Cavagnero / Accastello: Sin respeto por los trabajadores

En el día de hoy, en medio de las festividades de final de año, cuando nos disponemos a brindar con los seres queridos con la esperanza de un año mejor, desde la intendencia de Villa Nueva salieron 16 notificaciones de que un número similar de trabajadores se quedan sin trabajo. En estos días se llegaría al número de 40 para, según fuentes cercanas al Poder Ejecutivo de esa ciudad, días después dejarán sin trabajo a 72 compañeros y compañeras municipales que trabajan en el corralón, tránsito y oficinas de la administración central.

El caso posee ribetes indignantes, no sólo por quitar el trabajo en medio de estas fiestas, sino también porque hace apenas un par de meses que el propio intendente municipal Guillermo Cavagnero firmó un acta acuerdo, con representantes de los trabajadores, en la que textualmente se escribió que se "mantendrá en su totalidad la planta de Personal Contratado". Consideramos que la autoridad municipal no puede desentenderse del compromiso asumido y atentar contra la seriedad de las instituciones al borrar con el codo lo que escribió con la mano.

Llamamos a la reflexión tanto al Poder Ejecutivo de Villa Nueva como al de Villa María, que tampoco está solucionando el problema del pago de la movilidad a los trabajadores que hace tres meses lo demandan, para que sean responsables y protejan la fuente laboral, reinstalen los compañeros despedidos y busquen soluciones mediante un diálogo real y franco. La CTA se solidariza con los trabajadores cesanteados y sus familias repudiando todas esas conductas contrarias a los derechos de los trabajadores a la vez que advierte que este tipo de despidos tienen lugar a partir de los altos niveles de precarización laboral que mantienen los municipios con sus trabajadores, siendo Villa María líder en esta nefasta práctica. Desde nuestra Central desde hace años venimos advirtiendo sobre la incongruencia que significa que desde el Estado no se respete la estabilidad laboral del empleo público y se practiquen el despido y el miedo al mismo como forma de establecer la relación con los trabajadores. Poco tienen que ver con lo democrático esta manera de relacionarse con los trabajadores. Si Abel Posse en Buenos Aires negaba el derecho a protestar de los trabajadores diciendo que cuando los docentes hacen huelga le ponen una pistola en la cabeza a los niños, en nuestra región amenazan con hechar si se participa en asambleas, se protesta o se apoyan denuncian tan graves como las de acoso sexual. Ahora en Villa Nueva directamente se han despedido a los compañeros en medio de una época festiva. Solicitamso la inmediata reincorporación de cada uno de ellos en cumplimiento de la mencionada acta.

Sin mano dura

La CTA regional, de acuerdo con su tradición, adhiere al concenso contra la mano dura abogando por una política de seguridad que brinde soluciones inmediatas y perdurables, pero evite el facilismo represivo.

Coincidente con el apoyo que se viene otorgando a la VACAP - CTA, la defensa de los Derechos Humanos y la denuncia de sus violaciones en la ciudad y región, el pedido permantente de un servicio eficiente de justicia, la oposición a la violencia policial -reflejada en los innumerables casos denunciados-, adhiriendo a la denuncia de los estudiantes de la UNVM en relación a la actitud de un alumno/comisario, desde la regional de la Central de Trabajadores de la Argentina adherimos al acuerdo que se opone a la mano dura y llamamos la atención a aquellos sectores de la vida social y política local que vienen haciendo oídos sordos ante los reclamos de organizaciones como la VACAP se convierten en defensores de la mano dura. .

Las respuestas estatales autoritarias e ineficientes frente al delito y la fuerte dosis de exclusión y violencia que domina el debate público y orienta muchas de las acciones del Estado en la materia exigen una discusión abierta y pluralista, capaz de alcanzar acuerdos básicos sobre políticas democráticas de seguridad que atiendan las legítimas demandas de la sociedad.

Esta situación exige instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas, dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia.

1- El Estado frente al problema del delito

En nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.

En los últimos años, algunos procesos de reforma de las instituciones de seguridad tuvieron resultados favorables, pero fueron interrumpidos para volver a políticas de probado fracaso

2- El engaño de la mano dura

Las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática.

La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura.

Los reiterados fracasos de estas políticas han sido utilizados para insistir con las mismas recetas, en una espiral irresponsable que nunca rindió cuenta de sus resultados.

Esta sucesión de intervenciones erradas ha constituido un impedimento para la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos.

3- Responsabilidad del Estado

El Estado tiene la responsabilidad de asegurar a la población el libre ejercicio y goce de sus derechos. La construcción de una ciudadanía respetuosa de la ley es el camino indicado, pero si la ley resulta quebrantada, el Estado debe proveer los medios necesarios para individualizar a los responsables y sancionarlos cuando corresponda.

