Intendencia de Nora Bedano y el Fraude Laboral

Fraude laboral en el Estado municipal El municipio de Villa María comete fraude laboral al tener cientos de trabajadores sin registrar o registrados de manera deficiente. Suele intentarse justificar esto, diciendo que el fraude es inevitable y que de no tenerse más del 60% de lo strabajadore en esas condiciones el Estado Municipal resultaría inviable. Algunos funcionarios, quizás sin saber que por el fraude responden con sus bienes personales, sostienen que “es imposible pagar lo que habría que pagar” si el municipio respetara los derechos laborales. Adhiriendo al ideal liberal de la explotación ilimitada, justifican que el Estado incumpla aquello que debe hacerle respetar a los particulares. Y, seamos claros, no vivimos un período histórico en el que las leyes laborales estén en un momento de gran desarrollo. Igual se esmeran en justificar la precarización laboral y el pago de sueldos de hambre. “Es para que el Estado funcione”, dicen. Con igual desatino convalidan la violación de los derechos de los trabajadores. Situación que, por más allá de cualquier eufemismo, es un “explotación”. Si alguien piensa que debe ser denominada de manera diferente nos parecería bien discutirlo, aunque resulta difícil nombrar distinto lo que viven, por ejemplo, maestras jardineras, facturantes que trabajan 6 o 7 horas diarias y solo cobran 400 pesos de bolsillo (les pagan 500 pero deben abonar 100 en la AFIP). Entre las estrategias para ocultar estas verdades, suelen manipularse números mostrando cifras que ni por asomo se acercan a lo que mensualmente cobran los empleados municipales. Pero, en realidad, el punto sigue siendo poder responder qué hace el Estado con estas personas a las que se les ha contratado pagándole tan poco, y violándole sus derechos. En el supuesto caso de que existieran empleados que ganaran más que la intendenta, la cuestión subsiste ¿acaso el respeto de los derechos laborales hace inviable al Estado?. De ser así, deberíamos preguntarnos porqué el Estado dicta leyes cuyo cumplimiento lo lleva a su propia inviabilidad. En el municipio local hay trabajadores de todas la áreas que no están debidamente registrados –médicos, psicólogos, trabajadores sociales, inspectores, docentes, obreros del corralón, administrativos, etc.-, todos cumplen con funciones esenciales para el funcionamiento del Estado. Habiendo elegido el sistema democrático para nuestra sociedad no puede ser una opción la práctica del fraude laboral desde el mismo Estado. Como tampoco puede admitirse la reducción de los derechos de los trabajadores o la enojosa teoría de que si los empleados municipales dejan de estar “en negro” habría que aumentar los impuestos porque se necesitaría más dinero para pagar sueldos mínimos. Esta posición puede sonar brillante por su lógica interna pero es errónea cuando se la enfrenta a los hechos. Bastaría preguntarse si todo el dinero municipal se destina a personal. Claro que no, en realidad hay dinero que hoy se destina a otras cosas y bien podría destinarse al pago de sueldos dignos y a respetar la ley. ¿Dónde está ese dinero? En la partida de los demasiados funcionarios que tiene el municipio, en los gastos de prensa y protocolo, en las deudas que no se cobran adecuadamente, en aquello que se entrega a algunos concesionarios, de los viajes que les pagamos a los funcionarios, en el descontrol de los gastos superfluo y en el costo inusitado que se pagan por algunos bienes o servicios que prestan “amigos del poder”. Allí está el dinero. En realidad, nos parece que el problema no es de dinero sino de saber si es viable un Estado que no mienta sus relaciones laborales. Puede hablarse mucho de transparencia financiera, pero todo ssabemos que es mentira, no se está mirando el fraude laboral que se comete. Jesús Chirino (Empleado Municipal) José Luis Bernabé (Empleado Municipal) Camilo Rodríguez (Jubilado Municipal)

Conflicto Municipal

Los trabajadores llevando por las calles sus reclamos

Municipales en conflicto con la Intendenta Nora Bedano

Nora Bedano sigue sin ir a la mesa de trabajo con los empleados municipales. El ofrecimiento que realizó es ilegal, propone una suma de dinero en negro (80 para noviembre y 80 pesos para diciembre) Los negociadores que tiene no hacen mención al gran fraude laboral que lleva adelante el municipio con los trabajadores sin registrar (en negro) y los deficientemente registrados.

Pueblada de Corral de Bustos: El peso de la verdad

La verdad tiene peso propio y tarde o temprano aplasta a quienes intentan negarla. Igual resulta difícil apretar los dientes durante el tiempo en que está secuestrada detrás de los velos que le arrojan algunos pícaros. Pero el calor generado por los hombres y mujeres organizados hace más llevadero esos malos momentos. Así pasó, y pasa actualmente, en el caso de la pueblada de Corral de Bustos, cuya causa judicial ha recibido importantes declaraciones.

