Liberaron a otro detenido por la pueblada

Horacio Guayanes recuperó su libertad ayer, justo para llegar al velorio de su padre. Estuvo detenido casi ocho meses por la pueblada de Corral de Bustos. Asegura que no puede disfrutar de la libertad hasta que liberen a los cuatro vecinos que quedan presos “Somos gente de trabajo. Es muy difícil aparecer de un día para otro tras las rejas”. Así explicaba su situación Horacio Guayanes a EL DIARIO, a pocas horas de recuperar su libertad. Este albañil corralense estaba detenido en la cárcel de Villa María desde el 4 de julio de 2007, aunque ya había pasado antes dos meses en la misma prisión. Fue imputado tras la pueblada de Corral de Bustos, donde los vecinos participaron de una protesta frente a la sede judicial reclamando justicia para la pequeña Ariana Zabache, quien fue violada y asesinada en esa localidad. La protesta terminó con la sede de Tribunales incendiada y con cuarenta vecinos presos. Muchos de ellos, ni siquiera estuvieron en Corral de Bustos, lo que demuestra la arbitrariedad de las detenciones. La libertad Horacio Guayanes amaneció ayer con tristeza. Había recibido la noticia del fallecimiento de su padre y no podía acompañarlo en la despedida final. A poco de empezar el día, le dijeron que tenían que trasladarlo a Bell Ville y allí le informaron que quedaba en libertad hasta el juicio. La buena noticia no llegó en un buen momento. Guayanes no estaba en condiciones de festejar nada. Inmediatamente tomó un colectivo y se dirigió a Corral de Bustos, para llegar a tiempo al velorio de su papá. Después de la despedida final, dialogó con este medio. Relató que es padre de cinco hijos y que alimenta a su familia con su trabajo de albañil. “Mientras estuve preso, ellos se la vieron negras”, dijo. Los que siguen detenidos Lamenta estar lejos de sus seres queridos en circunstancias difíciles. Pero no pierde las esperanzas. “Dios va a sacar todo esto a luz. Detuvieron a gente inocente y los vecinos que están todavía presos son inocentes. Yo no puedo disfrutar de esta libertad hasta que ellos estén afuera de la cárcel”, dijo. Se refiere al abogado Víctor Barbero, el periodista Néstor Pasquini, Mario Becerra y Jorge Alberto Luna, quienes siguen alojados en la Unidad Penitenciaria de barrio Belgrano de esta ciudad. “Ellos están sufriendo como perros”, aseguró Guayanes. Ahora, les queda esperar la realización del juicio donde esperan que se determine quién provocó el incendio de la sede de Tribunales, que aún sigue sin funcionar. Saben que la mayoría de los que protagonizaron la pueblada reclamaron justicia y no buscaban el cierre de la unidad judicial. Todo lo contrario, querían que funcionara impartiendo Justicia de verdad. Guayanes confía en que esto, algún día sucederá. - Publicado por El Diario del Centro del País - La imagen corresponde a la visita que Victor de Gennaro realizó a los detenidos en la cárcel de Villa María a finales de 2007 -

CORRAL DE BUSTOS SIGUE RECLAMANDO JUSTICIA

Luego de que en la causa judicial iniciada por la pueblada de Corral de Bustos -6/12/2006- se produjeran apriete de testigos, detenciones de ciudadanos que ese día no estaban en la ciudad o que se encontraban en otro lugar, que se desmotrara que nunca existieron las famosas bombas molotov que muchos señalaban como las causantes del incendio. Luego de todo eso, decíamos, los vecinos de Corral de Bustos continúan reclamando justicia real, verdadera para que nada quede impune.