Una adecuada política criminal y de seguridad requiere: una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada; una Justicia penal que investigue y juzgue en tiempo oportuno a quienes infringen la ley, garantice la plena observancia de las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio, y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador.

4- Una concepción integral de la seguridad

La manera eficaz de avanzar sobre el problema implica operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas. Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales deben estar distribuidos de manera igualitaria y generar una mayor protección para los sectores excluidos, de modo de no profundizar la desigualdad.

Para avanzar en un abordaje integral y efectivo del problema de la seguridad, el diseño e implementación de políticas democráticas debe surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público. La producción de esa información es también una responsabilidad indelegable del Estado.

5- Gestión democrática de las instituciones de seguridad

Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito, de modo eficiente y legal, requiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. La historia reciente demuestra que la delegación de esta responsabilidad permitió la conformación de “estados mayores policiales”, autónomos, que han organizado vastas redes de corrupción, llegando a amenazar incluso la gobernabilidad democrática.

Los lineamientos básicos para una modernización y gestión democrática de las instituciones de seguridad son: la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital y comunal; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno de carácter civil y control externo del desempeño y de la legalidad; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos; el régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales.

6 - Desactivar las redes del delito para reducir la violencia

Las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad.

La realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas y a un importante mercado ilegal de armas que aumenta los riesgos para la vida y la integridad de las personas.

Por lo tanto, reducir la violencia que alarma a nuestra sociedad exige reorientar los recursos de prevención y de investigación penal hacia la desactivación de estas redes de delito y de los mercados ilegales. El Ministerio Público Fiscal, en coordinación con las autoridades de gobierno, tiene un rol fundamental en estas tareas.

Una policía judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, traerá transparencia en la investigación penal preparatoria.

7 - Gestión policial no violenta en el ámbito público

La gestión democrática de la seguridad debe garantizar la regulación del accionar policial en los operativos en el espacio público, tales como espectáculos deportivos, recitales, manifestaciones de protesta social y desalojo de personas. Para ello es fundamental establecer con rango normativo estándares de actuación en el espacio público, de modo de asegurar un uso de la fuerza proporcional, racional y subsidiario y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.

8 - El papel de la Justicia

El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una doble responsabilidad fundamental en el impulso de políticas de seguridad democráticas, en la investigación rápida y eficaz de los delitos y el control sobre el uso de la prisión preventiva, las condiciones de detención y la violencia institucional.

9 - Cumplimiento de las penas en un Estado de Derecho

En nuestro país hay cerca de sesenta mil personas privadas de libertad. Las condiciones inhumanas de detención, los índices sostenidos de sobrepoblación en cárceles, comisarías e institutos de menores, la ausencia de reinserción social, las prácticas sistemáticas de violencia, tortura y una enorme mayoría de presos sin condena son los rasgos más evidentes de los lugares de detención.

Una política democrática de seguridad tiene que ocuparse por que el cumplimiento de la prisión preventiva y de la pena se dé en condiciones dignas y aptas para la readaptación de la persona condenada y no contribuya, como hasta ahora, a la reproducción y agravamiento de los problemas críticos de violencia, injusticia y delito que se propone resolver.

10 Un nuevo acuerdo para la seguridad en democracia

Para cumplir con la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos en el marco de estos principios democráticos es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.

Firmas:

Por la CTA: Hugo Yasky, Víctor De Gennaro y Víctor Mendivil. Por la CGT: Hugo Moyano.

