LAS "POBRES" AFJP

Frente al eminente fin de las AFJP, en muchos medios de comunicación aparecen representantes de estas aseguradoras manifestando preocupación por la suerte de los trabajadores aportaron a esas empresas. En realidad están preocupados por su pérdida de ganancia, pero suena mejor decir que se ocupan de la suerte de los trabajadores. Para no escribir mucho, nos pareció interesante recordar lo que “El Diario” publicó el sábado 16 de octubre de 2004. En la noticia se ve cuánto le preocupaban los trabajadores, en este caso los propios, a una AFJP en Villa María. Dice que de muestra basta un botón.

NOTA DE “El Diario”

Son 16 las personas que quedaron sin trabajo en ProRenta "Fuimos obligados a renunciar"

Iniciarán acciones legales contra la AFJP, pues aseguran que fueron "coaccionados a firmar una renuncia bajo presión psicológica"

Son 16 las personas que perdieron su puesto de trabajo en la filial local de la AFJP ProRenta durante la jornada del jueves. De esta manera, se confirma lo que adelantó EL DIARIO sobre la cesantía de empleados en la Aseguradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. No obstante, Denis Simone, supervisor encargado de este grupo de trabajadores, aseguró en la edición de ayer de este medio que “aquí no hubo despidos ni suspensiones. No estoy autorizado a decirle más. Remítase a la oficina de Recursos Humanos, en Capital Federal”.

Ayer se confirmaron las cesantías y los trabajadores, respaldados por la CTA y el abogado laboralista Diego Sobrino, hablaron con la prensa. Aquí, comienza un conflicto que, temen, pueda repetirse en otras AFJP.

Crónica de una renuncia obligada

Un grupo de empleados relató la experiencia de lo que ven como un despido encubierto mediante la coacción. “Nos encerraron en una oficina y nos iban llamando de a uno o dos para comunicarnos que debíamos firmar la renuncia, pero después no nos dejaban vernos ni hablar entre nosotros, de modo que nadie sabía lo que estaba pasando. Luego, el propio Simone nos llevaba en su auto hasta el correo y nos decía cómo teníamos que llenar el telegrama. Y para rematarla, nos quería entregar los cheques en la vereda del mismo correo. Nos presionaron psicológicamente. Nos obligaron a renunciar, mediante la coacción y la privación ilegítima de la libertad. Vamos a iniciar acciones penales en la Justicia y acudiremos al Ministerio de Trabajo”, aseguraron los empleados. Entre los cesanteados hay personas de distintas localidades de la región, tales como Monte Maíz, Marcos Juárez, General Deheza y Bell Ville.

Posición de CTA

A raíz de este conflicto laboral, inmediatamente, la CTA fijó su posición, que hizo pública mediante un comunicado de prensa firmado por Camilo Rodríguez, José Luis Bernabé y Jesús Chirino, el cual transcribimos textualmente: “Los trabajadores fueron despedidos y, de manera perversa, se los coaccionó de manera tal que se vieron obligados a firmar sus renuncias. El violento y lamentable procedimiento fue llevado adelante, por parte de la empresa, por el psicólogo que está a cargo de la oficina de Villa María, Denis Simone y Patricia Villasuso. Es claro que estos profesionales no actuaron por iniciativa propia sino que estamos frente a una política de esta AFJP que se presenta con la frase ‘su futuro en buenas manos’.Las ‘buenas manos’ de ProRenta ejercieron la violencia para violar derechos elementales y obligar a lo trabajadores a que suscribieran sus renuncias. Ante la situación que se ha generado por la imposibilidad de registrar pases de beneficiarios y la perversidad de algunos ejecutivos, advertimos que esto puede llegara ser una política imitada por otras aseguradoras. Debemos estar alertas porque este violento procedimiento puede llegar a ser moneda corriente en las diferentes oficinas regionales de las AFJP.

En Villa María fueron despedidos 16 trabajadores de la ciudad y de las vecinas Bell Ville, Marcos Juárez y General Dehesa. Todos fueron citados a la sede de la empresa para una supuesta reunión. Cuando llegaron allí esperaron más de una hora y luego notaron que nadie se reuniría con ellos, por el contrario eran invitados, de uno en uno, a charlar con miembros de la empresa en una oficina cerrada. A los que quedaban esperando se les pidió que prendieran una radio como forma de impedir que escucharan lo que se charlaba en la sala contigua. Cuando esos encuentros con el representante de la empresa terminaban, los trabajadores no podían regresar a comunicarles las novedades a sus compañeros que continuaban la espera con la imposibilidad de salir del local o de hacer una llamada telefónica. Así fueron pasando uno a uno y, a todos, se les señaló que algún día podían regresara la empresa y obligándoseles a ‘renunciar’. Luego, el psicólogo encargado de la oficina, en su propio vehículo, los trasladó a la oficina local del correo y les dictó el contenido de los telegramas. También allí les impidió hablar entre ellos. Claro que todo esto sucedía bajo amenazas... La delegación de la CTA está trabajando con su asesor legal para hacer las presentaciones correspondientes ante la Superintendencia que controla la actividad de las AFJP, la delegación local del Ministerio de Trabajo, el Colegio de Psicólogos y la Justicia ordinaria por la coacción y la violación de los derechos humanos de los trabajadores”.

