Intendencia de Nora Bedano y el Fraude Laboral

Fraude laboral en el Estado municipal El municipio de Villa María comete fraude laboral al tener cientos de trabajadores sin registrar o registrados de manera deficiente. Suele intentarse justificar esto, diciendo que el fraude es inevitable y que de no tenerse más del 60% de lo strabajadore en esas condiciones el Estado Municipal resultaría inviable. Algunos funcionarios, quizás sin saber que por el fraude responden con sus bienes personales, sostienen que “es imposible pagar lo que habría que pagar” si el municipio respetara los derechos laborales. Adhiriendo al ideal liberal de la explotación ilimitada, justifican que el Estado incumpla aquello que debe hacerle respetar a los particulares. Y, seamos claros, no vivimos un período histórico en el que las leyes laborales estén en un momento de gran desarrollo. Igual se esmeran en justificar la precarización laboral y el pago de sueldos de hambre. “Es para que el Estado funcione”, dicen. Con igual desatino convalidan la violación de los derechos de los trabajadores. Situación que, por más allá de cualquier eufemismo, es un “explotación”. Si alguien piensa que debe ser denominada de manera diferente nos parecería bien discutirlo, aunque resulta difícil nombrar distinto lo que viven, por ejemplo, maestras jardineras, facturantes que trabajan 6 o 7 horas diarias y solo cobran 400 pesos de bolsillo (les pagan 500 pero deben abonar 100 en la AFIP). Entre las estrategias para ocultar estas verdades, suelen manipularse números mostrando cifras que ni por asomo se acercan a lo que mensualmente cobran los empleados municipales. Pero, en realidad, el punto sigue siendo poder responder qué hace el Estado con estas personas a las que se les ha contratado pagándole tan poco, y violándole sus derechos. En el supuesto caso de que existieran empleados que ganaran más que la intendenta, la cuestión subsiste ¿acaso el respeto de los derechos laborales hace inviable al Estado?. De ser así, deberíamos preguntarnos porqué el Estado dicta leyes cuyo cumplimiento lo lleva a su propia inviabilidad. En el municipio local hay trabajadores de todas la áreas que no están debidamente registrados –médicos, psicólogos, trabajadores sociales, inspectores, docentes, obreros del corralón, administrativos, etc.-, todos cumplen con funciones esenciales para el funcionamiento del Estado. Habiendo elegido el sistema democrático para nuestra sociedad no puede ser una opción la práctica del fraude laboral desde el mismo Estado. Como tampoco puede admitirse la reducción de los derechos de los trabajadores o la enojosa teoría de que si los empleados municipales dejan de estar “en negro” habría que aumentar los impuestos porque se necesitaría más dinero para pagar sueldos mínimos. Esta posición puede sonar brillante por su lógica interna pero es errónea cuando se la enfrenta a los hechos. Bastaría preguntarse si todo el dinero municipal se destina a personal. Claro que no, en realidad hay dinero que hoy se destina a otras cosas y bien podría destinarse al pago de sueldos dignos y a respetar la ley. ¿Dónde está ese dinero? En la partida de los demasiados funcionarios que tiene el municipio, en los gastos de prensa y protocolo, en las deudas que no se cobran adecuadamente, en aquello que se entrega a algunos concesionarios, de los viajes que les pagamos a los funcionarios, en el descontrol de los gastos superfluo y en el costo inusitado que se pagan por algunos bienes o servicios que prestan “amigos del poder”. Allí está el dinero. En realidad, nos parece que el problema no es de dinero sino de saber si es viable un Estado que no mienta sus relaciones laborales. Puede hablarse mucho de transparencia financiera, pero todo ssabemos que es mentira, no se está mirando el fraude laboral que se comete. Jesús Chirino (Empleado Municipal) José Luis Bernabé (Empleado Municipal) Camilo Rodríguez (Jubilado Municipal)