Legiladores: Agustín Rossi, Remo Carlotto, Héctor Recalde, Adela Segarra y Adriana Puiggrós, (FPV); Ricardo Gil Lavedra y Ricardo Alfonsín (UCR); Fernando Solanas y Claudio Lozano (Proyecto Sur); Victoria Donda y Cecilia Merchan (Libres del Sur); Martín Sabbatella, Carlos Heller y Vilma Ibarra (NEPyS); Mónica Fein, Jorge Rivas y Ariel Basteiro (PS); Marcela Rodríguez, Griselda Baldata, Elisa Carca y Horacio Piemonte (CC); Margarita Stolbizer (GEN); Felipe Solá (PF) Giustiniani, Rubén (Sen. PS); Solá, Felipe (Dip. Peronismo Federal); y Rubén Giustiniani (Sen. PS). Entre los legisladores de las diferentes provincias aparecen Sandra Cruz y Fernando Navarro (Dip. PBA-FPV); Luis Malagamba y Jaime Linares (dip. PBA-GEN); Marcelo Brignoni, y José Tessa (dip. Sta. Fe-EDE); Carlos Martínez, Carlos Morello y Paula Sánchez (dip. de Libres del Sur por Chaco, Salta y Neuquén, respectivamente); Gabriela Cerruti y Gonzalo Ruanova (Leg. porteños Nuevo Encuentro); Eduardo Epszteyn, Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo (Leg. porteños Diálogo por Bs. As.). Por otro lado, Hermes Binner (Santa Fe) y Jorge Capitanich (Chaco) ya habían sumado sus firmas entre los gobernadores; y Daniel Salvador, como presidente de la UCR bonaerense. También firmaron como referentes sociales, religiosos y de la cultura, Luis D’Elía (Mov. Tierra y Vivienda); Edgardo Depetri (Frente Transversal); Emilio Pérsico (Movimiento Evita); Humberto Tumini y Jorge Cevallos (Libres del Sur); Roberto Baigorria (Coord. Nac. Barrios de Pie); Eduardo De la Serna (Curas en opción por los pobres); además, por la Comisión Provincial por la Memoria firman Miguel Hesayne (obispo emérito); Daniel Goldman (Rabino); Martha Pelloni; Aldo Etchegoyen (obispo metodista-Comisión por la Memoria y APDH). También Néstor Borri (Nueva Tierra); Néstor Picone, Mary Sánchez; Laura Berardo (Libres del Sur). En el ámbito de la Cultura, León Gieco; Ricardo Foster y Horacio González (Carta Abierta); Mempo Giardinelli y Tito Cossa (Comisión por la Memoria). Por la Comisión por la Memoria también Hugo Cañón, Adolfo Pérez Esquivel (también del Serpaj); Laura Conte (por las Madres, CELS, CPM); Alejandro Mosquera, Elizabeth Rivas, Mauricio Tenembaun, Luis Lima, Carlos Sánchez Viamonte, María Verónica Piccone, Emilce Moler, Susana Méndez, Fortunato Mallimacci y Leopoldo Schiffrin (Comisión por la Memoria). Entre los organismos de Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, en conjunto; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Abuelas de Plaza de Mayo; la APDH; Hijos; el Serpaj y la Fundación Memoria Histórica y Social. También dieron su apoyo Raquel Wittis y los Familiares de Luciano Arruga con la APDH de La Matanza. Y especialistas como el ex camarista federal y ex ministro de Justicia y Seguridad bonaerense León Arslanian; el ministro de la Corte Suprema y docente de Derecho de la UBA, Raúl Zaffaroni; Marcelo Saín (ex secretario de Seguridad bonaerense y ex titular de la PSA); Enrique Font (Derecho, Univ. Nac. Rosario); Alberto Binder, Martha Arriola, Gabriel Kessler, Luis Tibiletti, Gustavo Palmieri (CELS), Luis Lugones, Ana Clement (directora de la Licenciatura en Seg. Ciud.); Juan Tokatlian (UTDT); Sofía Tiscornia (UBA); Mario Coriolano (Prof. Derecho Unlap, representante argentino en el Comité Contra la Tortura ONU); Pablo Alabarces (UBA e investigador Conicet); Máximo Sozzo, (Univ. del Litoral); Gabriel Bombini (Univ. Nac. de Mar del Plata); Martín Appiolaza (Univ. Nac. de Mendoza); Jorge Perano (Univ. Nac. de Córdoba); Gabriel Ganón (Univ. Nac. de Rosario). Hugo Trinchero (Decano Filosofía, UBA); Mónica Pinto (Coordinadora del Programa DDHH, UBA); Damián Loretti (vicedecano Fac. de Sociales, UBA); Víctor Abramovich (Cels y Centro de DDHH-Univ. de Lanús, PBA); Gustavo E. Lugones (rector de la Univ. Nac. de Quilmes); Enrique Font (Cátedra de Criminología y Política Criminal, Fac. de Derecho, UN Rosario); Daniel Erbetta (Dep. de Derecho Penal y Criminología, Fac. de Derecho UN Rosario); Eduardo Basualdo y Daniel Azpiazu (Flacso); Jorge Perano (Fac. de Derecho Univ. Nac. de Córdoba); Carlos Acuña (Director de la Maestría en Políticas Públicas de la Udesa) y Carolina Smulovitz (directora del Dto. de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de UTDT). Se agregan otras firmas de representantes e instituciones de diferentes ámbitos que aún estaban en proceso de confirmación.

Estudiantes de la UNVM repudian comisario Daniel Luna

Municipales acoso y reincorporación de delegado

Delegado vuelve a sus funciones

Se realizó el martes una audiencia de Conciliación en la que el representante de la Municipalidad aceptó la reincorporación a sus tareas de Héctor Daniel Quiero.

Según había denunciado el empleado municipal y delegado en el área de Tránsito, las autoridades habían intentado en un primer momento trasladarlo de su lugar de trabajo.

En ese caso, la Justicia ordenó sea reintegrado dado que para cumplir con la función de delegado debía seguir desempeñándose en el área donde sus compañeros lo habían votado como representante.