CORRAL DE BUSTOS: DENUNCIAN A INTEGRANTES DEL PODER JUDICIAL

La causa judicial iniciada por la pueblada de Corral de Bustos, continúa mostrando un largo rosario de circunstancias que debieran erradicarse en cualquier sistema judicial que pretenda buscar la verdad real. Por estos días un procesado por los hechos del 4 de diciembre de 2006, de acusado pasó a ser acusador de aquéllos que le apuntaron seriamente en el caso del incendio de los tribunales. Se trata del camionero Héctor Osvaldo Romani (foto), quien denunció, ante la fiscalía de Bell Ville, a los empleados del tribunal de Corral de Bustos Rosana Andrea Tombeta, Paola Minetti, Ariel Alberto Nistal y Luciano Antonio Sopranzi, junto al policía Elías Mauricio Mielgo. Estas personas habrían declarado que Romani era cliente del abogado llamado Anonne, había golpeado a sus tres hijos y en momentos del incendio del edificio de tribunales se encontraba en el lugar liderando acciones. También dijeron que junto al periodista Pasquini y el abogado Barbero, actualmente detenidos por la pueblada, se reían de los empleados de tribunales y que los provocaban para producir una reacción de ellos. Pero resulta que Romani, quien estuvo 11 días preso por su supuesta participación en el incendio de tribunales, logró su libertad a partir de presentar testimonios y una carta de porte demostrando que cuando se produjo la revuelta en Corral de Bustos se encontraba, trabajando como camionero en Puerto de Punta Alvear, a cientos de kilómetros del lugar. En la denuncia, presentada por quien fuera acusado de realizar cosas en un lugar, encontrándose en otro, se detallan datos que permiten intuir algunas posibles conexiones entre los testimonios falsos y las razones que empujaron a decir algo que no fue. Romani, con el patrocinio del abogado Víctor Barbero, el 7 de noviembre de 2006 había denunciado al juez sustituto de Corral de Bustos, Jorge Omar Farías, acusándolo por el secuestro de sus tres hijos. En esa misma fecha también solicitó, en la legislatura provincial, el jury a este juez que se encontraba al frente del tribunal de Corral de Bustos cuando sucedió la pueblada. En su denuncia Romani ha pedido que se libre oficio al Consejo de la Magistratura de la provincia para que remita los datos del examen que, como aspirante a Juez, Jorge Farías rindió el 18 de mayo de 2006. En esa circunstancia quien sería nombrado juez sustituto no pudo superar la instancia escrita para realizar la parte oral. Por otra parte Romani aporta el acta de la restitución de sus hijos firmada por la Comisaria Viviana Gramajo. En el documento se señala que los niños fueron regresados junto a su padre por disposición de la Secretaría de Control de Menores y Faltas del Juzgado de Competencia Múltiples de Corral de Bustos, a cargo de la ahora denunciada Rosana Tombeta, luego que el médico A. Candelero constatara el perfecto estado de salud de los menores. Estos sucedió luego que el juez retirara los chicos y pocos días antes que Romani y su abogado lo denunciaran por haberlos secuestrados. Pero no fue esta la única vez que un juez de Corral de Bustos ha sido denunciado por el secuestro de niños. Tiempo antes, el juez Sergio Segura, fue acusado de excederse en sus funciones por la detención ilegítima de tres menores el 24 de julio del 2000. En esa oportunidad la denuncia había sido presentada por Luciana Patricia Silva con el patrocinio de la abogada Graciela de Lourdes Díaz. La denuncia por no haber testimoniado con la verdad que presenta Romani, adquiere una trascendencia enorme al acusar a miembros del Poder Judicial. Pero, como podrá verse a partir del caso de Segura, el conflicto entre quienes estaban encargados del servicio de justicia en Corral de Bustos y la sociedad del lugar, parece venir desde hace mucho tiempo. Jesús Chirino