Constituyente Social

Jubilados deben ser activos en el control de los fondos

Desde un inicio la CTA se opuso a que los fondos previsionales quedaran en manos del Estado, mientras muchos sectores, incluso gremios, se aprestaban a participar del negocio desde la Central dimos lucha a ese proyecto que tiempo demostró que no funciona. Se juntaron miles de firmas, se hicieron campañas, se impidió que Cavallo eliminara del todo el sistema estatal. En 1992 juntamos un millón de firma para evitar el saqueo de las Cajas de Jubilaciones.

Conocido el proyecto de reestatizar los fondos jubilatorios, desde Jujuy donde este fin de semana se inaugurará la Constituyente Social, Víctor De Gennaro, secretario de relaciones institucionales de la CTA Nacional, respaldó la reestatización de los fondos previsionales en manos de los bancos y grupos económicos aunque subrayó que es necesario que de aquí en adelante, sean controlados por sus aportantes y se respete el 82 por ciento móvil. Se abre una etapa de discusión y tendremos que pensar la mejor manera de concretar el proyecto y resguardar los fondos para que no sean controlados por otros que no sean los propios trabajadores. Pero, sin lugar a dudas se trata del fin de un sistema que sólo beneficiaba a los banqueros. Los jubilados deben ser sujetos activos en el control de sus propios fondos para garantizar una jubilación digna. ---- CTA Villa María

NOS VAMOS A LA CONSTITUYENTE SOCIAL

La CTA Villa María, acompañada de gremios y organizaciones sociales de la ciudad y zona vamos a la Constituyente Social organizada en la ciudad capital de la provincia Jujuy. Bien al norte, cerca de la hermana Bolivia que viene dando ejemplo en la puesta en valor la voz del pueblo nos reuniremos con miles de dirigentes y activistas sociales a pensar cómo se hace una sociedad justa a partir del mismo compromiso que demostramos diariamente en la defensa de los derechos de la clase de los trabajadores. A las 19,30 del día jueves salen dos colectivos repletos de compañeros y compañeras hacia la ciudad de Córdoba donde se sumarán seis unidades más de transporte. Desde Villa María viajarán cerca de cien compañeros. La salida de los colectivos (también se viaja en autos) se concretará, a la hora mencionada, desde el local que ATE posee en la calle Santa Fe.

Pedir justicia

Días atrás, integrantes de organizaciones gremiales, políticas y sociales villamarienses fuimos a pedir justicia a la sede de la fiscalía general y del máximo tribunal de la provincia de Córdoba.

Para manifestar nos pusimos las máscaras de Mariela Bessonart que hace tres años ha desparecido, del fiscal Francisco Márquez que fue baleado, de Alejandro Roganti que recibió cinco tiros en su cuerpo y de los más de 20 vecinos muertos en Villa María sin que la justicia pudiera dar con los culpables de esos crímenes.

Literalmente nos cubrimos la cara para mostrarles a los hombres y mujeres de la justicia que en lugar de pedir “manos dura” solicitamos se respeten los derechos de todos los ciudadanos y, de manera especial, el de no convivir con la impunidad criminal. Necesitamos que todos los crímenes realmente sean esclarecidos dado que no existe mayor fuente de inseguridad que la impunidad. Por ello, ante el delito es necesario generar respuestas propias de un sistema democrático, sin apelar al miedo, con el profesionalismo y los recursos necesarios para las instituciones responsables.

No podemos satisfacernos escuchando que es difícil encarcelar a los autores intelectuales del atentando contra el dirigente gremial y político Alejandro Roganti. El sostenimiento de este colectivo de organizaciones, tan disímiles, para reclamar justicia tiene que ver con la imposibilidad de aceptar que todo conducirá a frases como: “se hizo todo lo posible”, “no encontramos pruebas”, etc.