Luego, según la denuncia de Quiero, lo habían dejado sin tareas. Es decir, que fue sometido a cumplir horas en el lugar de trabajo pero sin tener actividad, lo que a criterio de la abogada que lo representó, Cecilia Pérez Correa, atenta contra la salud física y mental del trabajador.

Cabe señalar que Quiero es padre de una ex empleada de Tránsito que denunció a Fabián Carranza (ex Adjunto del SUOEM) por acoso sexual (ver a otra nota en esta página) y que además adhiere al grupo de delegados opositores a la conducción del gremio.

En ese contexto, Quiero pidió un amparo y finalmente llegaron a un acuerdo con la Municipalidad, representada por el letrado Luis Rey, quien se comprometió a reintegrarlo a las actividades habituales. Además, la Municipalidad deberá pagar 2.000 pesos por las costas.

Denuncia por acoso sexual y laboral La Municipalidad inició una investigación interna

El Poder Ejecutivo Municipal inició una investigación sumaria administrativa (expediente 43.878) para investigar de manera interna los hechos denunciado por Mónica Quiero, quien presentó una demanda contra Fabián Carranza por acoso sexual y laboral.

La Municipalidad fue notificada de esa demanda porque es también considerada responsable solidaria.

A partir de esa notificación, las autoridades iniciaron el expediente interno.

“Consideramos que el inicio de un sumario protege los derechos de todas las partes del caso. Desde hace tiempo pedíamos esto aunque, lamentamos que no se iniciara hasta que apareció la notificación judicial”, indicaron dirigentes de la CTA.

“Ante cualquier duda de que podrían estar siendo afectados los derechos humanos de los trabajadores/as debería actuarse para clarificar las cosas de manera inmediata”, agregaron al ser consultados por EL DIARIO.

“Todos sabemos que estos casos movilizan muchos prejuicios y suelen poner en el tapete conceptos machistas y autoritarios que, de antemano, desmerecen a las compañeras, por lo cual esperamos celeridad y equidad en la tramitación del sumario. Por lo pronto se ha dado un paso en positivo, aspiramos a que se continúe en el mismo sentido con todas las denuncias”, concluyeron.

De los municipios de las dos Villas

Compañeras apoyan a las denunciantes de acoso

También fustigaron al SUOEM por inclinarse hacia sus directivos acusados. En una nota se detallan los tipos de acoso y las leyes existentes.

Un grupo de trabajadoras municipales salió en apoyo de sus compañeras denunciantes de acoso sexual. Como se recordará, a principios de este mes, seis empleadas de la Municipalidad de Villa María denunciaron ante la Justicia a funcionarios jerárquicos por acoso sexual.

En las últimas horas, empleadas de las comunas local y de Villa Nueva, salieron a respaldar la denuncia y a exigir justicia, a través de una nota suscripta por la delegada villanovense Mónica Gramaglia.

“Estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -señala la carta de Gramaglia- informaron que el dos por ciento de las personas que trabajan en el mundo -y en especial las mujeres- padecen acoso sexual. Existen varias definiciones sobre el concepto de acoso sexual plasmadas en las leyes, fallos de tribunales, códigos y convenios colectivos. Si bien pueden diferir en ciertos detalles, expresan equivalentes puntos clave: acoso sexual es toda conducta de naturaleza sexual y basada en el sexo, que afecta la dignidad de hombres y mujeres, por lo que resulta ingrata, ofensiva, humillante e irrazonable para quien la recibe. En los lugares de trabajo, además, crea un ambiente intimidatorio y hostil."

La Secretaría de la Mujer de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) realizó un estudio del tema y destacó cinco niveles de conductas de acoso sexual.

• Acoso verbal: conversaciones de contenido sexual, piropos, chistes.
• Acoso no verbal y sin contacto físico: muecas, gestos lascivos, miradas.
• Acoso fuerte, verbal: invitaciones con intenciones sexuales, llamadas telefónicas, cartas.
• Acoso fuerte, con contacto físico: manoseo, acorralamiento.
• Acoso muy fuerte: presiones físicas y psíquicas para concretar el contacto íntimo.

Para quien lo padece, las consecuencias del acoso sexual pueden manifestarse de diversas formas: ansiedad, estrés, depresión, trastornos psicosomáticos, como problemas digestivos, cutáneos o jaquecas, entre otros.

Legislación

Gramaglia puntualizó que "No existe en nuestro país una normativa específica a nivel nacional aplicable al ámbito privado respecto del acoso sexual en las relaciones laborales. La convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencia de Belem do Pará, ratificada por Argentina por la Ley 24.632 en abril de 1996, se refiere expresamente al acoso sexual como una forma de violencia en contra de las mujeres, pero que aún no ha adquirido rango constitucional. El artículo 2 de la Convención aclara que la violencia contra la mujer comprende "el acoso sexual en el lugar de trabajo así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar y que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra".

