Mal que le pese a los que mandan, la CTA llegó para quedarse.
Constituye una expresión del emergente social surgido a partir de la
destrucción del Estado de Bienestar. Dar cuenta del sujeto de esta
nueva etapa histórica le ha permitido granjearse la legitimidad a nivel
nacional e internacional, y erigirse en un polo aglutinador de nuevas
instancias organizativas.
El 17 de
diciembre de 1991 un puñado de organizaciones sindicales daba a conocer
una declaración que pasaría a la posteridad con el nombre de “Grito de
Burzaco”. Sería el hecho fundacional de un nuevo modelo sindical en la
Argentina.
El documento, de infrecuente lozanía, sostiene que “el viejo modelo sindical sostenido por su dependencia del poder político y su grado de complicidad con el poder económico no sirve para canalizar las demandas de sus representados ni defender sus conquistas e intereses. Ante este cuadro de situación y sobre la base del reconocimiento de errores en el proceso de construcción y acumulación, este encuentro de organizaciones sindicales se propone realizar un plan de trabajo que amplíe el debate y las propuestas desde una corriente sindical y hacia un movimiento político-social”, e indica que la práctica de esta organización de nuevo tipo debe contemplar “la autonomía sindical, la democracia sindical, la apertura a otras organizaciones sociales y la revalorización de la ética gremial”.
Desde entonces la CTA no ha cesado de crecer. El proceso de participación abierto en los inicios del tsunami neoliberal desatado por el “menemismo” es imparable. No hay fuerza capaz de obturar la voluntad de los miles de trabajadoras y trabajadores que están dispuestos a romper con el posibilismo y la lógica de subordinación que les propone el poder. Valientes de rostros anónimos que debaten, luchan y se organizan todos los días para decidir en nombre propio.
Eso y no otra cosa son los compañeros que construyen nuevas herramientas gremiales. Desde los recolectores de ajo y trabajadores del plástico de Mendoza pasando por los mineros de San Juan; los trabajadores del subte porteño; los petroleros de Santa Cruz y Córdoba; los trabajadores de los ingenios de azúcar de Jujuy y Salta; los tareferos y motosierristas de Misiones; los mensajeros y cadetes de la Capital Federal; los chóferes de ómnibus de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Tucumán, Salta, Jujuy, San Luis, Tierra del Fuego, San Juan y Chaco; los trabajadores rurales de Buenos Aires, Neuquén, Santiago del Estero y Río Negro; los fileteros de Mar del Plata; los trabajadores del algodón, las empleadas de casas de familia y los tarjeteros de Entre Ríos; los trabajadores de la salud de Capital Federal y La Rioja; los empleados de comercio de Villa María, Tierra del Fuego y Tres Arroyos; los trabajadores del Correo Argentino; los guardavidas del Partido de la Costa; los trabajadores del Registro del Automotor de Córdoba y los discapacitados que cobran el estacionamiento en Jujuy, hasta los trabajadores autogestionados; los repositores externos de supermercados; los trabajadores de prensa y comunicación de Salta y Jujuy y los de vigilancia privada, entre tantos otros.
La rueda comenzó a girar y no hay palo, patota, represalia patronal, persecución antisindical o intervención del Gobierno que la pueda parar.
No hay justa distribución de la riqueza sin libertad y democracia sindical. El Gobierno, que en este punto sigue privilegiando su alianza con los grupos económicos, persiste en desconocer el derecho de los trabajadores a organizarse sin ataduras de ninguna especie.
El poder no quiere que se reconstruya la unidad de la clase obrera desde una perspectiva que cuestiona de raíz su fabulosa rentabilidad. Por eso se niega a permitir la elección de delegados en sus empresas. No es casual que el principal defensor del viejo modelo sindical sea Daniel Funes de Rioja, el emblemático abogado de la UIA.
El Gobierno es partícipe necesario de esta estrategia de estigmatización del nuevo modelo sindical. Su negativa a otorgar la personería gremial a la CTA y a más de dos mil quinientas organizaciones sindicales simplemente inscriptas y a no conceder la simple inscripción gremial a cientos de nuevas organizaciones, no sólo es contraria a la Constitución Nacional. Extiende en el tiempo la indefensión de los trabajadores.
Discutir la libertad y la democracia sindical no es un ejercicio retórico. No se trata de polemizar sobre modelos sindicales en abstracto. Por el contrario, remite a la vida concreta de miles de trabajadores que sufren en carne propia el atropello y la impunidad patronal.