Si bien en un tiempo llovían ordenes de detenciones, alargamientos de plazos legales y se multiplicaban los dedos acusadores, no fueron pocos los vecinos de esa ciudad y las organizaciones hermanas que acompañaron a la regional Villa María de la CTA, denunciando que las cosas no eran tal como las contaban. Fueron muchas las voces solidarias que se sumaron al coro que insistió en la verdad que decíamos los de abajo.

En la actualidad existen 42 vecinos procesados, siete presos en la cárcel de Villa María. Para ellos sigue siendo un tiempo difícil, pero el paso de los meses ha ido rasgando algunos de los velos que cubrían la verdad de lo sucedido aquel 4 de diciembre cuando se quemó el edificio de tribunales en Corral de Bustos.

En esa oportunidad algunos hombres y mujeres del Poder Judicial cordobés actuaron con celeridad. El 20 de diciembre iniciaron las detenciones ordenadas por el fiscal de instrucción de Marcos Juárez Carlos Viramonte. En la causa titulada “Álvarez, María Eva y otros..”, a los vecinos se les endilga, entre otras cosas, que son responsables de incendio doblemente calificado. Desde las primeras hojas del expediente, semana tras semana, los corralenses fueron cayendo detenidos a la cárcel de Villa María.

La celeridad de la causa era tal que Viramonte supo declarar que en seis meses se realizaría el juicio condenándose a los culpables. Junto a los propios procesados, sus amigos y vecinos comenzamos a realizar gestiones y marchas alrededor de la plaza. Cada vez que iniciábamos alguna de las “marchas de los lunes”, nos seguían 1500 hombres y mujeres valientes que gritaban la verdad de los de abajo.

La causa se continúa tramitando en Marcos Juárez, ahora con otro fiscal porque el abogado Viramonte se apartó. En estos días hubo novedades. Dos testigos han concurrido para realizar declaraciones testimoniales. Se trata de personas cuyas primeras declaraciones comprometía a todos los hombres y mujeres que fueron detenidos.

A la CTA le llegaron copias de las declaraciones de sr. Martín, junto a la de un menor cuyas dichos fueron refrendados por su madre. Son ampliaciones de los testimonio que, acompañados por el abogado Roberto Majul, ya habían realizado ante escribano público.

Se trata de declaraciones muy importantes para la situación de los procesados en general y, en especial, para quienes están detenidos por la pueblada de Corral de Bustos. Los jóvenes declarantes no sólo desmontaron sus anteriores testimonios, donde acusaban a los vecinos. También han señalado las oscuras circunstancias en las que les fueron arrancadas aquellas acusaciones.

Ante la presencia del mencionado Majul, el actual fiscal de la causa y los abogados Claudio Orosz y Cecilia Pérez Correa, los jóvenes manifestaron que en la anterior declaración fueron golpeados por la policía, que no leyeron lo que les hicieron firmar. Que en realidad aquello presentado como sus dichos fue generado por personal policial. Nombraron a los funcionarios policiales que participaron en esos actos, incluso a personal de la fiscalía que, según quedó asentado, actuaron supervisando la violencia policial contra los testigos.

Los detalles de los testimonios permiten advertir un “armado” de la causa con metodología que viola derechos fundamentales. Por ejemplo un testigo dice que es mentira que él haya visto gente alguna llenando botellas con combustibles para preparar las famosas bombas molotov. Que se sirvieron de un puesto en el Estado para obligarlo a firmar lo que serían las acusaciones. Que fue detenido por andar en una bicicleta robada y luego de tenerlo en la comisaría, en el calabozo, esposado, lo sacaron y le pidieron que firmara la declaración. Se negó, lo golpearon y lo regresaron al calabozo. En una parte espeluznante del testimonio dice, “me pusieron unas lapiceras entre los dedos y me apretaban”, luego de un tiempo les dijo “que iba a firmar el papel, firme y no leí nada...”

Puede decirse que, según estas declaraciones incorporadas a la causa, no sólo han sido violados derechos fundamentales sino que en esos actos participó personal policial y de una fiscalía.

Todo esto debe estar en conocimiento de los distintos estamentos de la justicia cordobesa. Falta ver qué celeridad adquiere la burocracia de esta misma justicia para actuar cuando no se trata de poner presos a vecinos acusados mediante testimonios logrados de la manera señalada. Veremos si es tan rápida como en diciembre de 2006, porque hay gente que, trabajando en la policía y en la justicia, según nuestro humilde parecer, tendrían cosas para explicar. Incluso habrá quienes quieran saber si el ex fiscal de la causa, Carlos Viramonte, estaba al tanto de la violencia ejercida contra los testigos.

Pareciera que comienza a sentirse el peso de la verdad de los corralenses, muchos sospechamos que recién se está sacando algún que otro velo.

Desde la CTA, junto a muchos vecinos de Corral de Bustos, seguimos haciendo cosas a la luz del día, despreocupados de que a nosotros nos aplaste el peso de esta verdad. Desde hace tiempo venimos sosteniéndola, cada vez que pedimos justicia real y decimos no a cualquier sombra de impunidad.

Miércoles 17 de octubre de 2007, por Jesús Chirino

Municipales de Villa María

Estas son algunas de las imágenes captadas durante el reclamo de los trabajadores.