Sin embargo, en el país, la persona afectada no cuenta con ningún mecanismo directo que le posibilite obligar al acosador a cesar en su conducta. A nivel nacional, en el ámbito de la función pública rige el Decreto 2.385 de 1993, que introdujo el tema del acoso sexual por vía reglamentaria. Al definir el acoso sexual se refiere al funcionario que en ejercicio de sus funciones se aprovecha de una relación jerárquica e induce a otro a acceder a sus requerimientos sexuales (exista o no acceso carnal).

Dónde acudir

En caso de acoso sexual, el Instituto mencionado recomienda recurrir al área Mujer del sindicato al que pertenece la trabajadora.

"Esta sugerencia es por cierto lógica y coherente si la vemos desde el punto de vista que consideramos como sindicato a un grupo de personas que como objetivo principal y primordial tiene el de velar por la optimización de las condiciones laborales, entre ellas la integridad física y emocional de los empleados municipales.

Como ha quedado demostrado que no es el ánimo de la comisión Directiva del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), cuando parte de sus directivos son los que están denunciados por acoso sexual perpetrado durante mucho tiempo sobre nuestras compañeras municipales, es por ello que las empleadas municipales de Villa María y Villa Nueva adhieren en apoyo total e incondicional hacia ellas y en repudio al accionar de estas personas, que por cierto dejan planteados muchos interrogantes.

Esperamos que se haga justicia por la dignidad de la mujer, que siempre es vulnerada ante el accionar despreciable de personas inescrupulosas que haciendo uso de su poder, tratan de satisfacer sus bajos instintos", expresó Gramaglia.

Fuente. El diario, empresa recuperada por sus trabajadores de prensa y gráficos.

Documental sobre la pueblada de Corral de Bustos

Se me ha perdido una niña: La estética del estallido

Escribe: Ricardo Carballo

En el campo de la filmografía social, la estricta definición de “documental” resulta extremadamente insuficiente para sindicar con verdadera justicia la obra dirigida por Sergio Stocchero y producida por Jesús Albero Chirino: “Se me ha perdido una niña”. Como producción cinematográfica excede los cánones clásicos del género, propiciando artísticamente una tenaz línea de fuga hacia la exploración de nuevas tendencias. En otras palabras, el documental clásico ha sido desbordado, precisamente allí, en donde lo ficcional no puede tener cabida.

La objetividad de su narrativa, en este caso, no reposa en un criterio selecto y sabihondo donado –como síntesis de un conocimiento específico y superior– por los realizadores, sino, justamente, en todo lo contrario: Su línea argumental abreva en el meta relato colectivo, preservando con contundencia y objetividad las voces de los protagonistas de un suceso social relevante: “La pueblada de Corral de Bustos”.

Fruto de un minucioso trabajo de documentación, en la que el productor acudió tanto a fuentes públicas –cobertura televisiva de los sucesos– como a fuentes propias –captadas personalmente con vistas al emprendimiento con una cámara hogareña pagada en no pequeñas, pero sí innumerables cuotas– “Se me ha perdido una niña” se presenta como un genuino producto del Cine Militante, un estilo de comunicación surgido a la vera del dolor y la injusticia social y cuyo principal objetivo es “dar cuenta de la vida” a partir de la objetividad y la estética.

En “Se me ha perdido una niña” la línea argumental –y cada palabra que la habita– fue enunciada al rescoldo de los hechos a partir del arqueológico y cuidadoso rescate de la realidad social y la vivencia colectiva de un pueblo del interior cordobés, pueblo que se transforma en el único y digno protagonista de la obra. En este film los sucesos acaecidos se reflejan a partir de sus dos posibles interpretaciones: La del Estado –que con sus actos y a partir de la violencia legítima que le es propia– lee en el oráculo social de las cenizas un designio disolvente y, la de los protagonistas de la gesta –que desde la esperanza y la consciencia solidaria– denuncian a viva voz que no existe tal oráculo y que las cenizas emergentes de la crisis constituyen una irrefutable evidencia de que la justicia –ultrajada por el abuso de poder y la desidia– reclama resurgir como el ave fénix.

“Se me ha perdido una niña”, en consecuencia, deviene en una pieza fílmica altamente lograda en la que la estética de un estallido social queda magistral y objetivamente reflejada mediante imágenes y voces libres de ataduras al guión, imágenes y voces que se desgranan en testimonios sinceros que dan cuenta –a partir de un encuadre audaz y creativo– de un suceso social que ha marcado a fuego la Memoria. En el film, esta díscola estrategia narrativa adquiere una compacta homogeneidad mediante un catalizador argumental indiscutible: La solidaridad y la organización social como recurso cívico y humano para enfrentar los abusos del poder.