La forja y multiplicación de nuevas organizaciones de trabajadores que interpelan el formato tradicional, explica mejor que cualquier otro argumento el tránsito de una etapa de defensiva a otra de ofensiva popular en nuestro país.
El documento, de infrecuente lozanía, sostiene que “el viejo modelo sindical sostenido por su dependencia del poder político y su grado de complicidad con el poder económico no sirve para canalizar las demandas de sus representados ni defender sus conquistas e intereses. Ante este cuadro de situación y sobre la base del reconocimiento de errores en el proceso de construcción y acumulación, este encuentro de organizaciones sindicales se propone realizar un plan de trabajo que amplíe el debate y las propuestas desde una corriente sindical y hacia un movimiento político-social”, e indica que la práctica de esta organización de nuevo tipo debe contemplar “la autonomía sindical, la democracia sindical, la apertura a otras organizaciones sociales y la revalorización de la ética gremial”.
Desde entonces la CTA no ha cesado de crecer. El proceso de participación abierto en los inicios del tsunami neoliberal desatado por el “menemismo” es imparable. No hay fuerza capaz de obturar la voluntad de los miles de trabajadoras y trabajadores que están dispuestos a romper con el posibilismo y la lógica de subordinación que les propone el poder. Valientes de rostros anónimos que debaten, luchan y se organizan todos los días para decidir en nombre propio.
Eso y no otra cosa son los compañeros que construyen nuevas herramientas gremiales. Desde los recolectores de ajo y trabajadores del plástico de Mendoza pasando por los mineros de San Juan; los trabajadores del subte porteño; los petroleros de Santa Cruz y Córdoba; los trabajadores de los ingenios de azúcar de Jujuy y Salta; los tareferos y motosierristas de Misiones; los mensajeros y cadetes de la Capital Federal; los chóferes de ómnibus de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Tucumán, Salta, Jujuy, San Luis, Tierra del Fuego, San Juan y Chaco; los trabajadores rurales de Buenos Aires, Neuquén, Santiago del Estero y Río Negro; los fileteros de Mar del Plata; los trabajadores del algodón, las empleadas de casas de familia y los tarjeteros de Entre Ríos; los trabajadores de la salud de Capital Federal y La Rioja; los empleados de comercio de Villa María, Tierra del Fuego y Tres Arroyos; los trabajadores del Correo Argentino; los guardavidas del Partido de la Costa; los trabajadores del Registro del Automotor de Córdoba y los discapacitados que cobran el estacionamiento en Jujuy, hasta los trabajadores autogestionados; los repositores externos de supermercados; los trabajadores de prensa y comunicación de Salta y Jujuy y los de vigilancia privada, entre tantos otros.
La rueda comenzó a girar y no hay palo, patota, represalia patronal, persecución antisindical o intervención del Gobierno que la pueda parar.
No hay justa distribución de la riqueza sin libertad y democracia sindical. El Gobierno, que en este punto sigue privilegiando su alianza con los grupos económicos, persiste en desconocer el derecho de los trabajadores a organizarse sin ataduras de ninguna especie.
El poder no quiere que se reconstruya la unidad de la clase obrera desde una perspectiva que cuestiona de raíz su fabulosa rentabilidad. Por eso se niega a permitir la elección de delegados en sus empresas. No es casual que el principal defensor del viejo modelo sindical sea Daniel Funes de Rioja, el emblemático abogado de la UIA.
El Gobierno es partícipe necesario de esta estrategia de estigmatización del nuevo modelo sindical. Su negativa a otorgar la personería gremial a la CTA y a más de dos mil quinientas organizaciones sindicales simplemente inscriptas y a no conceder la simple inscripción gremial a cientos de nuevas organizaciones, no sólo es contraria a la Constitución Nacional. Extiende en el tiempo la indefensión de los trabajadores.
Discutir la libertad y la democracia sindical no es un ejercicio retórico. No se trata de polemizar sobre modelos sindicales en abstracto. Por el contrario, remite a la vida concreta de miles de trabajadores que sufren en carne propia el atropello y la impunidad patronal.
La forja y multiplicación de nuevas organizaciones de trabajadores que interpelan el formato tradicional, explica mejor que cualquier otro argumento el tránsito de una etapa de defensiva a otra de ofensiva popular en nuestro país.
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