LOS DERECHOS EN JUEGO

Reproducimos aquí un artículo referido a los derechos que se ponen en juego en las protestas que se realizan en espacios públicos y que pueden afectar derechos de terceros. La nota fue publicado en Página/12, cuya autor es Roberto Garagarella, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Si bien el sociólogo hace referencia al caso de Macri, todos sabemos que en estas pampas Mauricio no solo tiene amigos sino también gente que intenta emitarlo en sus políticas. - - - - En su brevedad de seis o siete renglones, el artículo 78 del Código Contravencional de la ciudad es, como varios otros artículos del mismo código, dramático y risible. Pena que esto signifique que su validez jurídica está en problemas. El texto se refiere a quienes impiden u obstaculizan “la circulación de vehículos por la vía pública o espacios públicos”. Que ese artículo del Código venga a decirnos que “el ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituye contravención” resulta gracioso. Pero que a renglón seguido se nos aclare que en el ejercicio regular de un derecho constitucional haya que acatar “las indicaciones de la autoridad competente” resulta inaceptable (jurídicamente inaceptable, se entiende). Para empezar, cualquier restricción a un derecho constitucional requiere del mayor de los cuidados: estamos poniendo el bisturí sobre los nervios vitales de la Constitución. Por ello mismo (y esto es algo que está bien asentado en la jurisprudencia y en la doctrina más respetadas), cualquier limitación que se establezca frente a un derecho exige de una justificación extraordinaria por parte del Estado. La presunción es que dichas restricciones, en principio, no son válidas, y la aclaración posterior es que en algunos casos excepcionales ellas pueden llegar a serlo. Así, si se demuestra que existe lo que los tribunales extranjeros y crecientemente los nuestros llaman un compelling interest por parte del Estado, digamos, un interés fundamental que debe ser protegido de modo urgente. La doctrina argentina, lamentablemente, tiende a acercarse a la cuestión del modo más liviano e irresponsable posible, a partir de la afirmación, peligrosamente vacua, según la cual los derechos están sujetos a las “leyes que reglamentan su ejercicio”. Todos saben que esta afirmación dice poco, y todos admiten que en ningún caso esas reglamentaciones pueden afectar al derecho, “recortando” su contenido sustancial. Sin embargo, esa frase ha servido tradicionalmente como una excelente excusa para privar de contenido a todos los derechos que no le gustaban al poder de turno. Ahora le toca al derecho a la protesta. Por supuesto que las protestas que afectan al tránsito vehicular molestan y pueden llegar a dañar los derechos de otros (aunque debemos estar prevenidos para no igualar, en su justificación, a todas las protestas que recurren a la misma metodología; como corresponde no igualar a todas las afectaciones de los intereses de algunos), pero ello no es razón para socavar derechos expresivos tan básicos como el derecho a la asamblea, el derecho a organizar manifestaciones, el derecho a la protesta, o el derecho a criticar a las autoridades. Otra vez, volviendo al ámbito jurídico (y pienso en una jurisprudencia consolidada tanto en los Estados Unidos como en Europa), señalaría dos cosas. Primero, que, conforme a la llamada “doctrina del foro público”, se reconoce que los parques, las avenidas, las plazas, y otros lugares tradicionalmente utilizados para la protesta, deben preservarse para que sigan cumpliendo con dicha función esencial, lo que implica otorgar una protección especial a las demostraciones que se organicen en tales espacios. Segundo, las únicas regulaciones que pueden aceptarse frente a estos derechos expresivos fundamentales son (nunca de contenido, sino) sólo de “tiempo, lugar y modo” (pongamos, “usted tiene derecho a protestar ruidosamente, pero no a las tres de la mañana”) y además (y esto es lo importante), si y sólo si tales limitaciones reconocen tres restricciones crucialísimas. Primero, ellas no tienen que implicar, en los hechos, discriminaciones entre puntos de vista diferentes; ellas tienen que ser diseñadas del modo más “estrecho” posible (impidiendo, de esa forma, “recortes” disfrazados con piel de cordero); y –lo fundamental– ellas deben dejar abiertos canales expresivos igualmente significativos para que pueda alcanzarse a la audiencia a la que el discurso del caso quería alcanzar. Para tomar un ejemplo liviano, los tribunales extranjeros no dudaron en invalidar una norma que les impedía a “todos los grupos” repartir panfletos o colgar carteles en las calles, dado que –en los hechos– tales restricciones “para todos los grupos” terminaban afectando fundamentalmente a “algunos grupos”: el de los más desaventajados, el de quienes tenían más dificultades para hacer conocer su mensaje a los demás, por otros medios. Ese debería ser nuestro criterio, es decir, el criterio constitucional: preguntarnos qué grupos resultan más afectados por las medidas que se pretenden tomar, viendo –junto a ello– si los “recortes” que se pretenden dejan intactas las posibilidades de los manifestantes (en muchos casos, grupos sistemáticamente agredidos en sus derechos, y además afectados por extraordinarias dificultades expresivas) para transmitir su mensaje a quienes están apelando. El objetivo es asegurar, finalmente, el fin de las ofensas constitucionales que padecen, en la medida en que ello ocurra (lo cual suele resultar muy claro, especialmente, teniendo en cuenta los compromisos sociales asumidos por la Constitución y, muy sobre todo, los compromisos sociales asumidos por la generosa Constitución de la ciudad). Señalo esto porque, conviene recordarlo, los cortes de calle no nacieron como un modo divertidísimo de festejar la disputa sobre un derecho sino como un recurso último y desesperado para llamar la atención de autoridades que cerraban las puertas, las ventanas, los ojos y los oídos a quienes venían a reclamar de rodillas por la protección de derechos arrasados por el poder. Si Macri y el señor Garavano quieren hacer un aporte a la conveniencia, más vale que recuerden que lo que está en juego no es la batalla por los límites de la libertad de expresión (que moral y jurídicamente tienen perdida) sino una disputa por asegurar la vigencia de los derechos a la salud, a la vivienda o a la alimentación, que los desposeídos de siempre vienen perdiendo hace rato.

ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO: CHARLA /DEBATE

La regional Villa María de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) está organizando una charla con el prestigioso doctor en leyes, oriundo de nuestra ciudad, Moisés Meik y la abogada Cecilia Pérez Correa. En el evento, Meik abordará detalles del caso de los despidos producidos en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la resolución judicial a favor de ATE para que se reincorporen 2400 trabajadore/as estatales. Debe destacarse que este abogado, junto a otros del Observatorio Jurídico de la CTA, participó asesorando para la presentación realizada por el gremio estatal en Buenos Aires. La charla está prevista para la segunda semana del mes de febrero en lugar a confirmar. En la misma la abogada de la CTA local abordará las característica que está presentando en los municipios de la provincia de Córdoba, la problemática del empleo no registrado y la lucha por el respeto de los derechos de los trabajadores. Otro punto que abordará Meik será la difusión, entre organizaciones gremiales y de otro tipo, de los avances en el campo legal para defender los derechos de los trabajadores y accionar judicialmente en contra de quienes pretenden convertirse en patrones de estancia en lugar de funcionarios democráticos. Debe destacarse que la charla, que contará con la coordinación del Lic. Jesús Chirino, será abierta a todo público y estará, de manera especial, dirigida a los trabajadores que mantienen relación con el Estado municipal, provincial o nacional y los dirigentes gremiales del sector.

APOYO ESPIRITUAL A CORRALENSES

Desde la CTA Villa María, se agradece públicamente tanto al Obispo de Río Cuarto como al de Villa María, quienes en oportunidad de las fiestas navideñas hicieron llegar sus palabras de aliento a los detenidos por la pueblada de Corral de Bustos. El Obispo José Ángel Rovai (foto) en oportunidad de oficiar misa en las instalaciones del Hospital Regional Louis Pasteur de Villa María, ingresó a la sala de terapia intensiva a fin de saludar a Hugo Dobba quién estaba internado por las puñaladas recibida en la cárcel local. Allí Monseñor pronunció palabras de aliento para este hombre, su esposa y un integrante del secretariado de la CTA que se encontraban en el lugar. Por otra parte Monseñor Eduardo Martín, obispo diocesano de la diócesis de Río Cuarto (que incluye a Corral de Bustos), hizo llegar una conceptuosa nota a todos los detenidos por la pueblada de Corral de Bustos. En un pasaje de la misma Monseñor Martín dice textualmente "...pido al Señor que les conceda serenidad y fortaleza para este momento de sus vidas. Comprendo el momento que les toca vivir, y por eso los invito a que tengan confianza y esperanza en Dios Providente, para que podamos ver cómo su mano nos sostiene, guía y protege en todas las circunstancias de la vida. Me comprometo desde aquí a ayudarlos según las posibilidades me lo permitan..." En los duros momentos que les toca pasar a los vecinos de Corral de Bustos, el saludo y compromiso de ayuda de parte de estos hombres de la iglesia resulta de importancia para mantener el ánimo de quienes, desde hace más de un año demandan justicia real.