Cuando comenzó a recorrer el camino de las letras Sergio Stocchero –en su primer libro, titulado “los pequemos monstruos”– supo escribir: “Toda historia es en sí, la misma historia”. En “Se me ha perdido una niña” este reconocido cineasta, nuevamente, demuestra que sigue siendo fiel a aquella lúcida reflexión que acuño con formato de poesía allá por mil novecientos ochenta y cinco. Debido a esto “Se me ha perdido una niña” cuenta una historia colectiva que ya forma parte de otra historia, la inconmensurable historia del hombre en su lucha por la justicia y por la dignidad.

Ricardo César Carballo

Diciembre de 2009

Una noche inolvidable

El miércoles en la Plaza 25 de Mayo se proyectó “Se ha perdido una niña”, el filme dirigido por Sergio Stochero y producido por el dirigente de la CTA-Villa María, Jesús Chirino, que cuenta la historia del levantamiento popular del 4 de diciembre de 2006.

Por Fabián “León” Etchegaray (*)

La del miércoles no fue una noche más en Corral de Bustos. Fue la noche en que se estrenó el documental “Se ha perdido una niña”, dirigida por Sergio Stochero y producida por el secretario de Derechos Humanos de la CTa-Villa María, Jesús Chirino, sobre la Pueblada de Corral de Bustos el 4 de diciembre de 2006.

La Plaza 25 de Mayo fue el escenario elegido para la proyección del filme y no podía ser otro el lugar porque allí durante tantos realizamos más de cincuenta marchas pidiendo justicia y la liberación de los 42 compañeros que fueron detenidos por reclamar el esclarecimiento del asesinato de la pequeña Ariana Sabache, de tres años de edad.

Fueron sesenta minutos a pura emoción y todos, de algún modo u otro, nos sentimos protagonistas del documental porque en él vimos reflejados imágenes de esa lucha que iniciamos hace tres años contra una Justicia ciega, sorda y muda para con los que menos tienen.

La lucha continúa. Todavía está pendiente la realización del juicio donde esperamos se haga justicia, mientras tanto nos queda el recuerdo de la emoción del miércoles cuando todos en silencio vimos reflejada en la pantalla nuestros tres años de lucha.

(*) Delegado de la CTA-Corral de Bustos. Imputado en la causa. Estuvo 45 días presos en la cárcel de Villa María.

www.prensared.com.ar

Abogados laboralistas se solidarizaron con Chirino y Bernabé

Piden que se aclaren los hechos y se condene a los culpables. La Asociación de Abogados Laboralistas presidida por Guillermo Pajoni repudió las intimidaciones sufridas por los delegados municipales.

La Asociación de Abogados Laboralistas hizo llegar su solidaridad a los delegados municipales que sufrieron amenazas Jesús Chirino y José Luis Bernabé, a la vez que solicitaron el esclarecimiento de los hechos y la condena de los culpables.

Mediante una nota, enviada a los sindicalistas y a la que tuvo acceso EL DIARIO, la entidad expresó su repudio a las acciones violentas, intimidaciones y amenazas de las que fueron objeto los trabajadores mencionados. “Amparándose en las sombras de la madrugada del 3 de diciembre los violentos de siempre rompieron el automóvil de un delegado gremial y visitaron la casa de otro en un claro acto intimidatorio. La agresión fue dirigida contra los militantes sindicales y sociales José Luis Bernabé, secretario de organización de CTA Villa María, y Jesús Chirino, secretario de DD.HH. de la misma regional de la Central de Trabajadores. Los dos hombres que siempre han planteado con entusiasmo el debate de ideas”, precisó el escrito firmado por Guillermo Pajoni y Fernando Nuguer.

En otro de sus párrafos, la nota indicó que “no se conoce quiénes son los culpables de las agresiones. Sí se conocen los conflictos en los que estos hombres vienen participando”.

En este sentido, la nota de la Asociación recuerda el conflicto municipal que se viene desarrollando desde hace dos meses en reclamo de “movilidad para todos” y la solidaridad de la CTA con un grupo de mujeres que denunció “haber sido acosadas sexualmente por sus jefes”.

En la misiva, se remarcó además la denuncia penal realizada por Jesús Chirino “por la agresión física que le propinó un dirigente del SUOEM en medio de una reunión de delegados y comisión Directiva”.

“Mediante ésta repudiamos todos los hechos de violencia, solicitamos a la Justicia que se esclarezca cada hecho y se castigue a los culpables y, solidarizándonos con los agredidos, rescatamos la necesidad de la vigencia de la libertad y la democracia sindical y el respeto a los derechos de los trabajadores”, destacó la misiva en su párrafo final.