Si la sociedad llegara a convencerse de que no pueden encontrarse a los criminales responsables de la desaparición o muerte de los vecinos o encarcelarse a los autores intelectuales del atentado contra el trabajador de E.P.E.C., estaríamos vencidos por el delito. Por ello es tan fuerte el pedido de justicia real, sin violación de derechos, sin apelar a metodología del pasado negro de Argentina, pero sí con un “nunca más” a la impunidad de los criminales. No decimos que esto sea fácil, pero acaso alguien se anima a sostener que encarcelar a los autores intelectuales del atentado contra Roganti no es una tarea necesaria a la hora de derrotar la impunidad.

No importa cuánto poder económico tengan los autores intelectuales de este atentado, no pueden tener más poder que la sociedad organizada con leyes que establecen claramente condena para el delito que han cometido.

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Firma:

Jesús Chirino - Secretario de DD HH de CTA Villa María

COMENTARIOS

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Las entidades sociales ya apuntan para arriba

Portando máscaras con los rostros de Bessonart, Roganti, Márquez y otras caretas blancas, los representantes de las organizaciones sociales locales que reclaman justicia, recorrieron ayer los pasillos de Tribunales I, en la ciudad de Córdoba. - Conjunto de instituciones que integra CTA Villa María - Los representantes de las entidades que vienen reclamando justicia para el intento de asesinato del dirigente social Alejandro Roganti, el ataque al fiscal Francisco Márquez, la desaparición de Mariela Bessonart y otros más de veinte crímenes impunes, conmovieron ayer a todos quienes se hallaban en el interior y en las inmediaciones del edificio de Tribunales I, de Córdoba capital, con una protesta de fuerte contenido. El grupo de manifestantes llegó desde Villa María y en la hora pico sus integrantes se calzaron máscaras con los rostros de Roganti, Márquez, Bessonart y otras caretas blancas que recordaban a los 25 asesinados. Después de rodear con una caminata el edificio que ocupa la manzana contigua a la Municipalidad, los referentes de las más de treinta entidades sociales se “colaron” por una de las puertas laterales y comenzaron recorrer los pasillos interiores del Palacio al grito de “Justicia”, “Justicia”. Funcionarios, abogados y público en general guardaron respetuoso silencio al paso de la sorprendente caminata. Una comisión policial siguió también el recorrido de la comitiva y le impidió ingresar al Salón de los Pasos Perdidos, al tiempo que diversos medios de información entrevistaban a los delegados del movimiento social, en el que se nuclean entidades de derechos humanos, gremiales, políticas, culturales, docentes, estudiantiles, religiosas, vecinales y cooperativas, además de concejales, ex concejales, ex legisladores… Sin resultados concretos “Hace tres meses el fiscal General de la provincia, Darío Vezzaro, nos atendió y nos dijo que iba a intervenir para que la Justicia de Villa María pudiera actuar y obtener resultados concretos, pero hasta ahora no pasó nada. Necesitamos su decisión y la del ministro Carlos Caserio, porque no queremos pensar que existe una mano negra política por detrás de todo esto", dijeron los portavoces del grupo a los medios presentes. Consultados por la marcha de la investigación del caso Roganti, el dirigente de Luz y Fuerza baleado en la puerta de su casa el 14 de abril último, indicaron que “están detenidos y reconocidos los sicarios que dispararon aquella noche, pero hace falta saber quién los contrató, quién es el verdadero asesino”. “Sabemos que existen llamadas muy comprometedoras de y hacia el teléfono de los hermanos Eve (Sebastián y Maximiliano, los detenidos) que se realizaron desde un teléfono corporativo del sindicato y sabemos que muchas personas acreditaron en la causa quién usaba el aparato… Lo que no sabemos es por qué no se actúa en consecuencia y no vamos a parar hasta que se sepa la verdad, es decir, hasta que se haga justicia”, añadieron. Durante toda la madrugada, entidades solidarias de la capital provincial habían pegado afiches enviados por los villamarienses en proximidades de los Tribunales y del edificio de Luz y Fuerza ubicado en La Cañada y Deán Funes. Las organizaciones sociales informaron que su reunión habitual de los lunes se pospuso -debido al viaje a Córdoba- para hoy a las 20 en la sede de la UEPC, ubicada en San Martín al 400 de esta ciudad. Allí analizarán los pasos a seguir. - Publicado por "El Diario del centro del país" de Villa María, 07/10/08 -

FORMACIÓN SINDICAL

Tanto la dictadura militar como el menemato tuvieron como objetivo la desmovilización de los trabajadores y favoreciendo la actitud burocrática de los gremios. Para ello usaron todas las herramientas posibles, entre ellas la desinformación. Desde su creación la CTA trabaja para que cada integrante de la clase trabajadora conozca todos sus derechos y posea la información necesaria para luchar por el cumplimiento de ellos. Es en este marco que la Central, junto a la Organización Internacional del Trabajo, ha organizado un taller destinado a los trabajadores de la provincia que deseen acceder a la formación indispensable para la defensa de los derechos del sector.