ACUERDO CTA - UTN: CURSO DE TORNERIA

Desde marzo en la UTN. Prevén también el dictado de cursos de tornería Intensa actividad tendrá la Escuela de Soldadura Intensa actividad tiene previsto desarrollar desde marzo la Escuela de Soldadura de la UTN. Hasta se prevén cursos de tornería. Lo adelantó Jorge Scauso, titular del Departamento de Ingeniería Mecánica y responsable de las actividades de ese centro capacitador de mano de obra que funciona desde hace tres años en el Campus que los claustros tienen en el barrio San Juan Bautista y por la cual centenares de trabajadores ya pasaron por esas instalaciones. El acuerdo rubricado por el decano, Juan Carlos Peretti, con la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) potenciará las actividades de la Escuela. Se prevé más cursos (de diferentes tipos de soldadura y cortes) no sólo para los trabajadores en actividad sino también para desocupados y subocupados para que estos, al ser instruidos, puedan reinsertarse al mercado laboral. Se tratará de capacitaciones de veinte horas de duración, de acuerdo al conocimiento que tenga el alumno. Hay un nivel inicial (para aquellos que prácticamente desconocen las técnicas para soldar), medio y especialización. No se exigirá tener el secundario completo para participar de la actividad, lo que dará posibilidades a todos los hombres relacionados con la metalúrgica ingresar. Tampoco hay límite de edad. El único requisito es tener voluntad para adquirir nuevos conocimientos que serán impartidos por un equipo de profesionales especializados y preparados para impartir educación no formal. Los cursos son eminentemente prácticos, intensos. Se realizarán una vez por semana en horario nocturno. La Universidad otorgará a quienes participen certificados de asistencia para que sean presentados ante las industrias o talleres. El convenio rubricado con la CTA posibilitará también formación en tornería. "La idea es utilizar tornos similares a los existentes en la industria para que, una vez instruidos, sean rápidamente incorporados por las empresas que están demandando mano de obra especializada", explicó Scauso quien además ponderó el equipamiento que posee la Escuela de Soldadura. Prensa UTN

FISCAL FEDERAL DE VILLA MARÍA: NO FUE MOLL

En el Boletín Oficial del día 10 de enero se publicó la designación del fiscal federal de Villa María, Julián Falcucci. Desde la CTA , regional Villa María, celebramos la designación dado que fuimos la organización que presentó, en tiempo y forma, la oposición correspondiente para que en ese cargo no fuera ocupado por quién había obtenido el más alto puntaje, R. Moll. Este abogado tuvo a su cargo la Fiscalía de Corral de Bustos hasta el momento en que más de 1500 personas reclamaron compromiso a los integrantes del Poder Judicial de ese lugar el 4 de diciembre de 2006. Es decir, Moll, desde la visión de los vecinos corralenses, y la propia CTA, es uno de los culpables de la virtual suspensión del servicio de justicia en esa localidad del sur cordobés. Hubiera sido un mal comienzo que el primer fiscal federal de la ciudad fuera alguien que tuviera el desempeño de Moll, quien mantiene su trabajo gracias a que el TSJ de la provincia de Córdoba, de manera generosa, le permitió (o sugirió) la presentación de su renuncia sin antes investigar qué había hecho en la fiscalía corralense.