Fuente. El Diario, empresa recuerada por sus trabajadores de prensa y gráficos.

Documental sobre la Pueblada de Corral de Bustos

Se ha encontrado un pueblo

El filme dirigido por Sergio Stocchero y producido por el secretario de Derechos Humanos de la CTA-Villa María, Jesús Chirino, se proyectará en el lugar de los hechos ocurridos el 4 de diciembre de 2004: la plaza 25 de Mayo de Corral de Bustos. La cita es a las 21.30.

2009-12-13 -

Una absurda canallada, una tragedia, una pueblada, un edificio judicial incendiado, cámaras, detenidos, testimonios, un juicio en vilo y una pila de vídeos desordenados configuran el contexto previo del documental sobre la Pueblada de Corral de Bustos titulado "Se me ha perdido una niña".

El documental, de sesenta minutos, dirigido por Sergio Stocchero y producido por el secretario de Derechos Humanos de la CTA-Villa María, Jesús Chirino, se estrenó el lunes 7 de diciembre en la Medioteca Municipal “Mariano Moreno” de Villa María y el próximo miércoles, a las 21.30, se proyectará, en el lugar de los hechos: la Plaza 25 de Mayo de Corral de Bustos.

“Teníamos que buscar un director que entendiera la lucha que desarrolló allí la CTA-Villa María junto a los ciudadanos del lugar y que aparte tuviera antecedentes suficientes para asegurarnos un buen resultado en relación a contar toda esta tragedia”, afirmó Chirino.

“El director elegido fue Sergio Stocchero, quien tiene una vasta experiencia en este tipo de documentales y el resultado ha sido más que óptimo por lo que pudo comprobarse en la función realizada en Villa María y donde los vecinos de Corral de Bustos salieron muy emocionados y le dieron las gracias al director por lo que habían visto”, recordó el dirigente.

La historia se inicia con el relato, por parte de una corralense, de la violación y posterior asesinato de la menor Ariana Sabache, de apenas 3 años de edad, ocurrido el 4 de diciembre de 2006.

Con la pantalla en negro, se escucha la voz de la mujer que narra cuando se enteró, por la boca de una niña de 10 años que le contó acerca de cómo sus tíos mataron a Ariana.

Luego se suceden imágenes del incendio, pero no es ese el centro del documental que se interna en una serie de historias que van desnudando qué pasó con la justicia de aquella localidad cordobesa antes y después de la pueblada.

En algún momento, de manera natural y como parte del paisaje, aparecen las referencias a la CTA como organización que lideró la lucha por el respeto de los derechos de los ciudadanos corralenses. Luego llega el protagonismo de los vecinos que pelearon para sacar de la cárcel a sus conciudadanos.

La Pueblada de Corral de Bustos derivó en la detención de casi medio centenar de vecinos, muchos de ellos recién a fin de 2007 dejaron la cárcel de Villa María donde padecieron todo tipo de vejámenes por parte de las autoridades policiales y judiciales.

En aquellos días, la delegación de la CTA-Villa María, integrada por Jesús Chrino llegó al lugar de los hechos para acompañar a los vecinos imputados.

Al cabo de un tiempo, y dándose cuenta de la magnitud de la situación, Chirino compró una cámara y comenzó a documentar reuniones, voces y testimonios cara a cara.

Ese material, junto a la recopilación audiovisual cedida por canales de televisión de la zona, fue entregado a principios de este año a Sergio Stocchero, quien en ese momento estaba finalizando la producción del documental "Una historia de caminos".

"En un principio me gustó el desafío de hacer una película armando ese rompecabezas de imágenes, casi sin filmar nada después. También me sentí cómodo por la libertad que me dio Jesús (por Chirino). Sólo me pidió que de alguna manera plasmara la transición de la gente que pasó de una reacción espontánea, a la organización de marchas y reclamos por los vecinos presos", señaló Stocchero.

El director aclara que "el documental no es político-militante, sino más bien apunta a las impresionantes historias de vida de esa gente que fue a pedir justicia y terminó presa".

Stocchero tiene una motivadora forma de contar, logrando mantener la atención del espectador a lo largo de los 60 minutos que dura la película. A medida que avanza la proyección se suceden hechos terribles para la vida de los seres humanos que protagonizan la historia, todos presentados con respeto y dignidad.

Si bien se ven testimonios individuales a medida que progresa el documental se va conformando un discurso colectivo que interpela acerca del significado que tiene un servicio de justicia eficiente para todos los ciudadanos por igual.

Cuando el director ya logró contar el hecho, las historias individuales y la lucha colectiva a partir de ir describiendo la manera en que se pasó del estallido a la organización. Luego se llega al final con un desgarrador Himno Nacional cantado por Charly García.