Mediante esta instancia de formación sindical se pretende favorecer la libertad sindical y la promoción de la negociación colectiva, como medio indispensable para lograr el trabajo decente. Participaran del encuentro tanto trabajadores del sector público como privado y todos aquellos que deseen sumarse a la propuesta pueden concurrir a la sede de la CTA, Gral Paz 166 planta alta, la organización se hará cargo de los gastos de traslado y estadía en Córdoba.

El encuentro se desarrollará en la sede de ATE en la ciudad de Córdoba, Entre Ríos 450, los días 9 y 10 de octubre y se contará con la participación de los doctores Rodríguez Calderón (México) de la OIT, Horacio Meguira, director del Observatorio Jurídico de la CTA y José Regani.

En el encuentro se desarrollaran tres talleres debatiéndose tanto los problemas a la hora de ejercer la libertad sindical como los inconvenientes para la defensa de los derechos colectivos y se analizarán estrategias para dar respuesta, jurídicas, a los problemas que presenten los trabajadores asistentes.

La formación sindical adquiere una importante dimensión en el momento que vivimos, dado que existe un bajo nivel de sindicalización, altísimo porcentaje de trabajadores en negro y se han ideado mecanismo para cometer fraude laboral tanto el ámbito privado como público.

VILLA MARÍA RECLAMÓ JUSTICIA EN CÓRDOBA

Fiscal con mal desempeño

El abogado Raúl Rcardo Moll era el fiscal de Corral de Bustos-Ifflinger cuando, en diciembre de 2006, los vecinos del lugar cansados de la virtual suspensión del servicio de justicia que sufrían se congregaron ante el tribunal para reclamar “justicia”. El próximo 20 de octubre el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Pcia. de Córdoba inicia el juicio oral y público de destitución al mencionado fiscal.

Moll no fue un buen fiscal según los dos mil vecinos que, aquel diciembre de 2006, reclamaron justicia luego de enterarse de la violación y asesinato de Ariana Sabache de tres años de edad. Cada vez que la CTA realizó una marcha en esa ciudad del sur cordobés, recordaban las “hazañas judiciales” de Moll, todos hablaban de un funcionario que no funcionaba muy bien. Ahora enfrentará la posibilidad de destitución por no haberse sentido muy bien para trabajar, solicitar licencia psiquiátrica pero en lugar de cumplir un tratamiento aprovecho y se tomó vacaciones en Río de Janeiro.

Quizás algún día alguien escriba la historia de la justicia en Corral de Bustos y, quién sabe, una de esas hace un paralelo entre Moll y el norteamericano Alfonso Capone que fue condenado por evasión fiscal en lugar de todos sus otros crímenes. Ahora Moll corre el riesgo de ser destituido por mal desempeño, a raíz de las vacaciones irregulares que se tomó, pero queda en el tintero lo que siguen gritando a viva voz los vecinos de la jurisdicción de su fiscalía. Los más memoriosos recuerdan que cuando fue trasladado a la ciudad del sur provincial ya venía de una licencia de iguales características y las opciones que tenía era el retiro o el traslado desde Alta Gracia a Corral.

El caso de Moll es de suma interés, no por su persona a la que deseamos una pronta recuperación de cualquier dolencia que sufra. El interés reside en que pone en análisis el accionar de un fiscal provincial y el control que tuvieron las autoridades sobre su comportamiento. Dicen que Moll se olvidaba que un fiscal en funciones no puede ausentarse a más de 70 kilómetros del lugar de trabajo y cuando sucedían casos como el de la menor Ariana Sabache este funcionario estaba mucho más lejos. Parece ser que no se controlaban mucho esas cosas.

Los vecinos dicen que era un fiscal muy propenso a visitar el casino, que omitió avanzar con una investigación que implicaba al ex Juez Jorge Omar Farías (quien había rendido mal para ser Juez pero igual fue nombrado). También se dice que Moll acusó a vecinos del lugar de incitar al incendio de los tribunales por haber visto por una mirilla que entonces estaba tapada. Se habla de una llamativa lentitud en la investigación de la muerte del menor de 15 años, Hernán Farías, incluso otras causas por venta de bebés que implicaban conocidos vecinos del lugar.

Ahora enfrentará su posible destitución, lástima que no ha sido llevado a esa instancia por todo lo que dicen los vecinos de Corral de Bustos-Inflinges, cosas que deberían investigarse profundamente, pero igual deberá responder por su conducta. Cuestión que no debería anular la posibilidad de luego sea llevado ante los fueros penales para que de explicaciones acerca de los graves hechos que Juan Pueblo le imputa en su paso por la Fiscalía de los tribunales que terminaron incendiados.