro Río Tercero, otro Río Turbio, otro ALUAR, otro Cromañón. Decimos basta. Convocamos a luchar por decidir el destino de nuestras vidas y arrebatarlo al designio de la voracidad carroñera del gran capital. Expresamos nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias y decimos: NUNCA MAS. Por una Universidad al servicio del pueblo. Por JUICIO Y CASTIGO a los culpables. Buenos Aires, 6 de diciembre de 2007 Juan Carlos Giuliani Claudio Marín Secretario de Comunicación. y Difusión Secretario de Salud Laboral CTA

A un año de la pueblada de Corral de Bustos - Lucha que interpela

En pocas horas más se cumplirá un año de la pueblada de Corral de Bustos. Demasiada agua ha corrido bajo los puentes, algunas verdades ya han sido dichas aunque fueron muchos los intentos de ahogarlas en nidos de silenciamiento. La lucha por la verdad y la justicia, liderada por los mismos que reclamaron en diciembre de 2006, no ha tenido descanso. Y si algo hay que rescatar es la resistencia que opusieron a todos los intentos de dejarlos sin voz. No fueron pocos los que dijeron que todos ellos eran claros ejemplos de barbarie, que no tenían nada para decir y que debían ser enmudecidos. Pero los corralenses siguen reclamando. Ha pasado un año. Miles de kilómetros recorridos. Cientos de puertas tocadas (algunas se abrieron y otras no). Decenas de marchas alrededor de la plaza central de esa ciudad del sur cordobés diciendo verdades que algunos no quisieron escuchar. Es un pueblo que no se dejó silenciar, y es esa la mejor prueba de salud mental que pueden mostrar ante aquéllos que los miraban como locos cuando iniciaron su camino de lucha. Hay quienes, quizás deslumbrados por el triste espectáculo de las llamas que quemaron el edificio de tribunales, no han prestado la debida atención a la profundidad del reclamo de estos ciudadanos cordobeses. Claman que se advierta cómo funcionan algunos sectores de la justicia en la provincia. Y ya no puede negarse que, ese mismo reclamo, ha tenido sus manifestaciones en diferentes ciudades de la geografía mediterránea. Si bien los grandes medios sólo se han quedado con el caso de Nora Dalmaso y el perejilazo en Río Cuarto, varias han sido las ciudades donde se produjeron reclamos al funcionamiento de una justicia provincial que está en deuda con los ciudadanos. Un sistema que en el caso de Corral de Bustos no ha actuado como podría esperarse. Ya no hay voces que se animen a negar la afirmación de que antes del incendio los tribunales corralenses no funcionaban nada bien. Pero, sin embargo, parece ser que todo quedó solucionado con las renuncias del fiscal y el juez responsable. Nadie se hizo cargo de la virtual privación del servicio de justicia que sufrían algunos sectores de esa localidad, dada la inoperancia de las autoridades judiciales. Sobre esto existen graves acusaciones de parte de los vecinos, pero el sistema ha mirado para otro lado. Tampoco prestó atención a los testimonios en relación a la práctica de “aprietes” policiales para “armar” declaraciones en la causa que tiene procesado a 47 corralenses. Estas declaraciones, que incluso implican a personal de una fiscalía, parecieran no haber inmutado al sistema. Los policías siguen en sus funciones (se les podría haber dado otras). Acaso se espera la denuncia concreta de parte de quienes fueron víctimas de agentes del sistema. Acaso a los hombres de la justicia no les interesa saber la verdad y sancionar lo sancionable. O esto también será solucionado con alguna renuncia, para seguir trabajando en otro lugar del Estado. No debería perderse de vista que estas declaraciones fueron realizadas en el marco de una causa judicial en la cual se investigarían las motivaciones del incendio producido en medio de una manifestación de la población del lugar. Como tampoco debería dejarse de considerar lo que algunos vecinos señalan acerca de que la quema de tribunales fue realizada por quienes necesitaban tapar la inoperancia del juzgado. Pasado un año, parece ser que el sistema y sus agentes están decididos a continuar, en algunos temas, mirando para otro lado. Quizás por ello no se nombraron conjueces del T.S.J., dejándose actuar a los mismos que se sintieron damnificados por los hechos que se juzgan. Como ésta hay un sinnúmero de circunstancias que poco enaltecen al sistema cordobés, incluso las torcidas interpretaciones del derecho que debieran asistir a los ciudadanos imputados para esperar en libertad la instancia del juicio. En su lucha, los corralenses, nunca revindicaron el incendio ni pidieron impunidad alguna para nadie. Por el contrario, siempre solicitaron justicia, la pronta apertura de los tribunales y una investigación seria y profunda. Es decir, apostaron a la verdad y llamaron a revisar los métodos reales con los cuales en Córdoba se construye la verdad jurídica. Claro que no han sido originales en el pedido de revisión de la cultura judicial que impera en las provincias argentinas en general y en Córdoba en particular. Allí están las estadísticas que dibujan un mapa de la población carcelaria argentina con gran preponderancia de jóvenes y sectores populares. Y eso debiera ser suficiente para que el acceso de los pobres a la justicia sea tema relevante en la discusión por la seguridad pública. La lucha de los corralenses nos interpela, como sociedad, tanto acerca de si los pobres tienen las mismas posibilidades de hacer valer sus derechos, como si es posible que puedan defenderse de las acusaciones que suelen venir de sectores más privilegiados en el juego social. A un año del asesinato de Ariana Sabache (3 años de edad) y la quema de los tribunales en Corral de Bustos, grandes interrogantes siguen abiertos. Algunos miran para el costado, en tanto los corralenses, acompañados por la CTA, siguen planteando interrogantes que penetran hasta el centro de una de las políticas de verdad que posee nuestra sociedad. Si no discutimos cómo se trata el conflicto en los casos penales, cómo se construye la verdad jurídica en sistemas en los que aún imperan muchos resabios de otros tiempos políticos del país, tendremos muchas dificultada para avanzar en la consolidación democrática. Quizás tengamos éxito en lograr la permanencia de un sistema democrático ritualizado, pero poco tiene que ver con la sociedad justa que algunos soñamos. Jesús Chirino