Denuncian Fraude y Discriminación en el municipio

Pasadas las diez horas de la mañana de hoy, dos empleadas de la Municipalidad de Villa María, acompañadas por su abogada patrocinante, se hicieron presente en la Mesa de Entrada del Estado Municipal e ingresaron un escrito mediante el cual comparecieron ante las autoridades denunciando discriminación y fraude laboral por parte de la administración que lidera Nora Bedano de Accastello. El reclamo administrativo del personal que se desempeña en el Área Deportes y Turismo de la Municipalidad de Villa María, está dirigido a la intendenta, al secretario de gobierno Mauro Beltrami, al responsable de las finanzas municipales contador Franco Mignola y Henry Rapetti. Con la firma de María Celeste Combina y su compañera Alicia Falco. Las empleadas solicitan se ponga fin al fraude laboral, dado que una de ella cobra mediante una maniobra que las autoridades nombran como “desdoblamiento de factura” que consiste en que Alicia Falco, quién es obligada a extender una factura para poder cobrar su sueldo, le entrega $380 a Combina. Por su parte Alicia Falco señaló que también le obligan a dejar un monto de dinero para un supuesto “fondo de la repartición”. Pero a la discriminación que significa disfrazar la relación laboral que el municipio mantiene con las mencionadas empleadas, ha que sumarle que la señorita Combina sufre discriminación por sus características físicas. Por ello ha solicitado que “cese de la conducta discriminatoria mantenida por el Sr. Henry Rappetti, en cuanto se refiere a mi persona de manera peyorativa y ofensiva, aludiendo a mi obesidad. Concretamente el funcionario se refiere a mi como esa gorda, haciendo bromas con mi exceso de peso, tal lo ocurrido el día 21 de octubre de 2006 cuando, en oportunidad de graduarme, sostuvo que hacia falta un lingote de oro para hacerme un anillo, por la gordura de mis dedos. También cuando se le comentó que me había caído, se burló afirmando que seguro había roto la silla. En ocasiones se mofa de la cantidad de comida que debo ingerir según su apreciación”. En relación al reclamo de fraude laboral, hay que tener presente que esa situación priva a las empleadas de de los derechos que les corresponden como tales. Entre otras cosas, se les resta el beneficio de la estabilidad en el empleo público, el acceso a la obra social, la carrera administrativa, se le abonan salarios inferiores a los que legalmente corresponden, se les cercena el derecho a la agremiación y a la postulación como candidata, es decir se les obstaculiza el ejercicio de la libertad sindical. Tampoco se les otorga licencias similares a los empleados permanente o contratado. Las empleadas, junto a su abogada Cecilia Pérez Correa, ha solicitado el cese de los actos discriminatorios, el pago de diferencias salariales y el reconocimiento de la relación laboral. Para tal fin presentaron pruebas y, mediante esta denuncia, desnudaron mucho de la situación laboral que viven los empleados municipales precarizados. Por la gravedad de la denuncia se espera que los fiscales de Villa María tomen carta en el asunto dado que se habla de más de 300 facturantes en el municipio. Esas personas, que están bajo una relación laboral que los convierte en víctima difícilmente puedan superar esa circunstancia sin la ayuda institucional que corresponde. Es esperable que ante el estado público que ha tomado la cuestión, algún fiscal pueda pedir informes al municipio para conocer cuál es la cantidad real de facturantes y si sus facturas son correlativas.