CARTA DE COCHABAMBA: Justicia social en las relaciones laborales

La Asociación latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), entidad que nuclea a las Asociaciones de Abogados laboralistas de los distintos países que componen a indoiberoamerica, a mas de siete años de su constitución, ha celebrado un Encuentro Cumbre en la ciudad de Cochabamba (Republica de Bolivia), el día 7 de diciembre de 2007, en la cual emitió una Declaración titulada:”CARTA DE COCHABAMBA: LAS RELACIONES LABORALES EN EL SIGLO XXI” Un Modelo para Armar.” Tratare de sintetizar las líneas directrices fundamentales de dicha Declaración, en el ceñido espacio disponible en esta publicación: La ALAL no fue pensada como un ámbito de debate doctrinario, pero pretende generar la mejor doctrina, como herramienta para alcanzar sus fines, que no son otros que la lucha por la implantación de un orden social justo y por un Derecho del Trabajo cuyos dos pilares son los principios protectorios y de progresividad. La ALAL no es ni será neutral, ya que procura transformar las estructuras sociales y económicas de dominación, de marginación y de injusticia social que sufren nuestros pueblos, para lo cual es indispensable la unidad e integración latinoamericana. Ese proceso de transformación social debe incluir el modelo de relaciones laborales para el Siglo XXI. El agotamiento del paradigma neoliberal de relaciones laborales vigente en las ultimas décadas del siglo XX, exige la construcción de un nuevo, en el cual el trabajo humano sea considerado con criterios que exceden el marco del mercado económico y se apoyen en los principios de la Justicia social. La Asamblea Ordinaria celebrada en Cochabamba se propone establecer los postulados fundantes de un nuevo modelo de relaciones laborales en sintonía con la evolución de la conciencia social de la Humanidad. La empresa es hasta ahora – y en especial en nuestros países – una estructura autocrática, erróneamente identificada con el titular de los medios de producción. Desde esa visión, el trabajador es un mero proveedor de fuerza de trabajo, fácilmente fungible, un tercero sin poder de decisión, sin derecho a ser consultado y ni siguiera informado en el ámbito de la misma aun en cuestiones que repercutirán en sus condiciones personales, laborales y plan de vida. La democratización de la empresa exige la transformación del trabajador en un sujeto activo en las relaciones de la empresa y no en un ejecutor sumiso delas ordenes que le lleguen desde arriba. Pero esos fines constituirán una utopía mientras el trabajador tenga una inserción precaria en la empresa, a la que en cualquier momento el empleador pueda poner fin mediante el pago de una suma de dinero. Por ello la ALAL considera que la estabilidad laboral es la clave de bóveda de esa democratización. Debe rechazarse la idea de que el despido sin causa sea una potestad empresaria, derivada del derecho de propiedad o de la libertad de ejercer una actividad económica licita. Por el contrario, debe considerarse un acto ilícito, y por lo tanto nulo. Y la nulidad del despido solo puede tener como consecuencia la reinstalación del trabajador en el empleo. La estabilidad laboral es una exigencia de la condición humana, protegida por la Normativa Internacional de los Derechos Humanos. Pero relaciones laborales democráticas y estabilidad en el empleo son impensables sin libertad y democracia sindical. Porque el Derecho del Trabajo es, por esencia, Derecho Colectivo. La sociedad exige, justificadamente, de las asociaciones sindicales, una actuación sujeta a reglas democráticas, que garanticen la participación de los trabajadores en la vida interna de la misma y una fluida relación entre los dirigentes y las bases, eliminando los bolsones de autoritarismo y de funcionamiento autocrático, tanto en las instituciones como en las organizaciones intermedias. La democracia sindical es la herramienta que garantiza el surgimiento de dirigentes representativos, capaces de instalar las demandas de las bases en las mesas de discusión del reparto de las cargas y beneficios sociales. Y además es el antídoto contra los dirigentes que actúen como correa de trasmisión de las políticas de sectores dominantes. El manifiesto reafirma la defensa del Derecho de huelga, como paradigma de un sistema de relaciones del trabajo y de una sociedad democrática, ratificando el manifiesto de Caracas de 2006. Los instrumentos de autodefensa de los trabajadores constituyen la piedra angular de la lucha sindical y popular, y deben condenarse todas las normas e intentos de retacear o impedir el desarrollo de este derecho que hemos denunciado en muchos países de la región. Otra columna del modelo que proponemos es la extensión de la responsabilidad solitaria de todos aquellos que se benefician, apropian o aprovechan de la fuerza de trabajo asalariada, cualquiera sea su ubicación en el esquema productivo. De tal manera, la segmentación de la actividad empresaria, ya encierra un fraude o no, deberá responsabilizar a los empleadores cualquiera sea el tramo que ocupen en el proceso productivo. Finalmente, la Seguridad Social es obligación indelegable del Estado, incompatible con la existencia de operadores privados con fines de lucro: por ello, las AFJP y las ART deben ser eliminadas y reemplazadas por el Estado. - - - 5 de Enero de 2008 - - - Néstor Miguel Rodríguez Brunengo

