“El objetivo del genocidio fue destruir un modelo de organización sindical”, dijo De Gennaro
Declararon el martes los últimos testigos del Juicio por los crímenes en
Campo de Mayo. Fue el turno de Claudia Belingeri, integrante de la
Comisión Provincial por la Memoría, quien aportó amplia documentación y
Víctor De Gennaro, referente histórico de la CTA quien subrayó la
complicidad del poder económico con el genocidio, que tuvo como
objetivo “instalar un modelo económico contrario a los intereses de los
trabajadores y las mayorías populares”.
El doctor Luis Bonomi, abogado de los organismos de derechos humanos explicó a ACTA
que lo central del testimonio de Claudia Belingeri fue la documentación
que aportó sobre el accionar de los organismos de inteligencia. Trajo
testimonios que van de 1956 a 1998. Caído Perón se comienza a organizar
desde el poder un mapa de como se va gestando la organización popular.
Según el testimonio de Belingeri, para establecer a quien había que
secuestrar se crearon tres mesas de trabajo. Estaban dedicadas a los
trabajadores, los estudiantes y la Iglesia. “Lo que más les preocupaba
era la organización sindical”.
En este último aspecto, Bonomi señaló que “fue central el testimonio
de Víctor de Gennaro. El dirigente de la CTA explicó que después del
’55 se dieron cuenta que no alcanza con meter presos a los dirigentes
obreros combativos, había que calar más hondo: era necesario destruir a
las comisiones internas de las fábricas, porque allí estaba el corazón
de la organización de los trabajadores”.
Según Bonomi, “De Gennaro se cuidó que quedara claro de que el golpe
de Estado del ’76 tenía por objetivo un fin económico y sus ideólogos
no fueron otros que los grandes empresarios aliados al imperialismo y
el capital trasnacional”.
Este proceso acumula cuatro causas en las que se encuentran
imputados: Santiago Omar Riveros (comandante del Comando de Institutos
Militares de Campo de Mayo; Fernando Exequiel Verplaetsen (jefe del
departamento de inteligencia de Campo de Mayo); Jorge Osvaldo García
(director de la escuela de infantería de Campo de Mayo). Cabe recordar
que los tres acusados ya fueron condenados por el mismo tribunal en
agosto pasado a las penas de prisión perpetua, 25 y 18 años de prisión
respectivamente, en el juicio por la muerte de Floreal Avellaneda y el
secuestro de su madre, Iris Pereyra de Avellaneda.+
También están imputados Reynaldo Benito Bignone (segundo comandante
del Comando de Institutos Militares en 1977); Eugenio Guañabens Perelló
(director de la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate “General
Lemos”); Carlos Alberto Tepedino (jefe del batallón de inteligencia 601
del Estado Mayor General del Ejercito durante el año 1978) y Germán A.
Montenegro (comisario de la Comisaría de Bella Vista en 1977).
Los delitos que se les imputan son: allanamientos ilegales,
privaciones de la libertad e imposición de tormentos en perjuicio de 56
víctimas, durante los años 1976 a 1978, ocurridos en el Centro
Clandestino de detención de Campo de Mayo.
Complicidad de los grupos económicos
Uno de los ejemplos más claros de la complicidad empresaria en el
genocidio que recordó De Gennaro fue el caso de la empresa Mecedes Benz
que tenía un centro clandestino de detención y torturas propio, donde
eran secuestrados sus delegados. Héctor Rato, trabajador de la empresa,
escuchó como los directivos daban las direcciones de los obreros que
había que desaparecer. “El torturador Lavayen, encargado de picanear a
los trabajadores, fue nombrado poco después jefe de Recursos Humanos de
la empresa. Uno de los gerentes de la compañía fue denunciado por la
apropiación de dos niños, hijos de desaparecidos".
La conducción del SMATA a cargo del recientemente fallecido José
Rodríguez, llegó a acordar con la empresa alemana en 1975 que el uno
por ciento de la venta de cada coche sería destinado a la erradicación
de elementos indeseables, esto es la denominada “guerrilla industrial”.
De Gennaro también se refirió al caso de Astilleros Astarsa donde
fue barrida la comisión interna y de la ex Dálmine donde sucedió algo
similar. El abogado de la querella señalo que “quedó claro que por un
lado estaba la burocracia sindical, como siempre aliada a las
patronales y por el otro, los dirigentes combativos y las comisiones
internas que -segun el terrorismo de estado- había que desaparecer”.
"Lo nuevo era que esta vez, los cambios que pensaban llevar adelante
en el país eran tan terribles que no bastaba con comprar algunos
dirigentes y matar otros", apuntó De Gennaro. "Había que terminar con
toda forma de organización popular, romper con todo nexo solidario.
Después de la masacre los índices de desocupación y pobreza crecen como
nunca en la Argentina", indicó el secretario de Relaciones
Institucionales de la CTA.
De acuerdo a lo señalado por Bonomi, “para marzo esperamos tener las
sentencias”. Se cerrará así un capítulo de la investigación y el juicio
sobre lo sucedido en el mayor campo de concentración de la dictadura
militar que se inicio en marzo de 1976, pero quedarán asignaturas
pendientes. La más importante, según se desprende de los testimonios de
De Gennaro y otros testigos de este juicio: sentar en el banquillo a
los autores intelectuales del genocidio, los que hicieron las listas,
aquellos que hoy gozan de una riqueza cuya construcción se amparó en
una de las grandes masacres de la historia argentina".
Por:Carlos Saglul
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