Fuente: Prensared y El Diario

Continúa el conflicto municipal en Villa María

RADIO, CARAVANA Y CARPA MUNICIPAL

Esta semana continúa el conflicto municipal entre la Intendencia Municipal de Villa María y los trabajadores. Están previstas manifestaciones de apoyo, radios abiertas, carpa de la dignidad y caravanas.

Van casi tres meses de reclamo por parte de los empleados que demandan el pago del adicional por movilidad ($160) que se le abona a otros trabajadores municipales.

La intendencia, a cargo de Eduardo Accastello, reiteradamente ha cortado el diálogo diciendo que los trabajadores denuncian o acompañan denuncias que tienen que ver con la realidad que viven en su trabajo. Fue muy resonante el caso del apoyo que los trabajadores dieron a las denuncias por acoso sexual que hicieron seis trabajadoras municipales. Dos de esas denuncias ya se formalizaron en tribunales, las otras están prontas a ingresar a la justicia. En los casos que tomaron estado judicial se acusa a dos jerárquicos del municipio que a la vez son integrantes de la comisión directiva del SUOEM, sindicato al que los trabajadores señalan como el que les dio la espalda una vez más en medio de un conflicto. Debe recordarse que al inicio de la demanda de los $160 la comisión directiva se puso al frente de la misma, luego desconoció el reclamo.

La novedad de estos últimos días ha sido que comenzaron a entrar afiliaciones de municipales a la sede local de la Asociación de Trabajadores del Estado. Es decir que ATE ya tiene afiliados en el municipio y es parte del conflicto.

El día miércoles frente el municipio este gremio, la CTA con sus regional de varios puntos de la provincia participaran de una manifestación de apoyo a los municipales que vienen demandando hace casi tres meses.

Por otra parte se han preparado otras manifestaciones como radios abiertas en el centro de la ciudad, carpas de la dignidad en algún lugar estratégico de la Villa y caravana por los barrios. Los trabajadores continúan su lucha.

Estamos a favor de no discriminar

Con la letra de nuestro Himno Nacional cantamos sobre el “trono de la noble igualdad”, pero por si eso fuera poco a lo largo de la historia fuimos generando una estructura de normas, en cuya cúspide está nuestra Constitución Nacional y los pactos internacionales que desde 1994 integran su letra, allí sostenemos le compromiso con la igualdad y la no discriminación.

En el caso de nuestra ciudad incluso se ha firmado un compromiso en el INADI para ser una ciudad libre de discriminación. Pero la realidad cotidiana no siempre expresa esto en actos concretos. Si bien en la ciudad existe mucha gente que trabaja por la no discriminación, no siempre puede decirse lo mismo en relación al Estado local. Recordemos el caso del funcionario municipal que, según dictamen del INADI, tuvo conductas discriminatorias contra una mujer empleada municipal. El propio Concejo Deliberante no ha tratado el proyecto presentado por un bloque que planteaba tener una actitud diferente a la que mantuvo el Poder Ejecutivo ascendiendo al funcionario discriminador. Los trabajadores municipales que revisten en las categorías de empleados de planta del primer o segundo estatuto, contratados por años para supuestas tareas eventuales, los facturantes, etc. conocen que eso de la igualdad no siempre es practicado por el municipio.

Por estos días integrantes del Colectivo Feminista “Tienes Que decidir” no ha pedido que nos expresemos públicamente acerca del proyecto de Unión Civil presentado por un bloque unipersonal. Notamos que si bien no se trata de un proyecto que elimine la discriminación que comete el Estado cuando dos personas, del mismo sexo, tratan de unirse para compartir sus vidas, consideramos que puede ser un paso, una expresión institucional que llame la atención acerca de la necesidad de ver que existe una responsabilidad internacional del Estado por los tratados firmados en contra de la discriminación y el respeto de los DDHH.

No nos manejamos en la dicotomía oficialismo/oposición. Las conductas discriminatorias son tales vengan de dónde vengan, aunque se agravan cuando se desarrollan desde el Estado. Este es un proyecto que más allá de las simpatías políticas del bloque autor, puede promover la discusión en relación a la lucha contra la discriminación

Hace poco se ha dado un fallo judicial que iba en este sentido, si bien el mismo fue cuestionado queda el recurso de la Corte Suprema que tendrá que expedirse. Eso sí, debería cuidarse que en el proyecto local no exija requisitos que podrían incluir cuestiones discriminatorias como la necesidad de cierto tiempo de residencia en la ciudad o de previa convivencia para poder concretar la mencionada unión civil. De todas maneras pensamos que la fuerza debería ir direccionada al apoyo de la discusión que se dará en la Corte Suprema y que tiene que ver con la responsabilidad del Estado que ha firmado compromisos internacionales.