CUIDADO CON LAS CUENTAS MUNICIPALES

Como pasa siempre, antes de las elecciones cada administración municipal es la mejor de la provincia, reciben premios por una supuesta eficiencia en el manejo de las cuentas, aparecen en los primeros puestos de dudosos ranking de transparencia, etc. Pero, luego de las elecciones comienzan a aparecer las deudas y la plata no alcanza. Es decir, aunque nadie se haga cargo, es claro que alguien ha mentido. El municipio de Villa María, aunque hace arqueos de caja para saber si tiene plata, necesitó recibir apoyo provincial para tener el dinero necesario a la hora de de enfrentar sus obligaciones económicas con los proveedores y los trabajadores. Desde la CTA alertamos para que luego de esto no aparezcan queriendo reducir la planta de personal (no renovando contratos o echando a facturantes) porque hasta el día de hoy, la actual administración ha incrementado sensiblemente la planta de personal político. Pretendemos ser claro, que no se vuelva a cortar el hilo por lo más débil. Si, en lugar de pedirles más dedicación a los políticos se ha optado por aumentar la cantidad de cargos políticos es que el intendente debe saber de dónde se sacará la plata para afrontar los gastos de 2008, incluyendo los aumentos salariales que deben ser otorgados a los empleados. Los delgados gremiales del SUOEM que participan de la CTA señalaron que la última recomposición salarial se dio en el marco de una anterior negociación cuyo acuerdo llegaba hasta diciembre pasado. Es decir que a partir de este mes ya estamos en condiciones de demandar que nuestros sueldos reciban las mejoras que merecen. Por otra parte se recuerda a la comunidad que el municipio posee ciento de trabajadores no registrados o registrados deficientemente que cobran sueldos que parten desde los 300 pesos. Sí, trescientos pesos. No existe espacio para recortes de la planta de personal y esperamos que así lo entiendan las autoridades.

SAN FRACISCO: COMPAÑEROS MUNICIPALES PROTESTAN

Continúa el conflicto por los despidos en el municipio de la ciudad de San Francisco, una más de las localidades de la provincia de Córdoba donde se pretende tomar a los trabajadores como rehenes político. El intendente Martín Llaryora se mantiene en su posición negándose a reconocer los derechos de los trabajadores. En el marco del conflicto iniciado por la autoridad municipal, y los reclamos que realiza el sindicato de trabajadores municipales de San Francisco, los compañeros se manifestaron realizando un corte parcial de la ruta nacional 19, en el acceso a esa localidad cerca del límite provincial con Santa Fe. Desde Villa María viajaron, representando esta regional de la CTA, el secretario general Camilo Rodríguez y Jorge Chialvo, miembro de la comisión directiva. También llegaron al lugar representantes de regionales de la Central en todo el territorio cordobés. Debe recordarse que el intendente del lugar, quién asumió el 10 de diciembre, derogó el decreto a través del cual su antecesor, el radical Hugo Madonna, había efectivizado a 174 trabajadores pasándolos a planta permanente. El caso repite características de otros conflictos que se están produciendo en diferentes localidades provinciales como el caso de Villa Dolores. Los nuevos intendentes pretenden echar a trabajadores que hace años vienen cumpliendo sus tareas a fin de producir el ingreso de gente que ha trabajado para ellos en la campaña política. Lo que significa retrotraer los derechos de los trabajadores estatales a un período histórico anterior a la reforma constitucional del 57, a la vez que convertir al Estado en un botín políticos. El corte de ruta realizado por los compañeros de San Francisco duró 3 horas, iniciándose cerca del mediodía. La protesta se había iniciado en horas tempranas de la mañana frente al edificio de la administración municipal. Posteriormente se marchó hacia los Tribunales locales y luego hacia la sede del SUOEM lugar donde se realizó el previsto plenario provincial de la CTA, con la presencia del secretario general de la provincia Oscar Mengarelli. Como corresponde el SUOEM San Francisco solicita la reincorporación de los compañeros y ofrece asesoramiento legal para los trabajadores despedidos a fin de que inicien las acciones legales correspondientes. El intendente, repitiendo lugares comunes en el discurso de quienes pretenden negar los derechos de los trabajadores, habla de revisar caso por caso. Luego de una reunión entre el jefe comunal y el secretario del SUOEM Víctor Lescano, las cosas pasaron a un cuarto intermedio hasta el día lunes. Toda las delegaciones de la CTA provincial firmaron el documento que publicamos en esta misma página.

REPUDIO A POLÍTICA DE AJUSTE EN SAN FRACISCO

El Plenario de Secretarios Generales de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Regional Córdoba, realizado hoy en San Francisco, expresa su enérgico repudio a la política de ajuste impuesta por el intendente de esa ciudad, Martín Llaryora (PJ), que comenzó días pasados con el arbitrario despido de 174 trabajadores municipales. Participaron de esta reunión los secretarios generales Oscar Mengarelli (Provincia), Camilo Rodríguez (Villa María), Carlos Valduvino (Río Cuarto), Sergio Coria (Traslasierra), José López (Bell Ville), Jorge Quiroga (Arroyito) y Antonio Muratore (San Francisco). Para la CTA, los despidos masivos en Pilar, Villa Dolores, Villa Sarmiento, y ahora en San Francisco, no son más que el anuncio de una embestida contra el empleo público que cuenta con apoyo del Gobierno provincial, que amparándose en la autonomía municipal, asume una peligrosa indiferencia que pone en peligro la paz social. La Central considera que los trabajadores no deben ser rehenes de los gobernantes de turno y advierte sobre la posibilidad de que esta política de ajuste se convierta en un modelo a imitar por otros intendentes que gobiernan con una lógica gerencial y clientelar y no pensando en los derechos de los trabajadores. No puede ser que mientras en nuestro país y Latinoamérica se habla de inclusión social, redistribución más justa de la riqueza y lucha contra el desempleo y el trabajo en negro, sea justamente el Estado el que consagre a la exclusión como su política. San Francisco, 3 de enero de 2008.-

Acompañamos en el dolor a una compañera trabajadora

La central de Trabajadores Argentinos, regional Villa María, acompaña en el dolor que por estas horas ha invadido a la compañera Claudia Verónica Martini y su flia, con el fallecimiento de su señora madre, Lucía Margarita Gariglio. El lamentable hecho, luego de una larga enfermedad, ha tenido lugar el día 31 en una clínica de esta ciudad. Recordamos que la compañera Martini es una de las trabajadoras que el municipio de Villa María intenta dejar sin trabajo a pesar de sus 8 años como trabajadora social en el área Salud. Dada ciertas manifestaciones públicas realizadas por medios radiales locales, es necesario aclarar que la relación que el municipio mantiene con los trabajadores no es equiparable a la que posee con los proveedores de servicios. Cuando un/a trabajador/a, en sus tareas, cumplen horarios, recibe órdenes, es sancionado, tienen vacaciones y realiza tareas iguales a las que deben desarrollar los empleados de planta permanente no pueden ser considerado un "prestador de servicio". En realidad esa es una figura que utiliza el Estado para esconder la relación laboral que posee con esas personas. Son trabajadores no registrados como tales. Por ello no es lo mismo terminar la relación con un prestador de servicio, que con un trabajador a quién se ha obligado a confeccionar facturas para cobrar su sueldo. A la compañera Martini, nuestra solidaridad por duro momento que está pasando.